El hombre de 51 años que reincidió en el abuso sexual de su propia hija en la ciudad de Vera, quedó detenido desde ayer preventivamente sin plazos. En tanto, la ex esposa del acusado criticó el accionar de la Justicia por haberlo dejado en libertad por el mismo delito con anterioridad, dijo que pedirá el juicio político del juez y del defensor general.
Manuel A. D., empleado del Servicio de la Defensa Pública Penal, había sido imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, debido a que la víctima es una de sus dos hijas, una adolescente de 15 años.
Cabe remarcar que ya pesaba sobre el hombre una imputación por el mismo delito con la misma víctima. También fue imputado por desobediencia a una orden judicial, ya que el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Gustavo Gon le había ordenado no comunicarse personalmente con su hija, mientras que el juez Juan Manuel Rodrigo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Nominación de Vera, había dictado una medida de distancia.
La resolución de Gon de detenerlo sin plazos fue a solicitud de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Benegas y Martín Gauna Chapero. La decisión del magistrado fue tomada en el marco de una audiencia de prisión preventiva que se extendió por más de tres horas en la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad del norte provincial.
“Lo que hizo el imputado es aberrante, razón por la cual desde el MPA elevaremos la acusación en los próximos días y solicitaremos la realización del juicio oral y público, en el que pediremos el máximo posible de la pena”, adelantó el Fiscal Regional de la 4ª Circunscripción Judicial, Eladio García.
“Además seguiremos acompañando a la víctima, cuya situación personal es preocupante, y también a su grupo familiar. Esta tarea la haremos con nuestro equipo interdisciplinario, y también con las instituciones que abordan situaciones como estas y con las que tenemos convenios para trabajar conjuntamente”, sostuvo el juez.
Crítica de la ex mujer
Por otra parte, L. M., la ex esposa del empleado judicial acusado de violar a su hija, mediante una carta criticó el accionar de la Justicia por dejar en libertad a su ex pareja, y también por darle la custodia de sus hijas. Apuntó contra el titular del Ministerio Público de la Defensa Penal, quien autorizó que vuelva a trabajar en una dependencia de la ciudad de Vera, dependiente de dicho organismo.
Recordó que su ex esposo tenía la custodia de su hija por “decisión de la Justicia, que decidió de manera arbitraria otorgársela, que si quieren investigar podrán observar la forma en que se les entregó la custodia de dos chicas menores de edad al padre y que nunca pude cumplir con las visitas que se habían pactado en la Justicia porque el padre no quería que yo las viera”.
En el escrito, la mujer cuenta además que su hija confesó ante la psicóloga los maltratos y los abusos que recibía por parte de su padre y que “estuvo internada en el hospital de Vera, debido a que se quiso suicidar”.
En el texto, la mujer dice que denunciará penalmente al juez Gon y al Defensor General de la Provincia Gabriel Ganón, por mal desempeño de sus funciones.
El Servicio de la Defensa sale a aclarar situación del empleado
A través de un comunicado de prensa el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, informó que luego de haber sido denunciado penalmente por primera vez el empleado Manuel A. D., el organismo resolvió disponer el inicio del sumario administrativo y la suspensión preventiva por un plazo de noventa días. Finalizado ese plazo, y en ocasión que el fiscal de la investigación “no había finalizado la pesquisa en 120 días desde la primera detención, ni formulado requisitoria de acusación contra el imputado en el transcurso de tiempo dispuesto por el juez penal de Primera Instancia, Gustavo Gon, el agente D. requirió a esta Defensa Pública su reincorporación dado que habían caducado los noventa días de sanción administrativa”, dice el texto.
Así, el Defensor General dejó sin efecto la suspensión administrativa contra el agente, “sin perjuicio de que la misma decisión pueda modificarse en caso de que el estado procesal de D. se modifique, –tal como sucede– actualmente y corresponda disponer una nueva suspensión contra el imputado”, explica la nota y anuncia que en relación a la nueva acusación de acuerdo a las normas, se ordenó la suspensión preventiva de D. por el plazo de 90 días.
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