Italia se vio prácticamente paralizada ayer por una huelga realizada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la principal central obrera de la península, en protesta contra las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno de Silvio Berlusconi, que comenzaron a ser debatidas desde ayer en el Senado.
El paro de ocho horas por turno convocado por el sindicato de izquierda, que no recibió el apoyo de otros gremios moderados, tuvo especial incidencia en los transportes públicos, así como en los ferrocarriles y aeropuertos.
La medida logró colapsar casi por completo el país desde la9 alas 17, hora local. La protesta –que contó con manifestaciones en unas 100 ciudades italianas– afectó a los servicios de transportes urbanos, ferroviarios y aéreos, dejando al borde del caos el país con centenares de vuelos suspendidos. Los aeropuertos que más se resintieron fueron Fiumicino y Ciampino en Roma, donde se cancelaron hasta 100 de los 220 vuelos previstos. En los aeropuertos milaneses se suspendieron 144 vuelos, 106 en Malpensa y 38 en Linate.
El eje principal de la protesta tuvo lugar frente a la sede dela Cámarade Diputados, que a mediados de este mes deberá sancionar el último plan de recorte al presupuesto, aprobado en tiempo récord por el gobierno tres semanas atrás. Varias de las medidas más criticadas por los sindicatos fueron eliminadas del texto sometido a votación, aunque estas rectificaciones no consiguieron calmar a la opinión pública, que considera que el grueso del ajuste se vuelve a cargar sobre los ciudadanos.
La privatización de entidades estatales forma parte de un conjunto de nuevas medidas contenidas en el proyecto por un valor de 45.000 millones de euros, con el propósito de lograr un equilibrio económico en 2013. Entre otras reformas, el gabinete propuso congelar salarios de los empleados públicos, recortar los fondos de las entidades estatales e imponer el pago de una tasa sobre los depósitos bancarios de hasta 1.100 euros para las cuentas superiores a 500.000 euros. En caso de ser aprobado en el Parlamento, el nuevo plan de ajuste se añadiría a uno ya aceptado en julio último por un valor que asciende a 80.000 millones de euros.
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