Aún no está debidamente estudiado en qué medida influye, pero lo cierto es que el color de los vehículos involucrados en un siniestro vial debería incorporarse como un posible factor de su génesis o de su gravedad: en un paisaje invadido por la niebla o el humo, el gris perlado que se ha puesto de moda en el mercado automotriz oficia como un verdadero “camuflaje” con el entorno, lo que aumenta el riesgo de colisiones múltiples como las ocurridas la semana pasada en la región. Y de noche, el negro asume el mismo peligroso papel. Esto advierte el ingeniero agrónomo y experto en climatología de riesgo Luis Blotta, para quien ya es hora de que las leyes de tránsito comiencen a tener en cuenta este factor y otros, como la superficie de las luminarias traseras o el estandarizado de la altura para los paragolpes. El experto concede que es difícil prohibir a las terminales que utilicen determinados tonos de pintura, pero cree posible elaborar normas que actúen a modo de directrices en ese sentido y, sobre todo, aplicar esos resguardos en los móviles oficiales, para que el propio Estado de el ejemplo sobre cómo disminuir potenciales peligros que hasta el momento no han sido considerados como relevantes.
Que los colores importan está claro. Por algo está normatizado el uso de tonos altamente reflectantes como el anaranjado o el amarillo para los vehículos y la vestimenta de las personas en las regiones polares, un paisaje de blancos hegemónicos y escasas referencias visuales de ubicación en el cual resulta crítico potenciar los recaudos para no perderse. Otro ejemplo: el avión de la Fuerza Aérea uruguaya que cayó en octubre de 1972 en plena cordillera de Los Andes, con 45 personas a bordo –la mayoría integrante de un equipo de rugby oriental– estaba pintado de color aluminio. Otra vez, esto resultó un camuflaje ideal con el entorno y dificultó el avistaje de la aeronave, hallada recién 72 días después de haberse estrellado, y cuando sólo quedaban 16 sobrevivientes.
Blotta remite a esos casos como ejemplo, y aunque admite que no está mensurada la incidencia del color de los vehículos en los siniestros de tránsito que reconocen la escasa visibilidad como detonante, aclara que existe, y que debiera tenerse en cuenta. “Lo peor que puede ocurrir es que los autos, camiones o colectivos se camuflen con el entorno”, y que sus tonos “se confundan con el horizonte”, resume. Y en ese sentido apunta a los móviles oficiales que acuden en tareas de auxilio cuando ocurre un accidente en las rutas: muchas veces, en vez de minimizar los daños, terminan siendo parte del problema. Menciona, por caso, la vestimenta negra de los policías en un hecho nocturno, lo que pone en riesgo la vida del personal de seguridad incrementando la probabilidad de saldos fatales.
Deberes pendientes del Estado
El climatólogo propone una firme acción estatal para abordar en serio la cuestión. Menciona entre otros puntos que el Inti (Instituto de Tecnología Industrial, dependiente de la Nación) podría abocarse al estudio de los colores menos peligrosos para los vehículos, y generar recomendaciones para las automotrices. Pero, antes que estas investigaciones estén concluidas, sostiene que es fundamental que las administraciones públicas avancen en la prevención incrementando la visibilidad tanto de sus móviles como de la vestimenta del personal de organismos de auxilio, médicos y de seguridad.
Tecnología y pliegos
Con todo, insiste Blotta, la causa originaria de siniestros como los choques múltiples del miércoles pasado en la autopista Rosario-Buenos Aires fue la combinación letal de un fenómeno natural y una irresponsabilidad humana: niebla más humo por quema de pastizales al costado de la ruta. En este sentido, el ingeniero recuerda la tardanza –alrededor de seis horas– en cortar el tránsito por parte de Gendarmería, y apunta a un vacío en los requisitos de los pliegos de concesión de los peajes, a cargo de privados a los que se les garantiza la recaudación pero que no están obligados a invertir lo suficiente en prevención y seguridad de las vías de tránsito a su cargo. El climatólogo refiere que, por ejemplo, un sensor inalámbrico, que permitiría detectar en tiempo real la presencia de humo, cuesta alrededor de 1.800 pesos: conectados estos dispositivos a una central de monitoreo, permitirían reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante condiciones de tránsito adversas.
Además, agrega, las concesionarias están habilitadas para subcontratar los servicios de bomberos y ambulancias de las comunas cercanas a las estaciones de peaje, los que en muchas ocasiones cuentan con vehículos viejos que no están a la altura de las exigencias mínimas de seguridad, como precisamente los colores reflectantes o luces tipo flash de alerta, como la que ya es obligatoria –también de día– para los móviles de la Policía santafesina. De nuevo: la tercerización de funciones que permiten los pliegos termina por ser un componente más del riesgo vial en vez de mitigarlo.
Cifras que obligan a actuar
Los estudios sobre la incidencia del color en el mundo son variados, y a veces hasta contradictorios según se tomen estadísticas de los vehículos involucrados en choque o la visibilidad en diferentes entornos. Para Blotta, el negro y el gris “niebla” son los más peligrosos. Justo los más solicitados por su impronta de “distinción” o “clase”.
De acuerdo con un informe difundido en enero pasado por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (Isev), en 2010 se redujo la cantidad de accidentes mortales en los últimos tres años por primera vez en términos relativos y absolutos en las rutas de todo el país. Pero igual la tasa de mortalidad cada cien mil habitantes es preocupantemente alta: 26,36 por ciento.
Además, está el costo económico, cuyo monto obliga, aun dejando de lado las consideraciones humanas, a pensar en la conveniencia de invertir más en prevención: según el Isev, que asesora a organismos públicos y empresas privadas, especialmente aseguradoras, “más allá de las afectaciones que no poseen reparo económico, los siniestros viales ocasionan a la sociedad una fuerte pérdida económica, que en el caso de la Argentina en el año 2010 supera los 8.000 millones de dólares”.
En Santa Fe, según las cifras oficiales que dio a conocer el director de la Agencia provincial de Seguridad Vial, Claudio Canalis, se registraron 545 víctimas fatales en accidentes viales urbanos o en rutas durante 2010. Otras cifras, provenientes de ONGs como Luchemos por la vida, acusan un centenar más de fallecidos en el mismo período, lo que generó controversias entre la organización y las autoridades de esta y otras provincias: para la asociación, el año pasado hubo en todo el territorio argentino 7.659 muertes en calles y rutas.
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