Una treintena de intendentes y presidentes comunales de la región se reunieron ayer en la sede rosarina del sindicato de Luz y Fuerza, donde plantearon las “dificultades” para afrontar la suba salarial escalonada del 20 por ciento que hoy formalizará en la ciudad de Santa Fe el plenario de intendentes encabezado por Rosario y Santa Fe, con el fin de atender el reclamo de los trabajadores municipales nucleados en la Festram, que después del paro de 72 horas retoman hoy sus tareas habituales. En el encuentro de intendentes de ciudades de menor cantidad de habitantes se aclaró que estaban de acuerdo con ese incremento a sus empleados, pero adujeron “serios problemas de recursos” para afrontarlo. En rigor, se conformó una comisión de representantes comunales que intentará reunirse con el gobernador Hermes Binner para que, en caso de encontrar luz verde en la Legislatura, se los incluya en el fondo para la recomposición salarial.
“Necesitamos que se aumente la coparticipación provincial para recibir fondos genuinos que nos den margen para pagar la suba de sueldos”, repitieron los intendentes y los presidentes de comunas, quienes acordaron elevar un documento a la Legislatura y al propio mandatario santafesino para que consideren la problemática planteada. Pérez, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Carcarañá, Las Rosas, Esperanza, Puerto San Martín, San Jerónimo, Las Parejas, San Genaro, Cañada de Gómez y Fray Luis Beltrán son algunas de las municipalidades que hicieron causa común para solicitar una ayuda financiera que les permita pagar reajustes salariales.
Mauro De Cándido, intendente de Carcarañá, indicó: “No sólo no podemos afrontar el aumento salarial, que creemos justo, sino que ya tenemos problemas para prestar servicios”. Consultado por este diario sobre el proyecto de ley que busca crear un fondo para pagar subas salariales y que ya cuenta con media sanción en Diputados, De Cándido sostuvo que ese proyecto como está hoy los deja afuera. De todos modos, durante la reunión de ayer reinó el escepticismo en cuanto a la posibilidad de que finalmente este proyecto de ley sea aprobado por la Legislatura.
“El primer artículo de ese proyecto habla de crear un fondo para atender el incremento de erogaciones salariales de los empleados públicos de la administración provincial, pero no de municipios y comunas”, indicó el intendente de Carcarañá. Otro de los planteos giró en torno al Fondo de Obras Menores.
“Cuando se habla de la disponibilidad del 50 por ciento del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, como contempla el proyecto del fondo salarial, hay que decir que éste es un recurso legítimo de los municipios, y tener que disponerlo para pago de salarios no nos ayuda porque no vamos a poder utilizar esa masa de dinero para hacer obras tan necesarias para los vecinos”, dijo De Cándido.
“Además, los municipios no accedemos directamente al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), que es un fondo que vamos a tener a través de un adelanto de coparticipación, con lo cual no nos resuelve nada”, agregó.
Darío Corsalini, intendente de Pérez, sostuvo que no se trata de un problema de uno u otro partido político. “Nos gustaría que realmente nos tuvieran en cuenta a la hora de definir cuestiones que involucran a municipios y comunas”, solicitó.
Entre los puntos del documento redactado ayer al término de la reunión, los intendentes pidieron un incremento del 20 por ciento del Fondo Federal Solidario, llevando su distribución al 50 por ciento para municipios y comunas y 50 por ciento para la provincia. Si bien esta medida fue aprobada en la Legislatura, luego fue vetada por la administración socialista.
Tanto Jorge Muralito, de Villa Gobernador Gálvez, como José Pedretti, de Roldán, indicaron que es necesario que la provincia aumente “aunque sea un punto” la coparticipación a municipios y comunas.
En el escrito elevado a la Casa Gris se exige la modificación de las alícuotas de coparticipación del 8 al 9 por ciento, es decir, un 1 por ciento más a municipalidades de primera y segunda categoría, según la cantidad de habitantes. Y la distribución del 3 al 3,5 por ciento para las comunas.
Los intendentes de ciudades pequeñas también rechazaron la reducción del 5 por ciento de la posibilidad de desgravar con Ingresos Brutos el Derecho de Registro e Inspección (Drei).
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