Familiares de cinco mujeres y un hombre detenidos en el desalojo de una protesta en la esquina de Sarmiento y Santa Fe cortaron anteanoche el tránsito en San Juan y Paraguay, a metros de la comisaría 2a, y llevaron ayer la protesta hasta Tribunales, para exigir la liberación de los demorados y denunciar presuntos golpes y maltratos en el primer desalojo.
El conflicto se generó cuando un grupo de vecinos de la zona oeste que vienen reclamando por un plan de viviendas volvieron a protestar frente a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Se trata de 40 familias que habitan en un predio de Dr. Riva y Rouillón, que llevaron su reclamo a Santa Fe y Sarmiento, donde funciona el organismo provincial, protagonizando cortes de tránsito en las últimas semanas.
Pero la última de las movilizaciones terminó con desalojo y detenciones: el viernes alrededor de las 16.30 unos 30 efectivos de la Guardia de Infantería armaron un escudo humano y avanzaron contra los manifestantes, que rápidamente desarmaron el piquete.
La Policía llegó al lugar con una orden firmada por la Fiscalía tras una solicitud planteada por los abogados de la misma Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo por expreso pedido del secretario del Hábitat, Gustavo Leone. El organismo de Santa Fe 1145 había sido escenario de seis piquetes en 30 días, a lo que se fue sumando el malestar de comerciantes y vecinos del lugar, por los efectos del humo de la quema de cubiertas.
Vecinos que llevaban adelante el reclamo denunciaron “represión policial” durante el desalojo, con golpes a mujeres y niños. De hecho, según se planteó en la tarde de ayer durante una audiencia imputativa presidida por la jueza Raquel Cosgaya, entre la aprehensión, que tuvo lugar poco antes de las 17 de anteayer, y la detención efectiva, a las 23.30, hubo un bebé de ocho meses privado de la libertad; en tanto su madre lo buscó desesperadamente hasta poco antes de la medianoche, cuando se informó que los apresados estaban bajo custodia de la División Judicial de la UR II.
También expusieron que otra madre que sí había sido detenida y su bebé quedado en manos de un vecino, pidió amamantar a la criatura y se lo permitieron sin retirarle las esposas.
Poco antes de la audiencia, un nuevo corte tuvo lugar en el edificio de los Tribunales, exigiendo la liberación de los detenidos –cinco mujeres y un hombre–, ya que se desconocía la situación de los mismos.
Tras las imputaciones de la fiscalía, que no solicitó la prisión preventiva de los imputados pero sí una medida preventiva de prohibición de acercamiento al lugar de la protesta, la jueza Cosgaya resolvió otorgar la libertad y dar lugar al petitorio, por lo que dispuso que por 60 días y en un radio de cien metros, no se podrán acercar a las instalaciones de la citada Dirección Provincial.
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