Por: Pablo Moscatello
La Justicia declaró a principios de marzo inconstitucional la ley 12.964 a través de la cual la provincia expropió el edificio de Tucumán 1339 del ex hipermercado Tigre, en favor de la cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha, donde actualmente funciona el Centro Cultural La Toma. El fallo fue promovido por la sindicatura que lleva adelante la quiebra del ex hipermercado argumentando que los emprendimientos instalados en el predio “no tienen viabilidad económica”. “Esto es vergonzoso, porque pasa por alto los fundamentos de la ley de expropiación que se basa en la función social de las actividades que aquí se despliegan”, sostuvo al respecto y en diálogo con El Ciudadano Carlos Ghioldi, uno de los referentes del proyecto. En rigor, el hecho no hace más que volver a poner en alerta a las 120 personas que actualmente viven del funcionamiento de la cooperativa, quienes ya adelantaron que van resistir la medida y convocaron a una movilización para el próximo lunes.
La normativa que el juez Pedro Boasso (a cargo del juzgado Civil y Comercial Nº 16) declaró inconstitucional había sido aprobada en diciembre de 2008 y promulgada por el gobernador Hermes Binner en febrero del año pasado. Llegar a tal resultado había sido fruto de un proceso iniciado en 2004 con la aprobación de la primera ley de expropiación en la Legislatura provincial. Esa ley ya declaraba “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble de Tucumán al 1300.
Sin embargo, ahora, el reciente dictamen plantea entre sus fundamentos que “el accionar de la provincia aparece claramente contradictorio” diciendo que la misma “permaneció inactiva durante mas de dos años”. “Luego de ser intimada bajo apercibimiento, ofrece un monto en concepto de indemnización. A posteriori, consiente la aprobación del monto indemnizatorio, pero no paga, y pocos meses más tarde el órgano especializado en dictaminar acerca de la viabilidad de la explotación, el Ministerio de la Producción, lo hace desfavorablemente”, argumentó el magistrado.
Posteriormente, Boasso sostuvo que “la provincia vuelve dos años después a declarar la necesidad de utilidad pública con referencia al mismo inmueble y adjudicándolo al mismo beneficiario, sin aportar nuevos elementos”. Además, indica que “lo hace sin demostrar que haya dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma, como es la presentación de un programa de explotación del establecimiento a través del cual el Estado pueda asegurarse que existe una mínima factibilidad del proyecto”.
La declaración de inconstitucionalidad fue promovida por la sindicatura del concurso de acreedores de la quiebra del ahora ex hipermercado Tigre que, remarcó Ghioldi, en su momento permitió que esa empresa se endeudara por un monto 80 veces superior al valor de su patrimonio. Sin embargo, ahora la sindicatura promovió la declaración de inconstitucionalidad argumentando que los emprendimientos instalados en el predio no tienen viabilidad económica. “La sindicatura que fue cómplice de un vaciamiento escandaloso habla de falta de viabilidad económica. Pero además, los fundamentos de la ley de expropiación, que fue votada por unanimidad, se basan en la función social”, sostuvo ayer Ghioldi en diálogo con El Ciudadano.
Historia y presente
La historia de la conformación de la cooperativa tiene su inicio a fines de julio de 2001, cuando los trabajadores ocuparon el edificio de Tucumán al 1300 en reclamo del pago de deudas salariales e indemnizaciones y en el marco del proceso de quiebra de la cadena de supermercados Tigre que pertenecía al empresario Francisco Regunaschi. Por entonces habían quedado en la calle alrededor de 700 personas. Lo cierto es que un grupo de esos empleados se organizó y comenzó a luchar para establecer una cooperativa que les devolviera el trabajo, algo impensable de conseguir de otra manera en esa época.
Hoy, ocho años después, el Centro Cultural La Toma alberga a 120 trabajadores entre cooperativas y microemprendedores, un comedor popular y es escenario de innumerables actividades culturales que se desarrollan día a día en ese espacio.
En concreto, en su amplio local funciona un estacionamiento con lavadero de autos, un mercado, una carnicería y un bar, donde trabajan alrededor de 35 personas, quienes perciben un salario promedio de 2.250 pesos. En tanto, en su interior también se alberga a una cooperativa de costureras, otra de calzado deportivo, de pelotas de fútbol y además una de alimentos de la Vía Campesina, siendo éstos emprendimientos que son el sustento de otras 20 familias. Finamente, a esos proyectos hay que sumarle la existencia de alrededor de 70 microemprendedores, quienes producen bajo el “cobijo” de la Subsecretaría de Economía Solidaria del municipio.
En tanto, la parte superior, donde antes funcionaba el patio de comidas del hipermercado, hoy alberga un comedor popular y estudiantil con precios que buscan ser acordes con el bolsillo de estudiantes y trabajadores.
Por la tarde, el bar de la planta baja comienza a llenarse de jubilados. Son mujeres que juegan al burako y hombres que hacen lo mismo con las cartas, que fueron expulsados de distintos bares que no admitían tener toda la tarde una mesa ocupada con un café. “Acá están toda la tarde con un café con leche y dos churros y es un espacio de encuentro también para ellos”, explica Carlos Ghioldi.
También tienen su sede la Mesa Coordinadora de Jubilados, el Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, una comisión gremial, un centro de atención que es una cooperativa de psicólogos, además de las actividades culturales que se tienen lugar a diario. “Todo lo que hicimos se basa en un criterio solidario”, finaliza Ghioldi, quien también estimó que por día pasan por el inmueble alrededor 400 personas.
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