El presidente uruguayo, José Mujica, firmará pasado mañana un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura y que estaban amparados bajo la Ley de Caducidad, se informó ayer.
El decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar esa cantidad de casos de violaciones de derechos humanos bajo el amparo de dicha ley, que permitió la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
El anuncio fue formulado ayer por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, a través de la web oficial, el día en que se cumplieron 38 años del último golpe de Estado. La revocatoria de los actos administrativos, que la prensa uruguaya totaliza en 88, habilitará la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, explicó Breccia, y precisó que el decreto será emitido recién pasado mañana o el viernes “debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos”.
Además, explicó que el decreto “se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación”. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia.
El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia del poeta argentino Juan Gelman, tal como fue sentenciado por la Corte.
El 24 de febrero pasado el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional. El fallo, que además solicita la anulación de la Ley de Caducidad, establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica. A la vez, determinó que Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman, deberá ser resarcida con 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y 5.000 dólares por gastos por la búsqueda de la verdad.
En la órbita de la Secretaría de la Presidencia se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y la Cancillería, que trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana a los efectos de su cumplimiento.
La ley de Caducidad también fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 para el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que llevó al procesamiento del primer militar en actividad por crímenes en la dictadura. La norma fue aprobada en 1986 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti y fue ratificada por dos plebiscitos, en 1989 y 2009, realizados ambos bajo condiciones que fueron muy cuestionadas.
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