Cuando ya se anunciaba el Tercer Paro Internacional de Mujeres, que tendría lugar el último 8 de marzo, la central sindical CTA de los Trabajadores dio lugar a un hecho inédito para las filas gremiales nacionales: la aprobación unánime de un protocolo de prevención y acción en todos aquellos casos de discriminación, acoso y cualquier tipo de violencia de género contra mujeres y personas LGTBIQ. Al mismo tiempo se aprobó otro protocolo con lineamientos que regirán cuando haya algunas de las violencias señaladas en el ámbito laboral, para que sea incorporado a los sindicatos durante las negociaciones colectivas. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA fue una de las impulsoras de la iniciativa. En su momento, Díaz señaló que lo que más pesó siempre son las “compañeras que tenían que irse de la organización porque no soportaban las presiones de todo tipo a las que se veían sometidos a través de acosos”. En términos generales, el protocolo establece que de producirse una situación como las descriptas, se hará un informe dentro de los 15 días siguientes que tendrá como destino la Secretaría General, que será quien se encargue de decidir el tipo de intervención que se llevará a cabo según el caso de que se trate y que podría incluir una denuncia penal si así lo requiriera. Al mismo tiempo, el protocolo incluye otras medidas que van por el lado de la prevención, la sensibilización y, si el caso lo amerita, la separación del dirigente de su cargo. La idea que subyace en la confección de este protocolo es que se apunta fundamentalmente a correrse del muchas veces inútil punitivismo y se intenta consolidar un cambio cultural que se traduzca en modificaciones de conducta, sin perjuicio de que promueva alguna demanda judicial.
Una disposición para un momento crucial
También el documento promueve que se conforme una comisión especializada de intervención que pueda actuar en una situación producida en algunos de los gremios afiliados a la CTA. Antes de la votación, que ocurrió en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA, se debatieron distintas consideraciones acerca de las características de la conformación del protocolo. La aparición de un protocolo para la violencia de género en una de las centrales sindicales más grandes es un hecho más que auspicioso, toda vez que apenas un par de gremios, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad de Buenos Aires y el de Prensa de la provincia de Neuquén cuentan con los suyos, pero es notorio que en la mayoría de los espacios sindicales todavía no existen recursos como estos para abordar los casos de violencia machista. El protocolo será sometido ad referéndum para darle mayor potencia normativa en el próximo congreso de la CTA que tendrá lugar cerca de fin de año (2019), con la intención de que sea incorporado a las disposiciones generales de la central. Y por otro lado la idea es convocar a las conducciones provinciales y a los sindicatos de base para que se preocupen por implementar mecanismos similares. El protocolo aparece en un momento crucial donde abundan las denuncias sobre discriminación y violencia machista y donde no pocos hombres pertenecientes a distintos gremios que participan de esta central insisten en que debe implementarse cuanto antes ya que se reciben innumerables denuncias. Ya hacia fines de 2017, la Central de trabajadores asumió un compromiso para la erradicación de la violencia de género. El documento definió herramientas para abordar la violencia de género y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en las organizaciones sindicales. También apuntaba a elaborar un protocolo de intervención, que definiera mecanismos y acciones a seguir cuando la violencia la ejerce un miembro de la Central y algún otro instrumento que sirviera cuando la violencia ocurriera en el ámbito laboral.
Dos protocolos
Los documentos emanados del debate en la Central Sindical consta en realidad de dos cuerpos: el Protocolo de prevención y acción en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género contra las mujeres y personas LGBT+ por parte de integrantes de la CTA T, y el Protocolo marco de prevención y acción para las organizaciones sindicales en casos de discriminación, acoso y violencia de género contra las mujeres y personas LGBT+ en el ámbito laboral. Ambos forman un conjunto metodológico en la materia con el documento aprobado en 2017, donde se detalla el marco normativo, la caracterización de la problemática, los lineamientos de acción y el establecimiento de mecanismos de prevención.
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