Ciudad

Empalme Graneros

Un castigo que no tiene fin

Una investigación federal y provincial derivó en un allanamiento y el rescate de dos niñas y una adolescente que se cree eran sometidas a explotación sexual. Por el caso están presos un hombre de 81 años, y una mujer que es mamá y tía de las víctimas.


Una internación médica, una doble investigación que arrancó en Justicia Federal y una discreta vigilancia terminaron develando una sórdida trama en la que una situación de vulnerabilidad social derivó sin escalas en un caso de corrupción y abuso cuyas víctimas tienen 11, 12 y 17 años.

La saga tomó estado público ayer, cuando en un allanamiento a una humilde vivienda del barrio Toba quedó detenida Estela G., de 37 años, madre de una niña y una adolescente y tía de otra niña. La mujer afrontara hoy una audiencia imputativa por facilitamiento de la prosttución y otros delitos, cuyas víctimas son sus hijas y su sobrina. En tanto, por el mismo caso quedó detenido Carlos César M., de 81 años, con domicilio en barrio Alberdi, quien también hoy deberá afrontar cargos derivados de la investigación, que según trascendió incluyó seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas para develar lo que estaba ocurriendo.

Según las primeras informaciones que entregaron las autoridades, el arresto de la mujer se concretó tras un allanamiento en una vivienda de Juan José Paso y las vías, en Empalme Grandero. El operativo fue encabezado por Gendarmería Nacional y la Policía de Investigaciones, a pedido de la Fiscalía provincial y a instancias de una investigación iniciada por el jefe del área de Inteligencia de la PDI, comisario Daniel Corbellini.

El propio Corbellini confirmó que en el pasado mes de mayo fueron informados, en base al dato aportado por el sistema público de salud y por vecinos de la zona norte, que habría nenas menores de edad que estarían siendo explotadas sexualmente por un mayor. Una de ellas había estado internada en un efector público.

“Luego de la denuncia que recibimos en mayo presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y también había  un trámite judicial en la Fiscalía Federal a cargo de Santiago Marquevich”, describió Corbellini. Explicó que tras el trabajo conjunto entre Gendarmería, la PDI y las dos Fiscalías “se llegó al punto de determinar la responsabilidad de esta persona mayor de edad”, en referencia a Carlos Cesar M.

Agregó que “por parte de las nenas hay una familiar (en referencia a Estela G.) de ellas que está detenida, quien es madre de dos de las chicas y tía de la otra menor”. Respecto otra vez al hombre, dijo que fue apresado tras allanar su vivienda ubicada en Blas Parera y Rondeau, en barrio Alberdi.

Según trascendió, la Fiscalía federal había iniciado la investigación ante un presunto caso de trata de personas. Pero a medida que se recopilaba información, los investigadores comprobaron que se trataba de una compleja situación familiar y de vulnerabilidad social. El caso, entonces, correspondía a la Justicia provincial, que también lo había tomado con la sospecha de explotación sexual.

Según las fuentes consultadas ayer, el involucrado, Carlos Cesar M., pactaba con Estela G. para mantener relaciones con las victimas. El hombre, que no pertenecería al entorno familiar pero tendría una relación de conocimiento “de larga data” las pasaba a buscar por la casa de la mujer y luego las volvía a llevar. El cuadro de las chicas es delicado ya que, aparentemente, la situación se repitió por mucho tiempo.

Los adultos están acusados por el delito de “facilitamiento, corrupción y abuso de menores”. Las víctimas, la arista más delicada, quedaron a disposición de la Dirección Provincial de la Niñez: tras entrevistarse con una hermana de la detenida, es decir, con la mamá de una de las nenas y tía de las otras dos, y con la abuela de las tres, los quipos del área admitieron –y así se resolvió– que quedaran a su cuidado y regresaran a su entorno. Todas habitan en casas linderas en un mismo pasillo.

“Ambas dijeron ser ajenas a la situación”, explicó la titular del área de Niñez, Fabiola Piemonte, quien explicó que la brusquedad de la situación, en el marco la intervención de las fuerzas federales y policiales, impulsó la decisión, que se mantendrá a menos que la acusada recupere la libertad. “En ese caso se revisará la decisión del alojamiento”, explicó.

Complejo

“Estos casos ocurrieron siempre, pero ahora se están visibilizando más. Antes estaban rodeados de profundo silencio en las familias, el «De esto no se habla». Pero todavía sigue siendo un laberinto poder desbaratar estas situaciones con contención a las víctimas y protección a denunciantes y testigos”, lamentó Alejandra Fedele, referente del Movimiento Evita. A través de sus millitantes barriales, el sector viene acumulando experiencia e intervenciones en casos de abordaje complejo y difícil resolución. Para mostrar cuánto, menciona su presunción de que la mujer detenida ayer atravesó por la misma situación que terminó replicando con sus hijas y su sobrina. “Ella misma es una víctima aunque eso no la exime de responsabilidad”, marcó. Y también puso énfasis en la “naturalización” que existe hacia adentro de las familias y de los propios barrios, donde las sospechas son generalizadas pero la reacción se da recién cuando toma estado público.

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