La mesa de diálogo por la reforma procesal penal se reunirá por primera vez esta mañana enla Casa Gris, presidida por el gobernador Hermes Binner. Participarán los ministros de Gobierno Antonio Bonfatti –sucesor electo de Binner–, de Justicia Héctor Superti y de Seguridad Álvaro Gaviola, miembros dela Corte Supremade Justicia de la provincia y del sindicato judicial, entre otros. El tema a abordar es la puesta en marcha definitiva del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
La reunión inaugural de la mesa de diálogo, creada por el gobernador mediante el decreto 1.950 y constituida por distintas instituciones y poderes del Estado, tiene como finalidad tratar los aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo proceso penal, sancionado en 2006 y aún en etapa de transición.
El gobierno quiere dar un fuerte mensaje ala Legislatura–que sesionará por la tarde (ver aparte)– para apurar el tratamiento del proyecto por el cual se crean 610 cargos para dotar de personal a los nuevos organismos judiciales: el Ministerio Público dela Acusación, el Servicio Provincial de Defensa y los tribunales penales.
Binner, Superti y Bonfatti plantearán al resto de los actores involucrados que el Ejecutivo ya cumplió con su parte y reclamarán que el Senado termine de sancionar la ley que crea los cargos, votada hace un mes porla Cámarade Diputados. “La responsabilidad de la reforma es de todos, el Ejecutivo ya hizo lo suyo. La mesa va a dejar en evidencia en qué se avanzó y qué falta todavía”, dijeron ayer fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia.
La reunión está prevista para las 10 en el despacho del gobernador enla Casa Gris.Además de los funcionarios del Ejecutivo y de las autoridades del Poder Judicial estarán el fiscal general de la provincia Julio De Olazábal y el defensor provincial Gabriel Ganón. Si bien están invitados, hasta ayer no se conocía con certeza si se sumarían al encuentro representantes dela Legislatura.
“En primer término se invitará a los asistentes a presentar un estado de situación sobre las tareas a su cargo respecto de la implementación del nuevo sistema de Justicia penal, para luego abrir el diálogo en los términos y con los alcances previstos en la reglamentación aplicable”, indicaron desde el Ministerio de Justicia, en cuyo ámbito funciona este nuevo organismo creado por decreto.
En esa normativa –firmada a principios de octubre en el marco de una nueva prórroga de la entrada en vigencia en forma plena del sistema penal oral– se invita al Ministerio Público dela Acusación, al Servicio Provincial dela Defensapenal, ala Corte Supremay por su intermedio al fuero penal, al sindicato de empleados del Poder Judicial, a la comisión bicameral de seguimiento de la reforma procesal penal, ala Procuracióngeneral de la provincia “y a otras entidades que en algunos aspectos puedan tener injerencia en este difícil pero imprescindible proceso a conformar una mesa de diálogo permanente en el ámbito del Ministerio de Justicia a los fines de tratar los aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo Código Procesal Penal”.
Las reuniones de la mesa de diálogo están previstas cada 15 días. “La importancia de este nuevo espacio radica en que no sólo mostrará una radiografía de los avances de la reforma y los grados de cumplimiento de cada uno de los sectores involucrados, permitiendo a la ciudadanía tomar conocimiento acabado de lo que ocurre en este tema tan importante, sino que viabilizará la cooperación interinstitucional de cara a la puesta en marcha definitiva del nuevo proceso”.
Según sostuvo el ministro de Justicia Héctor Superti, “la implementación del sistema de enjuiciamientos penales de corte acusatorio es, dado todo lo que se ha avanzado hasta ahora, una tarea compartida”. En la reunión de esta mañana le harán ese planteo al resto de los sectores involucrados y, así, el gobierno de Binner intentará dar un nuevo paso hacia la implantación integral de la reforma, uno de los principales objetivos de su gestión, demorada –de acuerdo a las reiteradas quejas del Ejecutivo– por los sectores más conservadores del Poder Judicial. Y, en parte, por la oposición legislativa, que aún no terminó de sancionar la creación de cargos para que se pueda poner en marcha el nuevo sistema.
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