Ladrillo con límites. El Concejo aprobó ayer una modificación en la ordenanza 8137 de 2007, que fija los horarios y prohibiciones en obras que afecten a terceros: de ahora en más –a partir de que se reglamente la norma– toda labor que contemple “cargas en las medianeras y/o muros linderos existentes que impliquen roturas y/o anclajes, como así también cualquier otro trabajo que genere ruidos molestos y vibraciones”, sólo podrán realizarse de lunes a sábado de de 8 a 13 y de 15 a 19. Además se fija que queda “expresamente prohibido”, realizar estas actividades los días domingo y todo feriado, independientemente del día de la semana que se trate, y que los responsables de la ejecución de la obras “en un plazo que no exceda los 30 días corridos de la obtención del permiso de edificación”, tienen la obligación de comunicar “en forma fehaciente” a los vecinos linderos las características del proyecto, plazos, modalidades de trabajo y destino de la obra.
“Esta modificación tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica”, explica el texto de la normativa, que procura “consolidar la práctica de las normas de convivencia”.
El no cumplimiento hará pasible a los responsables de obras en construcción –que en la ciudad se cuentan por centenares en cada barrio– de las sanciones establecidas en el punto 603.14 del Código de Faltas, que contempla multas, clausura de hasta 15 días de la obra y hasta 3 días de arresto. Y las penalidades pueden agravarse si se incumplen otras disposiciones.
La norma habilita a cualquier vecino de la obra en cuestión “sea lindero o no” a pedir la intervención de la Guardia Urbana, que labrará el acta y la informará, además de paralizar los trabajos.
Corralones sin intervención
Tras un debate de alto voltaje y con contraposición de argumentos jurídicos y políticos –con una de las pocas ocasiones en las que hasta el titular del Concejo, Miguel Zamarini, deja presidencia para “bajar” a su banca– el Concejo decidió finalmente pedir al Ejecutivo que “estudie la factibilidad” de “disponer la intervención o instrucción de un sumario administrativo”, en los corralones municipales.
El contrapunto se disparó por un proyecto del justicialista Diego Giuliano y otros ediles de la comisión de Seguridad en el que directamente se disponía la intervención por 180 días del área, donde se encontraron 18 vehículos denunciados como robados que “dormían” en el predio municipal. En el marco del debate, el socialista Manuel Sciutto recordó que el personal municipal no puede abrir el capó de vehículos secuestrados, que llegan con precinto.
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