Más allá de los argumentos técnicos sobre el cronograma de pago a los holdouts, el fallo del juez Thomas Griesa actúa como un relato inédito, viniendo de un magistrado estadounidense, sobre las costumbres de gobierno en la Argentina.
El mismo Griesa, que concluye ordenando pagar 1.330 millones de dólares a los holdouts junto con los 3.140 millones de dólares de deuda reestructurada que vence en diciembre, claramente se tomó el tiempo en su fallo para explicar la irritación que le produjo el haber comprobado que el gobierno argentino nunca pensó en cancelar un solo dólar de esos títulos que no entraron al canje, ni siquiera aunque se garantizaran las mismas condiciones que a los que sí lo hicieron.
No es común para la clase política argentina que un fallo extranjero avance tan directamente sobre las conductas del presidente de la Nación, ni antes ni ahora con Cristina de Kirchner. Está claro que la situación es extraordinaria, pero puede decirse también que no es normal que los presidentes sean aludidos en sentencias en la forma en que el neoyorquino lo hizo personalmente con la presidenta.
El “relato” de Griesa parte de una realidad concreta que produce sorpresa en el exterior: el juez se asombra en su fallo al comprobar que “los más altos funcionarios de la Argentina” declararan que se pagaría a los bonistas, pero nunca un peso a los holdouts.
La prueba de esa sorpresa y muestra del problema en el que está metida la Argentina y que pocos parecen comprender es el diálogo que mantiene el propio Griesa con los abogados del país cuando pide, según él mismo relató, que le confirmaran en al menos dos ocasiones si eran ciertas las declaraciones que la prensa le atribuía a Cristina de Kirchner sobre su negativa a pagar a los bonistas rebeldes.
Y los abogados no tienen otra salida que terminar confirmándolo en medio de evasivas que el propio anciano magistrado describe casi con deleite. No sabía Griesa que en ese acto estaba describiendo claramente algunas de las costumbres más típicas del gobierno local.
No saben en la Argentina que el valor de la palabra, aunque más no sea en su aspecto más formal, está en el centro de la validación de actos o su juzgamiento en la política de los Estados Unidos. Y de ahí se agarra Griesa al supervisar con puntillosidad los mensajes que le llegaron de Cristina de Kirchner a través de los medios.
Cuando corroboró la negativa final del gobierno a pagar “algo” a los holdouts, como se vio en actos y presentaciones, activó casi con furia la sentencia, después de años de procesar, frenar o activar, avances de los bonistas demandantes, un ritmo que lo equiparó por momentos a diligentes jueces locales.
Alfonso Prat Gay resumió con precisión la reacción contenida que esconde ese fallo: “Griesa sugiere un curso de acción impracticable. Pagarles a los bonistas que quedaron fuera del canje en los términos que exige el fallo es sencillamente imposible”, dijo, y propuso lo que, a la luz de la doctrina del gobierno parece imposible: “El mejor curso de acción es demostrarle a Griesa o a las instancias superiores que el fallo es perjudicial para todos los actores involucrados”.
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