La Asociación de Conductores de Taxis se movilizó ayer nuevamente para rechazar la instalación obligatoria del GPS en cada una de las unidades. Los integrantes de la organización se convocaron en bulevar Oroño y Rivadavia y marcharon hasta Tribunales porque están disconformes con dos fallos de la Justicia –en primera y segunda instancia respectivamente– que los obligan a acatar lo decidido por la Municipalidad y colocar los mencionados elementos de control en los autos. “Estas decisiones de los jueces son inadmisibles, es por eso que ahora llevamos el reclamo a la Corte Suprema de la provincia. Queremos que se expida el máximo tribunal. Si estamos equivocados pediremos disculpas, pero para nosotros la ordenanza es inconstitucional”, remarcó Francisco Báez, su presidente.
La agrupación ya se manifestó en varias oportunidades en contra de tener que costear de manera obligatoria la colocación y el mantenimiento del sistema satelital propuesto por el municipio y aprobado en el Concejo Municipal. “Es por eso que lo que solicitamos es que la Corte Suprema se expida. Acá no se puede hablar con nadie y hay algunos concejales que se ponen en el papel de patrones de estancia y no negocian nada”, añadió.
Desde la asociación destacan con dudoso argumento que al tratarse de un servicio de control lo debe abonar el Estado “como lo establece la Constitución”. “Estamos hablando de costos mensuales que son altos y que nos perjudican directamente. Que nos controlen pero que se hagan cargo ellos”, agregó Báez.
Cabe recordar que a fines de agosto de 2012 en el Concejo Municipal se aprobó un aumento en la tarifa del servicio que salió de la mano de una ordenanza en la que se establecen una serie de controles a partir de la obligatoriedad de contar con el GPS en todas las unidades. Para esto se implementó un Sistema Generador de Datos (SGD) que permite remitir información al Ente de la Movilidad Rosario (EMR) para realizar un monitoreo respecto a la cantidad de viajes, kilómetros libres y ocupados, y horas trabajadas por unidad de taxi. El sistema que permite controlar la prestación del servicio fue pensado para brindar más seguridad para los conductores del servicio público.
La Asociación de Conductores de Taxis es una de las tres organizaciones que representan a titulares de licencias. En total, la entidad cuenta con casi 700 afiliados y es la única que se resiste a pagar los 430 pesos que cuesta la conexión al GPS y los 400 pesos mensuales para sostener el funcionamiento del sistema.
De las 3.700 licencias que hay en la ciudad, sólo los propietarios de 470 unidades se niegan a instalar el GPS como lo prevé la ordenanza.
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