Carina Ortiz
La violencia sexual e institucional fueron de la mano en un caso que trascendió la sala de audiencia de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, cuando el juez Rodolfo Alejandro Mingarini dejó en libertad a un hombre imputado por violación bajo el fundamento de que el sospechoso había utilizado un preservativo, y ese dato hacía que él no pudiera imaginarse la escena. Mingarini no dio valor al relato de la víctima porque, a su entender, si el abusador había frenado para ponerse un profiláctico, la víctima no estaba tan sometida. Eso, a pesar de la que figura de abuso sexual sólo requiere que no haya consentimiento para la comisión del delito. Al repudio social por la decisión basada en conceptos arcaicos, patriarcales y alejados de las convenciones internacionales que resguardan los derechos de las mujeres y valoran sus testimonios, le siguió una denuncia de 22 diputadas santafesinas ante la Procuraduría de la Corte Suprema de Justicia y el inicio de una investigación administrativa que lo tiene en la mira. El colectivo Ni Una Menos Santa Fe apunta ya hace unos meses contra Mingarini por otro fallo controversial: en marzo de 2020 dejó en libertad a un hombre acusado de quemar con agua hirviendo a su pareja. Ese fallo fue confirmado unos meses después por otro juez, Alejandro Tizón, el mismo que ahora tiene la tarea de dirigir la investigación en contra de Mingarini.
A fines de abril de este año, una mujer denunció un abuso sexual. La víctima relató que fue violada por un albañil que había trabajado en la cuadra de su casa. El sospechoso, que ingresó por la fuerza a la vivienda y la sometió sexualmente, fue imputado por el hecho el 30 de mayo pasado.
Pero el juez Rodolfo Alejandro Mingarini lo dejó en libertad con algunas restricciones. Al dar los argumentos de su resolución, dijo: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. Es ahí donde me genera la mayor duda”. No satisfecho con esta argumentación agregó: “no puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando está sometiendo a la víctima, la verdad que no lo encuentro…”
Contra toda lógica y apego a las normas que regulan los derechos y garantías que amparan a mujeres, el juez cuestionó a la víctima y basó su decisión en conceptos machistas y alejados de las concepciones vigentes en cuestiones de género. Ello demostró la cabal falta de aplicación de la ley Micaela —que establece la capacitación obligatoria en género para todos los funcionarios públicos que integran los tres poderes del Estado— y reavivó el reclamo de una reforma judicial feminista que aplique una perspectiva de género de manera transversal.
La reacción
La decisión judicial tomó rápida trascendencia pública, especialmente de la mano de organizaciones feministas, lo que le valió a Mingarini un repudio generalizado. A ello se sumó la denuncia de 22 diputadas provinciales que el pasado 4 de junio hicieron una presentación ante la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que se investigue y sancione al juez. Las legisladoras explicaron que el decisorio “evidencia la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial” y agregaron que están convencidas que un juez no puede dejar en libertad a un imputado por abuso “utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo”. Dijeron que esta conducta no hace más que “reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir”.
El caso derivó en el inicio de una investigación administrativa, tras un pedido del procurador Jorge Barraguirre y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe designó como instructor al juez Alejandro Tizón. En diálogo con La Cazadora la diputada provincial Lionella Cattalini contó que tras la presentación se reunieron con el procurador, quien mostró su predisposición a impulsar la investigación. “Nos quedamos con ese compromiso y vamos a estar siguiendo el caso”, refirió.
La legisladora recordó que Barraguirre tiene presente el antecedente de Santo Tomé, donde este mismo magistrado dejó en libertad a un hombre acusado de quemar con agua caliente a su pareja, planteo que en su momento realizó el colectivo Ni Una Menos Santa Fe.
Cattalini destacó que tienen pendientes reuniones con la Corte Suprema de Justicia y las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa respecto a la implementación de la Ley Micaela y agregó que si bien se viene avanzando en la materia, en el Poder Judicial hay que agilizarlo y después tener mecanismos de control.
Consultada por el reclamo de una reforma judicial feminista, que este año ganó fuerza, la diputada valoró que el movimiento feminista haya logrado hechos impensados. “No sólo se lograron cambios sociales, también en las leyes. Falta ahondar en las instituciones y la Justicia es una de ellas”, dijo. Cattalini aseguró que se avanzó mucho pero falta incorporar estos conceptos a la función diaria.
En cuanto a la causa penal que desató el escándalo, la fiscalía a cargo de Celeste Minniti, Alejandra Del Río Ayala, Matías Broggi y Roberto Olcese apelaron la decisión y pidieron que se anule y se dicte la prisión preventiva contra el imputado. Los funcionarios cuestionaron duramente los fundamentos del magistrado, entre otras cuestiones por analizar erróneamente las evidencias o hacer referencia al grado de violencia ejercida cuando el tipo penal sólo requiere que no haya consentimiento para la comisión del delito. Además, explicaron que el decisorio muestra un razonamiento con total ausencia de perspectiva de género y con conceptos estereotipados de cómo debe comportarse una víctima ante una agresión sexual, a la vez que saca conclusiones que no se apoyan en las pruebas del caso.
Otras intervenciones polémicas
Mingarini intervino en otra causa que generó polémica en marzo de 2020, cuando dejó en libertad a un hombre que arrojó agua hirviendo a su pareja en Santo Tomé y le quemó la mitad del cuerpo. La decisión fue apelada y algunos meses después el camarista Alejandro Tizón, que hoy tiene a su cargo la instrucción de la investigación administrativa contra Mingarini, confirmó la resolución que dispuso la libertad del imputado.
Según trascendió, el procurador Jorge Barraguirre solicitó estas actuaciones e inició una segunda investigación sobre la conducta del magistrado en esa causa.
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