Ezequiel Nieva
El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, explicó este lunes en una conferencia de prensa virtual las características del paquete de leyes de seguridad que fue remitido el último viernes a la Legislatura. Acompañado por el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, y por el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Marcos Corach, Saín describió que “la provincia de Santa Fe tiene un sistema de seguridad público cavernícola, antiguo, vetusto y rústico” y se mostró a favor de una reforma integral inspirada en los modelos europeos.
El ministro Michlig introdujo la presentación de los proyectos con una definición sobre el panorama a nivel provincial: dijo que la inseguridad es “uno de los principales flagelos que padece nuestra sociedad” y postuló que la intención del gobierno que encabeza Omar Perotti es lograr una Policía “más profesional, moderna, mejor equipada y mejor remunerada”. También mencionó la necesidad de que haya control político efectivo sobre la Policía y apuntó que “en los últimos años fracasó el modelo de seguridad pública en la provincia”.
Luego, Saín dialogó durante más de una hora con periodistas de toda la provincia. En primer lugar, el ministro indicó que la decisión del gobernador Perotti es “modernizar el sistema institucional de seguridad pública” y que esos cambios solo serán posibles a partir de una profunda reforma de la Policía y también del marco normativo vigente en la provincia de Santa Fe.
Para lograr ese objetivo, el gobierno envió a las cámaras legislativas una serie de proyectos de ley que serán debatidos primero por los diputados y luego por los senadores. Para la elaboración de esos proyectos, el propio Saín coordinó durante cuatro meses más de 15 foros de debate con especialistas, académicos, ONGs, organizaciones empresariales y otros actores de la vida institucional de la provincia. “Ese debate fue muy prolífico y permitió que todos aquellos que estuviesen interesados, pudieran dar su punto de vista”, remarcó Saín.
Como en Europa
Según Saín, para la elaboración de los proyectos se tomaron como modelos los sistemas de seguridad pública vigentes en la mayoría de los países europeos, que tienen una fuerte participación de los gobiernos locales. “Queremos relanzar la Policía de Seguridad Comunitaria porque está muy débil y nos parece fundamental trabajar junto a los vecinos, no solo en las zonas comerciales sino también en los barrios populares, como hacen los países europeos que tienen policías que tratan de resolver los conflictos a través de una mirada distinta de la mirada represiva”.
En otro tramo de la extensa conferencia, el ministro hizo un diagnóstico crudo de la situación en que le tocó asumir y, a la vez, planteó el propósito de la reforma enviada a la Legislatura: “El problema criminal es complejo y requiere resoluciones complejas, por eso proponemos estas herramientas. La seguridad se construye en el tiempo, tiene que haber diagnóstico y política. Santa Fe tiene un sistema institucional de seguridad pública cavernícola, viejo, antiguo, vetusto, rústico y lo tenemos que modernizar. Tenemos que crear una institucionalidad moderna que nos permita agilizar el abordaje de los problemas y esto debe ir acompañado también de un enorme nivel de inversión pública. No es solamente el rezo en la Iglesia, también tiene que hacer limosna”.
Las nuevas leyes
El primer proyecto apunta a la sanción de una nueva Ley de Seguridad Pública cuyos aspectos centrales son la definición de la estructura de conducción político-ministerial y la decisión de liberar a la Policía de las tareas admirativas. “La Policía de Santa Fe tiene una carga de tareas administrativas muy grande y cuando la Policía se dedica a mucho a la administración, se dedica poco a la tarea policial y al control del crimen”, sostuvo Saín.
Ese proyecto incluye la puesta en marcha de un Observatorio de Seguridad Pública que, según el ministro, es una herramienta “fundamental” para la toma de decisiones y que, en la actualidad, no existe en la mayoría de las provincias y tampoco en el gobierno nacional. “No se pueden formular políticas de seguridad sino se conoce cómo se desenvuelve el delito en nuestra sociedad. Y no solamente para formular políticas, sino también por una cuestión de transparencia: la sociedad tiene derecho a saber cómo son los conflictos, dónde ocurren y cuáles son sus características”. Ese observatorio –explicó Saín– ya está en funcionamiento, pero la idea es darle fuerza de ley para que su actividad continúe a lo largo de las próximas gestiones.
Otra innovación es la creación de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego. “Es un tema relevante porque la mayoría de los homicidios en la provincia de Santa Fe se cometen con armas de fuego. Hay un mercado prolífico e ilegal de armas de fuego y sospechamos que el grueso de esas armas proviene de los depósitos estatales, con lo cual el tema es más grave todavía”, explicó Saín. Para atacar ese problema, el proyecto incorpora una serie de propuestas de carácter institucional y permanente.
Entre las reformas que promueve la provincia, se dividirá a la Policía en cuatro grandes servicios: especializados e independientes: la Policía de Seguridad Preventiva, la Agencia de Control Policial (reemplazará a la División de Asuntos Internos), la Tropa de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal.
Además, se incluyó dentro del paquete de leyes un capítulo dedicado al bienestar policial. “Nosotros somos un gobierno peronista y nos importa darle un sentido laboral al trabajo de la Policía –definió el ministro de Seguridad–. En la Argentina, la Policía es una de las burocracias más precarizadas laboralmente; nosotros avanzamos en un sentido de laboralización de la Policía trabajando fuertemente en el bienestar de los agentes, la salud, la higiene y la seguridad y todo lo que tiene que ver con la violencia laboral y de género que hay que erradicar de la fuerza”.
Otro capítulo apunta a la formación y la capacitación, un tema que según Saín abarca tanto a las fuerzas de seguridad como a los partidos políticos: “En Santa Fe tenemos que formar cuadros de gestión; los partidos políticos tienen que estar comprometidos en la formación de cuadros para la gestión de la seguridad pública. Para que haya conducción política, tiene que haber gente experta en la gestión estatal”. Según Saín, el objetivo es lograr el desarrollo de un “funcionariado civil” especializado para la conducción de las políticas de seguridad.
La reforma también implica una mayor participación de los gobiernos locales: “Para este gobierno, los grandes actores del futuro, en materia de gestión de la seguridad pública, son los intendentes, las intendentas y los jefes de comuna. Los grandes problemas que tenemos son problemas de seguridad urbanos y los socios del Estado provincial, donde los ciudadanos llevan sus reclamos legítimos, son los gobiernos locales. Tenemos que preparar el terreno para que los intendentes, las intendentas tengan un protagonismo mayor”.
Por último, se propone la regulación por ley de los servicios de seguridad privada. “Es una deuda de la democracia santafesina”, según Saín.
Las nuevas instituciones y los nuevos procedimientos van a requerir de “un amplio control parlamentario”. En ese sentido, el ministro señaló que “si bien este es un proyecto de nuestro gobierno, tenemos la intención de que se institucionalice a través de todas las fuerzas políticas”: un guiño a la oposición legislativa que tiene el control de la Cámara de Diputados y cuyo aval necesita el Ejecutivo para avanzar hacia la sanción de las nuevas leyes.
El gobierno provincial envió a las cámaras legislativas el paquete de leyes de seguridad
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