Luego de la denuncia pública por la violenta irrupción del personal del Grupo de Operaciones Especiales (Goep) a la internas de la Unidad de Detención de mujeres N° 5, de Ingeniero Teddy al 300 bis, la organización no gubernamental Mujeres tras las Rejas emitió un comunicado donde repudia el accionar por parte del Servicio Penitenciario de Santa Fe. A su vez, anteanoche la defensora Provincial Jaquelina Balangione ordenó que un integrante de la Subsecretaría del Registro de Torturas releve el estado de situación denunciado por las internas y una serie de medidas que se preservarán hasta obtener los resultados. También se presentó una denuncia ante la defensora de Cámara, Estrella Galán. Desde el Servicio Penitenciario indicaron que los hechos no tuvieron la magnitud que relataron las detenidas y aseguraron que quedó todo el procedimiento filmado.
“Dados los hechos sucedidos en la madrugada del día jueves en el Instituto de Recuperación de Mujeres – Unidad Penitenciaria N° 5 de Rosario, desde la ONG Mujeres Tras las Rejas consideramos indispensable esclarecer y desmitificar, a partir de las voces de las mujeres allí alojadas, las versiones que circulan tanto en los medios de comunicación como desde los funcionarios del sistema penitenciario”, explica el comunicado.
Mujeres tras las Rejas
En el escrito al que tuvo acceso El Ciudadano, las integrantes de la organización aclararon que no fue un motín, sino una acción represiva del Goep, el cual irrumpió en el sector de celdas de madres donde se encuentran alojadas aproximadamente 7 menores y 23 mujeres. Tampoco fue una requisa, debido a que no se retiró ningún elemento considerado prohibido dentro de la institución.
“Fue una irrupción violenta. Todos los efectivos eran masculinos con máscaras antigas y armados, violando las disposiciones de la ley 24660 y sus respectivas modificaciones que establecen claramente en el artículo 191. Fue un claro acto de violencia institucional tomando en consideración que ese habitáculo fue brutalmente invadido por las fuerzas especiales sorprendiendo a las 23 mujeres y los 7 niños que dormían en el sector de madres, sin que se haya generado previamente ninguna situación conflictiva”, explica el comunicado.
Las integrantes de la ONG, única institución que trabaja con las internas, catalogaron la irrupción de las fuerzas como un atropello a los derechos a humanos de las mujeres presas y a los derechos de la infancia. “No sólo irrumpieron violentamente utilizando la fuerza física sino que además tiraron gases lacrimógenos y rociaron gas pimienta en forma indiscriminada.
“La abuela, una mujer de 69 años que a causa de los gases y la tensión vivida, sufrió un cuadro convulsivo sin haber recibido atención alguna y ante el reclamo realizado por parte de su compañera de celda, quien tenía a su beba de 11 meses en brazos, esta última fue rociada en el rostro con gas pimienta. Otro caso a mencionar es el de una beba de seis meses que padece broncoespasmos y tuvo principios de asfixia”, ejemplificaron en el comunicado de Mujeres tras las Rejas.
Además, desde la organización resaltaron que la noche del jueves “las autoridades del Servicio Penitenciario ejercieron el traslado arbitrario de cuatro internas a la ciudad de Santa Fe, vulnerando por completo sus derechos, alejándolas de su entorno familiar”.
Y también reclamó de forma rotunda la violencia de género que se ejerció en una institución que aloja mujeres en donde todo el personal que entró fue masculino. “Una de las mujeres golpeadas cursa un embarazo de 7 meses y no recibió ningún tipo de atención médica y a una interna que se encontraba bañándose fue arrastrada desnuda envuelta en una frazada”, explicaron.
“Como ONG que transita espacios de encierro desde hace más de 10 años no podemos permanecer indiferentes ante semejante atropello a los derechos de las personas privadas de su libertad. Repudiamos y denunciamos todo acto de violencia institucional, violencia de género y violación de derechos fundamentales por parte tanto del Servicio Penitenciario de Santa Fe como del Grupo de Operaciones Especiales de la Provincia (GOEP)”, culmina el escrito.
Defensa Pública
Anteanoche el Servicio Público de la Defensa comunicó que la Defensora provincial ordenó intervenir para obtener información directa sobre lo sucedido y determinar si se incurrió en la vulneración de derechos de mujeres y menores en situación de encierro. Una de las primeras medidas que ordenó Balangione fue que el jefe de la Base Datos perteneciente a la Subsecretaría del Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos, Ariel Peralta, se hiciera presente en la Unidad N° 5 a los fines de relevar el estado de situación denunciada por las internas. Además, el Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, envió a un miembro del cuerpo regional a los fines de evaluar los pasos a seguir respecto del hecho. A estas acciones se suma la denuncia presentada ante la defensora de Cámara, Estrella Galán.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad informó a los medios de comunicación que “los hechos no tuvieron la magnitud que relataron las detenidas y aseguraron que quedó todo filmado”.
Comentarios