La comisión de Gobierno del Concejo Municipal se comprometió ayer a tratar formalmente en la próxima reunión de trabajo un proyecto para modificar la ordenanza que regula los espectáculos públicos –la número 7.218, vigente desde 2001– eliminando las habilitaciones, funcionamiento, regenteo y sostenimiento de whiskerías, cabarets y locales de alterne en la ciudad.
“El gobierno local no puede seguir abriendo espacios en donde se cometen delitos vinculados a la trata y a las normas de profilaxis”, sostuvo la radical María Eugenia Schmuck, autora de la iniciativa.
Según la concejala, el proyecto tiene varios objetivos, pero el principal está relacionado directamente con la lucha contra la trata de personas. “Es un delito en el que interviene una larga cadena de actores: regentes de prostíbulos, reclutadores y proxenetas, entre otros. Y los lugares de explotación más frecuentes son cabarets y whiskerías”, explicó Schmuck.
La edila remarcó, además, que el gobierno local no puede “seguir gastando dinero” en inspeccionar lugares “en los que se sabe que se cometen delitos”, y por ello postuló que se deben tomar “medidas concretas”.
En ese sentido, su idea es directamente eliminar el artículo 9 de la ordenanza 7.218. El instrumento regula desde confiterías bailables, discotecas y cantinas hasta restaurantes y bares “con difusión musical”, pasando por peñas, cines de exhibición de filmes “condicionados”, teatros, salones de fiestas, cafés culturales y parques de diversiones, entre muchos otros emprendimientos. Y precisamente el noveno artículo es el que se refiere al rubro cabarets-whiskerías. “Son aquellos locales donde se difunde música con o sin pista y actividad de baile, donde interviene personal contratado para bailar o alternar con los concurrentes, no pudiendo ser visualizado su interior desde la vía pública, con acceso libre para personas mayores de 18 años”, define uno de los párrafos de la norma.
Pero según fundamentó Schmuck, “cabarets, whiskerías y hasta algunos locales habilitados como bares con amenización musical son prostíbulos encubiertos”, ante lo cual “el Estado no puede hacerse el distraído o mirar para otro lado”.
La concejala aclaró que en la provincia de Santa Fe la prostitución no es considerada un delito, “pero sí lo es el proxenetismo y la explotación sexual”. Dicho de otro modo “no se pretende con el proyecto perseguir a las trabajadoras sexuales sino a los proxenetas”, continuó.
En ese marco, la concejala distinguió la tarea del área de Inspección municipal, cuyo titular y dos de sus subordinadas resultaron agredidas con violencia por empleados y alternadoras la semana pasada, cuando se disponían a clausurar el Palacio Berlusconi, local que funciona en Sarmiento 1112.
“Hay que destacar que desde que asumió Gregorio Ramírez como director de Inspección municipal, en sólo seis meses pudo clausurar el local bailable de avenida Alberdi 111 bis sobre el que pesaban más de 100 denuncias, se metió con Esperanto y también lo hizo con Palacio Berlusconi, por lo que se debe apoyar a un funcionario que hace bien las cosas”, elogió y pidió la edila.
Por su parte, Ramírez, encargado de llevar adelante las inspecciones de los locales que trabajan dentro de la órbita de espectáculos públicos, dijo que desde al área a su cargo se comparte la misma lucha que la de las concejalas María Eugenia Schmuck y Norma López, y que “hay un punto de encuentro” entre el Legislativo y el Ejecutivo local, “que es el de maximizar los controles de lugares vinculados al proxenetismo y la trata”.
“Lo hemos tomado hasta de manera personal”, expresó. También destacó que hay “voluntad política” de combatir el proxenetismo y la trata, pero advirtió que “la Justicia también debe mostrar que lo hace”. Y recordó el todavía reciente y polémico fallo de un tribunal tucumano, cuyos jueces dejaron sin condena a los acusados de participar en el secuestro de Marita Verón, caso emblemático de las redes de trata en el país.
Con todo, de ser aprobada la iniciativa de Schmuck, la norma enfrentará intereses económicos, cuyo tamaño y alcance se ignora, pero concejales y otros actores suponen de considerable vastedad. De igual modo, Schmuck cree que “éste es el momento oportuno” para debatir la iniciativa debido en parte a la repercusión que tuvo la reciente clausura del Palacio Berlusconi.
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