Los diputados y las diputadas provinciales que integran la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin se reunieron este martes en Buenos Aires con el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el director Claudio Lozano y funcionarios del área jurídica de la entidad con el objetivo de analizar las diferentes alternativas que se manejan para sostener las fuentes de trabajo en la agroexportadora oriunda de Avellaneda y tratar de recuperar la abultada deuda que mantiene con el banco, con el fisco y con sus proveedores.
Durante el viaje a Buenos Aires, los integrantes de la Comisión de Seguimiento también pasaron por la Casa Rosada para entregar un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández. Ya habían pedido reunirse con él la semana pasada, cuando el primer mandatario tenía previsto viajar a Rosario, algo que finalmente no ocurrió debido al fallecimiento de la madre del gobernador Omar Perotti, lo que obligó a modificar la agenda presidencial.
Durante el encuentro con los funcionarios del Banco Nación –el mayor acreedor de Vicentin–, los legisladores santafesinos manifestaron los tres fundamentos que guían a la comisión: la defensa de las fuentes laborales, que no se extranjerice ni se desguace la empresa y que se puedan recuperar los activos que fugaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
En diálogo con El Ciudadano, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade remarcó “la necesidad de que el gobierno nacional y el provincial recuperen la iniciativa para apurar el proceso de desplazar a los integrantes de la familia Vicentin del directorio de la empresa” y explicó que el pedido de audiencia con el presidente obedece a la idea de plantearle que tiene que haber “más protagonismo político de parte del gobierno nacional”.
Por su parte, el diputado provincial del partido Creo, Ariel Bermúdez, indicó que “el caso Vicentin mantiene en vilo a miles de productores y trabajadores santafesinos. Nosotros venimos planteando desde el comienzo de este conflicto que necesitamos más presencia santafesina en la resolución del problema. Estamos hablando de una empresa que está radicada en Santa Fe, con domicilio en la provincia hace más de 90 años, donde la mayoría de los acreedores son productores santafesinos, al igual de los miles de puestos de trabajo que están en juego. Es nuestro deber velar por los derechos de los santafesinos y defender Santa Fe”.
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