La organización Fuerza Ancestral Indígena (FAI) emitió un repudio a dichos de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), quien sostuvo que un eventual “gobierno libertario” prohibiría el uso de los símbolos de los pueblos originarios en las escuelas. “Primero, no tiene idea de cómo se construyó el Estado nacional en la guerra de la Independencia de 1816. Ella dice: «La Patria es una sola», y nosotros le pediríamos que nos conteste cómo se construyo la Patria”, sostiene Daniel Naporichi, dirigente de la FAI. Y completa denunciando que la segunda en la fórmula de Javier Milei cometió “una violación a la Constitución Nacional, ya que en su artículo 75, inciso 17 ordena “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
Villarruel, actual diputada nacional, había difundido el pasado 18 de agosto en sus redes sociales, en un posteo que luego borró, la imagen de un acto en una escuela de la ciudad de Buenos Aires en el que un alumno sostenía una Bandera de la Diversidad, expresión que atacó con disgusto: “Esto sucede en una escuela pública de Caba, lo mismo ocurre con la bandera mapuche en escuelas de la Patagonia… En nuestro gobierno la Bandera que ondea y nos reúne a todos es la bandera argentina, se termina el adoctrinamiento y el limar nuestra identidad como país”, escribió.
En su repudio y denuncia, Naporichi recordó que la Carta Magna de la Argentina dispone “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, y remarcó que además la Organización Internacional de Trabajo (OIT), organismo de la ONU, de la que la Argentina es país miembro, adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que a nivel nacional tiene jerarquía constitucional a partir de la ley 24.071, vigente desde abril de 1992.
El dirigente de Fuerza Ancestral Indígena, rama del Movimiento Octubres, remarcó que el Convenio 169, adoptado en 1989, reemplazó al anterior acuerdo internacional, de 1957, con un enfoque que ratifica el respeto a la identidad propia de los pueblos originarios. Entre sus considerandos menciona textualmente: “La evolución del Derecho Internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores, reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
Naporichi también remarcó que además Rosario reconoce a través de la ordenanza 10.416 a la Wiphala como “emblema de los Pueblos Originarios” del continente americano: “Un acto que tuvo réplica en varias partes de nuestro país y que demuestra el reconocimiento a las históricas luchas de las distintas naciones originarias”.
“Tal como obra en la ordenanza citada –marcó el dirigente– la Wiphala es un emblema cuadrangular de origen precolombino, que consta de siete colores, cuarenta y nueve cuadrados repartidos en siete columnas por siete filas, con diagonales descendentes de izquierda a derecha, donde cada uno de sus colores tiene un significado: el rojo representa el planeta Tierra, el naranja simboliza la sociedad y la cultura, el amarillo representa la energía y la fuerza, el blanco simboliza el tiempo y la transformación que éste produce; el verde representa la economía y la producción, como así también las riquezas naturales; el azul simboliza el espacio y la energía cósmica; el violeta
representa la política, y la ideología social y comunitaria”.
En la misma línea, el dirigente de Fuerza Ancestral Indígena puso en relieve que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT “establece el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se provea la adopción de medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos directamente”.
“Por ello no sólo es un derecho, sino que constituye, a su vez, un instrumento de participación en las decisiones que les conciernen a los pueblos indígenas”, consideró.
En ese marco, el referente local destacó, además, la participación de dirigentes de comunidades originarias como candidatos y candidatas en las recientes elecciones provinciales: “Fue bueno porque necesitamos tener acceso al poder político, ser actores activos en la transformación sociocultural del presente, para la construcción de un futuro mejor. Defendemos y reivindicamos a la democracia y la libre determinación de los pueblos como única forma de gobierno, en donde la voluntad de las mayorías, en el marco del respeto por las determinaciones colectivas, otorgue sustancia y legitimidad a las decisiones políticas. Por eso exaltamos la plena vigencia de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y la ley nacional 24.071 –que en la Argentina aprueba el convenio internacional–, y todos los tratados internacionales, así también como la necesidad de promover fundamentalmente valores de la cultura, la Madre Tierra, la justicia sociocultural, los derechos humanos y no humanos, la solidaridad, la reciprocidad, el pluralismo, la soberanía popular y la transparencia en los actos públicos, con políticas originarias haciendo bases en el tiempo de la democracia según nuestras cosmovisiones y respetando la diversidad cultural”.
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