“En la mañana de hoy (por ayer) llegaron los primeros dos telegramas de despido a la administrativa y la trabajadora social del Centro de Acceso a la Justicia. Ya no quedan excusas, no hay más «eventualidades» en las cuales refugiarse: la decisión del gobierno nacional es cerrar una institución de una gravitación imprescindible para el barrio, que no sólo facilitó trámites, sino que con ella se han ganado derechos”, advirtió ayer el concejal Pedro Salinas, quien se refirió así a la incertidumbre en que quedó sumido el clave espacio judicial abierto por la Nación tras el Triple Crimen de Villa Moreno cometido el 1º de enero de 2012. Desde su instalación hasta ahora el espacio resultó clave para dar contención y dirección a situaciones permanentes entre vecinos del barrio que quedaban sin resolver o se dirimían en forma violenta a las espaldas del Estado. Pero también fueron una válvula para denunciar arbitrariedades del propio Estado y una brújula para, en rigor, cualquier tipo de problemática. Ahora, a días de que a nivel local la intendenta Mónica Fein anunciara una fuerte intervención en el barrio para atender necesidades históricas temen que otro nivel del Estado les dé la espalda.
La institución, ubicada en Dorrego 3980, forma parte de un programa nacional de contención social y asistencia jurídica que el Estado nacional extendió por todo el territorio, con especial atención a zonas donde se registraban graves hechos de violencia urbana y conflictividad vecinal. El CAJ de Villa Moreno abrió sus puertas en mayo de 2012, y contaba con seis trabajadores: personal administrativo, una trabajadora social, una abogada, una psicóloga y un coordinador del lugar. De ellos hoy quedaron cuatro y todos están tercerizados.
“El cierre del CAJ de Villa Moreno es la clausura de una de las formas de respuesta estatal ante problemáticas estructurales como a la que hacemos mención: es evidente que para las nuevas autoridades nacionales de nada sirven instituciones como estas para abordar una corrosiva crisis de violencia, sino apelar a dispositivos meramente represivos que ya han demostrado sobradamente su ineficacia”, sostuvo el edil de Ciudad Futura.
Salinas especificó que una de las dos administradoras del CAJ y la única trabajadora social fueron despedidas por el Ministerio de Justicia de Nación. El edil ya había llevado hace semanas atrás el reclamo al Concejo cuando el cierre del lugar era una amenaza. La iniciativa se plasmó en un proyecto de declaración específicamente sobre el Centro de Villa Moreno, sobre posibles despidos en el Registro Nacional de las Personas –los Centros de Documentación para toma de datos y elaboración rápida del nuevo DNI, pasaporte– y otros despidos en la región. La iniciativa se tradujo en una declaración unánime del Concejo, votada también por los cinco ediles del PRO.
Ayer Salinas advirtió que otros CAJ de la red federal ya fueron cerrados, pero aún no hay una definición formal del Ministerio sobre el destino del programa. En ese marco sumó presión en defensa de la clave oficina de calle Dorrego.
El integrante del Movimiento 26 de Junio, del que participaban Jeremías Jere Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián Patóm Rodríguez –las víctimas fatales de las cuatro que en realidad tuvo el Triple Crimen de Villa Moreno– criticó la potencial “clausura” de “una institución que se abrió para abordar la ausencia estatal y la crisis de violencia” en el barrio.
“Fue a requerimiento de quiénes acabábamos de sufrir el asesinato de tres compañeros, hermanos y amigos a manos de una banda delictiva”.
Salinas aclaró que no hay “pesadas herencias” ni “modernización de la gestión”, ni bandos políticos en pugna, sino que es una institución que garantizó una respuesta ágil a la comunidad y, además, un acompañamiento humano.
Con todo, lo cierto es que en el CAJ de Villa Moreno, desde su apertura hasta hoy, se atendieron un total de 21.857 consultas. Se canalizaron y asistieron 14.862 trámites administrativos en Ansés, se brindó atención a 3.497 problemáticas sociales y de salud, se han mediado en 1.529 conflictos familiares y 218 conflictos vecinales; además, se acompañó con asistencia jurídica en 437 conflictos penales, se asistió en la confección de 874 currículum y se tramitaron 220 nuevas jubilaciones.
“El lugar físico del CAJ es una salita que se alquila en la capilla de Villa Moreno, que sale 2800 pesos mensuales. Los cuatro trabajadores que quedaron están tercerizados, y los dos que despidieron estaban en iguales condiciones”, detalló el concejal de Ciudad Futura.
“Hay posibilidades de que el CAJ deje de existir. En semanas en las cuales tanto se ha hablado de Villa Moreno, en las que se ha invocado innecesariamente el nombre de nuestros compañeros, es urgente y necesario que el gobierno de la provincia no deje caer una institución como el CAJ de Villa Moreno. Si eso sucediera, sería un nítido testimonio de la perplejidad del ejecutivo ante uno de los problemas más acuciantes de nuestra ciudad y nuestra provincia”, concluyó Salinas.
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