El polémico acuerdo abreviado al que arribaron parte de los imputados en la llamada Megacausa Monos pasó, en parte, al Juzgado de Sentencia. La jueza Alejandra Rodenas declaró la admisibilidad formal del mismo en cuanto a la investigación que heredó de su par Juan Carlos Vienna por asociación ilícita. El detalle es que el abreviado abarcó además para tres de los imputados, entre ellos uno de los presuntos jefes de la banda, el homicidio de Diego “Tarta” Demarre, dueño del boliche que fue escenario de la muerte de Claudio “Pájaro” Cantero. Por ello, el juez Luis María Caterina, a cargo de la investigación de este crimen, deberá analizar la presentación que llegó a su Juzgado la semana pasada y expedirse al respecto. Si ambos jueces declaran admisible el acuerdo, será el turno de un juez de Sentencia, quien tendrá la tarea de homologar o no el abreviado. Este punto también es un tema a resolver ya que el juez natural que debía intervenir en el hecho –es decir el magistrado de Sentencia 6ª Julio García– presentó su pedido de retiro en febrero pasado previo a la rúbrica del acuerdo.
Catorce de los treinta y nueve involucrados en presunta organización criminal encabezada por la familia Cantero que llevó adelante el juez Juan Carlos Viena, firmaron en abril un juicio abreviado. A través de él los principales referentes de la causa fueron beneficiados con el acuerdo al que arribaron la Fiscalía y las defensas de los involucrados luego de varios meses de negociación. Según dieron a conocer referentes de la Fiscalía de Cámara en una conferencia de prensa, el convenio implicó la aceptación de la participación de los acusados en una asociación ilícita: Celestina Contreras (madre de Guille y pareja del prófugo Máximo Ariel Cantero), Hernán Bustos (acusado de llevar la contabilidad del prófugo Ramón Machuca, alias Monchi Cantero), Mariano Ruiz (sindicado administrador de los ingresos del grupo), Ángel Villa (presunto regenteador de bunkers), Norberto González, alias Chino (supuesto sicario) y el ex prefecto Luciano Ramos reconocieron responsabilidad penal en el hecho a cambio de una condena a 3 años de prisión. Mientras que Miguel Ángel Vilches, su hermana Gisela y su madre Susana Alegre, accedieron a una pena condicional.
Por su parte, Juan Domingo Ramírez, quien protagonizó una fuga del interior de Jefatura, aceptó tres años y medio de prisión mientras que el sargento de la Policía Juan Marcelo “Chavo” Maciel fue condenado a 3 años por asociación ilícita, incumplir deberes de funcionario público, cohecho y violación de secreto. Además lo inhabilitaron en forma perpetua y le aplicaron una multa.
El crimen Demarre
También fueron incorporados al acuerdo Máximo Ariel Cantero, alias Guille, Leandro “Gordo” Vilches y Jorge “Ema” Chamorro. Todos procesados por asociación ilícita y por el crimen de Diego Demarre producido horas después de la muerte de Claudio Cantero. El Guille acordó 9 años de prisión que incluyeron la jefatura de la asociación ilícita, una participación secundaria en el homicidio de Demarre y una condena a 2 años por portación de arma de fuego. Mientras que a Vilches y Chamorro aceptaron 8 años por su participación en la asociación y el crimen.
Las causas
Pero ambas causas no estaban acumuladas. La investigación por asociación ilícita tramitó en el Juzgado de Instrucción 4, actualmente a cargo de Alejandra Rodenas y el homicidio de Demarre se llevó adelante en el Juzgado de Instrucción 13ª que comanda Luis María Caterina. El acuerdo fue presentado en un primer momento ante Rodenas, que recientemente declaró su admisibilidad formal respecto a la Megacausa y lo derivó al Juzgado de Sentencia 6ª. Recién la semana pasada las partes hicieron lo propio en el Juzgado de Caterina, que ahora analiza la formalidad del acuerdo respecto al crimen de Demarre. En caso de admitir el convenio deberá remitir el caso al Juzgado de Sentencia donde aún no se conoce quién será el juez sobre el que recaerá la solicitud de homologación del acuerdo.
Trámite abreviado
En el viejo sistema el juez de instrucción se encuentra a cargo de la admisibilidad del acuerdo y, según la norma, debe controlar el cumplimiento de los requisitos formales, es decir constatar los datos personales del imputado, fiscal y defensor, la existencia del hecho, la participación del firmante, la calificación legal recaída y la pena acordada. A ello se suma el consentimiento del involucrado. Si se admite el acuerdo el trámite lo continúa un magistrado de sentencia que tendrá a su cargo determinar la legalidad del mismo, según refirieron fuentes consultadas. En este caso el juez de garantía convoca a una audiencia donde toma conocimiento del imputado, le explica el procedimiento, sus alcances, consecuencias y requiere nuevamente la conformidad del acusado. El juez puede rechazar la solicitud si tiene una discrepancia con la calificación legal, refiere la norma procesal.
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