Matías Colombatti / El Destape
La violencia policial durante la cuarentena evidenció una de las tantas desigualdades estructurales que quedaron al descubierto durante la crisis sanitaria del coronavirus. Las fuerzas de seguridad profundizaron sus prácticas represivas y delictivas en las barriadas del país, con víctimas en su mayoría jóvenes y pobres. El uso de la fuerza, en mucho casos letal, profundizó la injusticia de una emergencia que castigó con mayor dureza a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Los números demuestran altos niveles de violencia estatal, con casos de distinta gravedad, y algunos irreparables, como asesinatos y desapariciones forzadas. También hostigamientos, allanamientos violentos e irregulares, simulacros de fusilamiento, detenciones no registradas, procedimientos con agentes de civil, uso abusivo de la fuerza, ocultamiento de pruebas, y la lista sigue hasta donde se pueda comprobar.
Los casos con mayor repercusión pública, como los de Facundo Castro, desaparecido desde el 30 de abril, el de Lucas Verón, asesinado por agentes de la Policía Bonaerense, los de Luis Espinoza y Walter Ceferino Nadal en Tucumán, los gendarmes que mataron a Facundo Scalzo en el Bajo Flores, son apenas una cruda demostración de una violencia que se extiende en el territorio.
Desde el 20 de marzo, 71 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad, según un relevamiento de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundido este viernes. Aunque reconocen que son datos parciales y, probablemente, “una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también advirtió desde el inicio de la cuarentena que en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales “reiteraron prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones” y que la sucesión de casos “es un gran llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal” que deberían “poner a este déficit en la lista de los temas prioritarios”.
También la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que comenzó en 2016 un registro propio de casos, tiene detectados hasta este 30 junio un total de 545 víctimas, una muerte cada 72 horas. En junio de este año ese tiempo se redujo a 40 horas, y en la primera quincena de julio registraron otras nueve muertes.
Los casos de violencia institucional se reiteran y no son aislados. Así lo demuestra la cronología de los hechos más graves detectados desde el comienzo la cuarentena, con información oficial y de los tres organismos mencionados anteriormente.
Tres asesinatos cometidos por fuerzas federales en barrios populares
24 de mayo. Alan Maidana, asesinado en Berazategui por Germán Bentos, un agente de la Policía Federal Argentina, que actuó con su arma reglamentaria fuera de servicio. El policía, en su auto particular, recibió un golpe en la parte trasera del vehículo y respondió con 5 disparos. Alan, de 19 años, recibió un balazo en la espalda. El policía dijo haber sido víctima de un robo, pero nunca hizo la denuncia ni llamó al 911.
30 de mayo. Lucas Barrios, asesinado en la Isla Maciel por otro agente de la Policía Federal fuera de servicio, Osvaldo Rendichi. Le vació el cargador. Disparó 18 veces al cuerpo de Lucas. Se había encontrado, según declaró el policía, para realizar una transacción comercial.
17 de junio. Facundo Scalzo, de 20 años, asesinado por miembros de la Gendarmería, en el Bajo Flores porteño. Luego de una discusión entre vecinos, un grupo de gendarmes persiguió a Facundo y a otro joven. La autopsia indicó que Facundo recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo.
Hechos de violencia y asesinatos cometidos por fuerzas provinciales
22 de marzo. CABA y Buenos Aires. Tres efectivos de Gendarmería Nacional que patrullaban la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, sometieron a dos jóvenes a caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza. Ese mismo día, en Isidro Casanova, La Matanza, un grupo de jóvenes fueron forzados a realizar flexiones de brazos, salto de rana y abdominales mientras varios policías bonaerenses les exigían que canten el Himno Nacional.
27 de marzo. Ciudad de Buenos Aires. Enzo, de 22 años, salía de la casa de su novia en La Paternal cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad. Lo golpearon con puños y tonfas, lo rociaron con gas pimienta a corta distancia y lo amenazaron diciéndole que tenían “una bala para él”.
29 de marzo. Chubut. Una mujer denunció que fue vejada por policías de Puerto Madryn luego de que la demoraran por presunta violación del aislamiento cuando volvía de su trabajo. Fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas frente al personal policial.
29 de marzo. Buenos Aires. La Gendarmería Nacional intervino violentamente un festejo en el barrio La Cava de San Isidro. Quince gendarmes fueron acusados de herir con balas de plomo a una nena de 7 años, golpear y herir a una joven de 18 años y de amenazar, golpear y someter a un simulacro de fusilamiento a un chico de 15 y a otro de 28 años.
31 de marzo. Córdoba. La policía de Alta Gracia entró por la fuerza a un domicilio y detuvo a un joven acusado de violar la cuarentena. En el procedimiento irregular golpearon a la madre y al padre del joven, personas en riesgo por su edad y enfermedades crónicas. La policía amenazó con un arma de fuego a un integrante de la familia que filmó el operativo.
5 de abril. San Luis. Florencia Magalí Morales fue hallada ahorcada en la Comisaría 25º de Santa Rosa de Conlara, diez horas de después de haber sido detenida por andar en bicicleta a contramano sin portar su DNI.
30 de abril. Buenos Aires. Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca. La última vez que lo vieron, según testigos que declararon ante la justicia federal, era subido a una camioneta de la Policía Bonaerense en las inmediaciones de la localidad de Mayor Buratovich, en el sur de la provincia. La hipótesis principal es la desaparición forzada. El caso tuvo repercusión internacional y aún no se sabe nada de él.
1º de mayo. Santiago del Estero. Efectivos de la comisaría 10ª de Santiago del Estero detuvieron a Mauro Coronel en su casa. Su madre fue a la comisaría y escuchó que lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Mauro falleció cuatro días después de la detención. El informe médico constató lesiones en las vías respiratorias.
1º de mayo. Santa Cruz. En Río Gallegos, Javier Astorga volvía de la casa de su madre cuando se encontró con un control policial. Seis efectivos de Infantería lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría 6º. Fue golpeado y humillado por su orientación sexual durante seis horas. Cuando recuperó su libertad realizó la denuncia y fue derivado al hospital con hematomas y fisuras en el maxilar y en las costillas.
9 de mayo. Santa Fe. En Villa Constitución, la policía ingresó con violencia a la casa de una familia porque uno de sus miembros había salido a la calle. Derribaron la puerta y, una vez adentro, dispararon e hirieron a varias personas, entre ellas a una mujer embarazada.
15 de mayo. Tucumán. En Melcho, policías de la comisaría de Monteagudo participaron de un operativo irregular para impedir una carrera de caballos. Los policías mataron a disparos a Luis Espinoza y ocultaron el cuerpo para encubrir el crimen. Luego de una semana de desaparición, Luis fue encontrado en Andalgalá, Catamarca.
31 de mayo. Chaco. En Fontana, efectivos de la Policía de la provincia irrumpieron, varios de ellos sin uniforme, en la casa de una familia qom. Entraron sin orden de allanamiento, en horas de la madrugada. Los torturaron, golpearon, amenazaron y humillaron.
31 de mayo. Buenos Aires. En General Madariaga, Fabián Andina fue agredido por policías bonaerenses luego de una discusión. Lo hicieron bajar del vehículo y lo golpearon en el suelo. Andina fue hospitalizado con golpes en el cuerpo y un desprendimiento de retina.
8 de junio. Jujuy. Ariel Valerian, trabajador mecánico de 39 años, se dirigía a entregar un auto a un cliente. Fue detenido por la policía en la ruta 66. Comienza una discusión sobre los motivos de su arresto, Ariel logró realizar un llamado a una de sus hermanas, que con el teléfono en altavoz, logró registrar los momentos en que Ariel era arrestado. Sus familiares denuncian que recibió una feroz golpiza. Pasó cerca de un mes internado en terapia intensiva en grave estado hasta su muerte.
14 de junio. Buenos Aires. En Sierra de los Padres, la policía de la comisaría 14 ingresó a una finca sin orden de allanamiento y sin identificación. Allí detuvieron a tres trabajadores rurales de la Unión de Trabajadores de la Tierra que recién habían ingresado en una camioneta Ford F100. La policía los acusaba de haber robado el vehículo. Los trabajadores mostraron los papeles, pero los golpearon violentamente y los llevaron detenidos por atentado a la autoridad.
24 de junio. Tucumán. Walter Ceferino Nadal, de 43 años, murió asfixiado luego de ser detenido en pleno centro de Tucumán por efectivos de la policía local acusado de haber robado una gorra. En la persecución participaron al menos cinco agentes de la policía. Mientras un bicipolicía le apoya las manos sobre la espalda, otro efectivo presiona con todo el peso de su cuerpo su rodilla izquierda entre el cuello y la nuca de Walter.
4 de julio. Córdoba. En Villa el Libertador, José Antonio Ávila, de 35 años, fue asesinado por dos policías de la División de Motocicletas de la Comisaría 18 del barrio. Salió de su casa temprano a buscar a su hermano para ir a vender ropa. Salieron a comprar para desayunar y apareció asesinado en la casa de un vecino. Su familia y los vecinos aseguran que los dos policías en moto lo asesinaron de un disparo en el abdomen y lo dejaron tirado sin informar el hecho en la comisaría ni convocar a los servicios de emergencia.
5 de julio. Buenos Aires. En Mar del Plata, sobre la ruta 66, el policía Arcángel Bogado disparó al menos siete veces contra Brandon Romero, un joven de 18 años que murió por un tiro que impactó en su cabeza, quedó tendido sobre la ruta y fue atropellado. El agente dijo que se defendió de un robo y sigue libre a pesar de que en su declaración asumió la responsabilidad de la muerte.
10 de julio. Buenos Aires. En La Matanza, una pareja de agentes de la Policía Bonaerense persiguieron y mataron a Lucas Nahuel Verón, en el día de su cumpleaños 18 años. Lucas iba en moto con un amigo. Fueron a comprar gaseosas a un maxikiosco. Cuando regresaban, cerca de las dos de la mañana, un patrullero de la Bonaerense comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató.
13 de julio. Buenos Aires. En Burzaco, Ezequiel Gauto, de 22 años, había ido a comprar al almacén cuando se cruzó con una mujer policía que manejaba un Uber. Según la versión policial, era una situación de robo. La hermana de Ezequiel lo esperaba de vuelta cuando escuchó a los vecinos gritar que el joven estaba tirado en la calle, que hubo muchos disparos y que ni siquiera se había dado la voz de alto. Ezequiel intentó correr a una pizzería pero ya tenía un balazo en el abdomen y murió.
18 de julio. Buenos Aires. En Zárate, Alan, de 17 años, iba a encontrarse con un amigo cuando apareció también el policía Jorge Rodríguez, fuera de servicio, pero todavía con el uniforme. Empezó a hostigarlos, a agredirlos y terminó golpeándolos con la cadena para atar la moto, disparó contra la pared como tormento y terminó tirándolos en una zanja. A Alan lo revisaron y volvió a su casa, se acostó a dormir y se despertó vomitando sangre. Fue internado en terapia intensiva y tuvieron que operarlo por una hemorragia interna.
14 de julio. Buenos Aires. En Gerli, una policía mató a Daniel Alejandro Montes, de 19 años. Ella había arreglado a través de las redes sociales para comprar dólares en una esquina. Llegó vestida de civil. Otra vez, la versión del robo. Asesinó a balazos a Daniel con el arma reglamentaria.
La respuesta del gobierno y propuestas para erradicar la violencia policial. El presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por algunos hechos puntuales y aseguró que “hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas en contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes”. Anticipó que están “trabajando para hacer una ley contra la violencia institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”. Sin más detalles, en la secretaría de Derechos Humanos confirmaron que tendrán listo un proyecto en las próximas semanas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, exigió en el Consejo Federal de Seguridad, que reúne a los responsables del área de todas las provincias y a nivel federal, evitar “maltratos y hostigamientos”. También desde la secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguran que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) marcaron como cuestiones necesarias diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.
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