“A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa que probablemente sea la del cramdown”, proyectó el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Así, el titular de la entidad pública respaldó el posible camino que trazó el presidente Alberto Fernández, quien, a dos años del anuncio y posterior descarte de una expropiación de la cerealera del norte santafesino, apuntó que “ahora sí” era posible pensar en un mecanismo para tener una empresa pública de alimentos. El Banco Nación, uno de los acreedores principales de Vicentín, apoya la propuesta del mecanismo de salvataje anterior a la quiebra en el que los acreedores pueden formular una propuesta alternativa, como tomar el control de una empresa. La línea es posible tras la suspensión del proceso concursal que llevaba el juez de primera instancia civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, por parte de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe: Hecker consideró que el magistrado se disponía ya a homologar la propuesta de Vicentin sobre su deuda, lo que describió como “convalidar el fraude”. Y en el específico caso del Banco Nación, como avalar “un atentado al patrimonio colectivo”.
“Como parte de la política del gobierno, el Banco Nación manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”, explicó Hecker. “En esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía, que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, describió.
El mecanismo de cramdown ya fue propuesto en noviembre del año pasado por un conjunto de acreedores de Vicentin –acopiadores, cooperativas, empresas y productores de diferentes tallas– que presentaron junto al Banco Nación su propio proyecto. La propuesta era conformar un fideicomiso entre los acreedores que se adhirieran para salvar a la empresa de la quiebra, apartando a sus directivos.
En la misma línea, el director del Banco Nación Claudio Lozano, por su parte, propuso ahora avanzar en una empresa mixta entre el Estado y acreedores privados: “Es momento de que en el marco de la decisión política presidencial las instancias correspondientes de la gestión (Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Banco Nación) coordinen su accionar para impulsar, bajo la figura del cramdown, una propuesta de salida para la hoy fallida Vicentin”, sostuvo.
El tema Vicentin volvió a estar en agenda luego de la intervención de la Corte provincial reclamándole al juez Lorenzini la remisión de todo el expediente, además de citarlo a declarar. Uno de los acreedores, Commodities SA, del Grupo Grassi, operador granario, cuestionó el desempeño en favor de la empresa del magistrado, que ya en 2020, en un marco de intervención nacional, respuso en funciones al directorio de la firma y degradó como veedores a los interventores nombrados por decreto nacional.
La firma recuerda el caso omiso que hizo el juez Lorenzini a distintas presentaciones señalando irregularidades, que fueron denunciadas por acreedores, veedores y la auditoría, y constan en el expediente. También por el alargamiento del proceso, la tolerancia frente al incumplimiento del requisito legal de presentación del último balance de la compañía al momento de solicitar su propio concurso, entre más.
La más reciente es el intento de venta por parte de Vicentin del 33% de las acciones que aún conserva en Renova –la principal planta de molienda de soja y biodiésel del país– a su socia Viterra SA (ex Glencore) por 310 millones de dólares. La venta de las acciones se había pactado a través de una “oferta de compra” por parte de Viterra realizada el 28 de abril pasado, que fue aceptada por el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, y cuyos ingresos la cerealera ofreció como parte de la propuesta de pago a acreedores.
El accionar derivó en una demanda penal, y Scarel fue imputado el pasado 8 de junio por desobediencia judicial, atento a que dos jueces habían prohibido a la agroexportadora desprenderse de sus activos durante el concurso.
En ese marco, el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, busca apoyo de otros ministros del máximo tribunal de Santa Fe a la decisión de desplazar al juez Lorenzini, quien tiene plazo hasta este viernes para remitir al máximo tribunal la totalidad del expediente.
La medida cobra importancia en función de la fecha, ya que el próximo jueves 30 de junio vence el período de exclusividad para que Vicentin presente el acuerdo de las mayorías –de acreedores y de capital– a su propuesta de salida del concurso, para evitar la quiebra.
Fuentes judiciales indicaron que el expediente aún está en manos del juez civil y comercial, quien “tiene cinco días hábiles para responder, e incluso puede rechazar el planteo”. De todos modos, aclararon, deberá ser remitido indefectiblemente al máximo tribunal en caso de que se suscite un conflicto.
En tanto, un funcionario del gobierno santafesino dijo a la agencia de noticias Télam que el procedimiento de avocamiento “es muy infrecuente” en la historia judicial provincial, y que obedece a presuntos “apartamientos del proceso regular” por parte de un magistrado. Así, el máximo tribunal puede pedir la remisión de un expediente que tramita en la primera instancia ante un caso de “gravedad institucional” o cuando se vea comprometido “el orden general económico”, abundó.
Con todo, mientras el gobierno nacional espera los próximos pasos de la Corte santafesina, dirigentes agropecuarios ya salieron a oponerse a cualquier atisbo de intervención estatal e incluso a denostar el papel del Estado con el ejemplo que utilizó el presidente Fernández –YPF– al hablar de empresas testigo, obviando en el caso Vicentin que fue la propia cerealera la que dejó un tendal de deudas y un notorio vaciamiento de activos. En contrapartida, sectores del sindicalismo santafesino salieron en respaldo del planteo de una empresa pública del sector de alimentos y exportaciones de granos como “una noticia excelente para los argentinos”.
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