La decisión orgánica de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina de avanzar en la prevención de la discriminación, el acoso y toda forma de violencia hacia las mujeres y personas LGBT+ permitió que se produjeran dos protocolos de actuación. Uno de ellos está pensado para el ámbito laboral; el otro involucra a afiliados/das de la Central y ambos, como herramientas, son un hecho inédito para una organización de la clase obrera-trabajadora que viene atravesada por la cultura y la lógica patriarcales. La calificación de inédita e histórica para la decisión no es exagerada. Conmueve tanto la estructura como la cotidianeidad laboral y aportará al cambio de la subjetividad social.
30 años de camino
Pero hay que decir que para llegar a este momento con los dos textos en manos de las organizaciones de base de la CTA-T, pensados y producidos desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades que a nivel nacional conduce Estela Díaz junto al equipo jurídico de la Central, antes pasaron algunas cosas. La organización asistió a ese momento que pareció una explosión del movimiento de mujeres y feminista, el 3 de junio de 2015, cuando la sensibilidad social se estremeció por completo: todos los sentidos despertaron ante la masividad de la marcha convocada por NiUnaMenos. Atrás había más de 30 años de camino, de trabajo, de articulación del movimiento de mujeres, de dolores, de femicidios, de conciencia cada vez más profunda de la sociedad por el carácter clasista, asesino y patriarcal de la dictadura cívico-militar. Y si bien el movimiento de mujeres y los propios encuentros nacionales fueron minimizados, estigmatizados e invisibilizados, el recorrido no se detuvo, al compás del gobierno de Mauricio Macri, que trajo empobrecimiento y desigualdad. Y todo entró por los poros de la Central. También las marchas, pañuelazos, acampes por el aborto legal, seguro y gratuito y más cercanamente el MiráComoNosPonemos y las denuncias de las mujeres en todos los ámbitos que ya no querían callarse.
Mirada integral
Dos días antes del último 8M, la Mesa Nacional de la CTA-T aprobó los protocolos de “Prevención y Acción para las organizaciones sindicales en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género contra las mujeres y personas LGBT+ en el ámbito laboral”, y el que involucra a afiliadxs de la Central. Es fácil imaginar que se llegó hasta aquí con tensiones, con alguna que otra descalificación por la “pérdida de tiempo” que supone la realización de talleres de sensibilización y capacitaciones en la temática. También por expresiones de desacuerdo ante el uso de las formas del lenguaje inclusivo. La CTA-T sabe que es imposible pensar en NiUnaMenos con un modelo de desigualdad, por eso define su política para vencerlo y reemplazarlo. En esa lucha contra el capitalismo, en esta etapa neoliberal, ultraconservadora y hasta fascista, que se sirve de la desigualdad entre los géneros, es más importante que nunca tener una mirada integral de cuál debe ser el carácter de la lucha de los sectores obrerxs, trabajadorxs y populares: anticapitalista, profundamente unitaria y antipatriarcal. El primero de los protocolos que se aplica al ámbito laboral es un marco, un documento orientador para las organizaciones sindicales que forman parte de la Central, que como lo expresa el mismo texto, deberá adecuarse y adaptarse a las especificidades de cada entidad, a las legislaciones y normativas provinciales y locales y a los convenios colectivos de trabajo cuando sean más beneficiosos para las trabajadoras y los demás colectivos de la diversidad. La presentación del protocolo incluye en su marco normativo el amplio repertorio de reconocimientos de derechos humanos, laborales, civiles y penales de las mujeres y personas LGBT+ que existe en la Argentina. Pero aún con la amplia normativa, el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación en el ámbito del trabajo siguen siendo prácticas muy extendidas que se profundizan en épocas de recesión y desempleo.
La responsabilidad del Estado
La redacción de los protocolos no pasó por alto la responsabilidad de los Estados en la tarea de prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia, pero a la vez la CTA-T, como una de las partes actoras y dinámicas de la sociedad, se comprometió a tener incidencia en su ámbito de actuación. Es importante decir que el primer protocolo incorpora, también, la temática de la violencia laboral y del acoso contra todas las personas en el mundo del trabajo, cuya forma de intervención es similar a la que se prevé para la discriminación o violencia por razones de género. Se espera que en el próximo mes de junio la Organización Internacional del Trabajo trate y apruebe un convenio sobre “Violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo”. El Protocolo para las organizaciones sindicales incluye todas las formas reconocidas de violencia y discriminación: física, sexual, psicológica, simbólica, económica y patrimonial y las modalidades que adquiere en lo doméstico, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática y recuerda que los expertos de la OIT, en 2016, indicaron que la violencia y el acoso pueden manifestarse de manera horizontal o vertical y proceder de fuentes internas y externas, en el sector público o privado, en la economía formal o informal. A la vez tiene como principio, el de promover el resguardo de los puestos de trabajo y limitar los daños a las personas trabajadoras, con la admisión por parte de todos los actores sociales involucrados, especialmente las organizaciones sindicales, el sector empleador y el Estado.
Prevención, herramienta fundamental
Una vez establecidos los ámbitos de aplicación, por ejemplo el de una determinada entidad sindical y las personas comprendidas, también se señala a qué se refiere el ámbito laboral: el lugar de trabajo físico o establecimiento, el trayecto hacia y desde el trabajo, los hechos sociales relacionados con el mismo, los espacios públicos y el hogar en el caso de las y los trabajadores deslocalizados. Además se incluye a las y los trabajadores de la economía informal. El protocolo para las organizaciones sindicales en el ámbito laboral prevé la creación de espacios, programas o comisiones integradas por especialistas en temas de acoso, discriminación y violencia por razones de género donde las personas interesadas puedan concurrir a solicitar asesoramiento, asistencia, colaboración y/o intervención. Son numerosas las aristas y situaciones que pueden presentarse durante la intervención sindical que siempre deberá ser acordada con la persona denunciante, ya que se intentará lograr el restablecimiento de las condiciones laborales que existían antes del o de los hechos que originaron la denuncia. Por otra parte, en el protocolo que involucra los casos de “Discriminación, Acoso y Violencia por razones de género contra mujeres y personas LGBT+ por parte de afiliadxs de la CTA-T”, se aclara que la Central no adscribe como respuesta única al punitivismo o a la judicialización y por eso siempre está el planteo de las tareas de prevención, sensibilización y cambios de conducta. Sin embargo, una vez que la discriminación o la violencia están instaladas es importante contar con instrumentos de actuación: “Porque no podemos dejar que nos gane el desaliento ni la improvisación frente a cada caso y mucho menos la impunidad”, dice el texto que recuerda que el objetivo es garantizar, al interior de la organización, el pleno respeto a los derechos humanos, la igualdad de géneros y la no discriminación por estas razones de las mujeres y personas LGBT+. En este caso se constituirá una comisión especial de intervención cuando quien denuncie sea integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional, lo solicite un sindicato u organización afiliada, lo pidan las Comisiones Ejecutivas de las CTA-T provinciales, regionales o locales y ante el requerimiento de la persona afiliada denunciante, con el conocimiento y articulación con su organización de base. Después de una suerte de investigación, según los principios de celeridad, contención, escucha activa, no revictimización, accesibilidad, imparcialidad y perspectiva de género se resolverán las acciones a llevar adelante que pueden incluir sanciones –apercibimiento, suspensión, expulsión–, medidas preventivas o la desestimación de la denuncia.
*Secretaria Adjunta Sindicato Prensa Rosario
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