Por Julia Irigoitia
En los últimos días, Empalme Graneros estuvo presente en todos los medios nacionales como el retrato de la crisis de violencia que vive Rosario. El asesinato de Máximo y la reacción de los vecinos tras el entierro fueron los detonantes. Lo que pasó nos duele a todos aquellos que habitamos y amamos el barrio. Para nosotros, Empalme es el espacio de los sueños, del encuentro y de la lucha por construir una ciudad que nos contenga. Eso es lo que queremos recuperar.
El trabajo que hacemos desde la Biblio Popular Empalme Norte hace más de doce años me permitió conocer lo bueno y lo malo de ese rincón del noroeste rosarino. No hay dudas de que el déficit en seguridad se palpa muy intensamente ahí, donde se concentró el mayor porcentaje de homicidios durante el año pasado. Asimilar el barrio con las muertes y el narco es una tentación fácil para los medios que buscan mayor audiencia y para los políticos que solo piensan electoralmente. Pero es algo muy injusto y muy dañino para la gente que vive en Empalme todos los días.
El problema es serio y lleva muchos años. Por eso, hay que tratarlo con sensatez y sabiendo que las soluciones requieren de un esfuerzo prolongado, cotidiano y sostenido. No sirven de nada las definiciones escandalosas y las propuestas tan rimbombantes como impracticables. Lo que menos necesitan los rosarinos y rosarinas es que se los engañe.
Los anuncios del presidente de la Nación fueron una señal de escucha. Una respuesta a un reclamo que hace rato veníamos haciendo. Sin embargo, no hay que tomarlos como la solución definitiva. Son una contribución, el inicio de un camino para bajar los niveles de violencia y fortalecer la presencia del Estado desde todas sus dimensiones. Es algo de lo que vivimos con la construcción del Centro Barrial y Popular Empalme Norte en un terreno donde solo había una canchita y ahora hay un punto de encuentro y mayor vida en comunidad.
Quienes caminamos por los barrios y hablamos con la gente sabemos que todo lo que ayude a mejorar las condiciones de vida es necesario y viene bien. Hoy disputamos futuro: las instituciones estatales, junto con las iglesias, bibliotecas populares, vecinales, clubes, centros comunitarios, debemos poder invitar a los jóvenes de las barriadas a construir otros proyectos de vida diferentes de los que les ofrece el narco. Mejorar las infraestructuras sociales es una política de seguridad que debe ser permanente. Las vidas que se pierden son mayormente jóvenes. Esas vidas perdidas implican un sufrimiento irreparable para las familias. Acarrean efectos negativos para la vida comunitaria, para la economía de la ciudad y para la confianza en las instituciones. Y una ciudad débil, atemorizada y hundida en la violencia, es una ciudad ingobernable.
Como lo que vivimos es el resultado de años de falencias, necesitamos consensos amplios para revertir esta situación. Estamos enfrentando delitos federales de una magnitud que ni un municipio ni una provincia pueden abordar solos. Necesitamos todas las acciones posibles. Cuando se ocultan los problemas, el beneficio es para el crimen. Por esa razón, en el orden de prioridades, lo primero debe ser escuchar a la comunidad. A eso obedece que el gobernador Omar Perotti enviase a la Legislatura santafesina tres proyectos pedidos por familiares de víctimas del delito.
Es necesaria, también, una mejor justicia. Más de treinta organizaciones civiles y los diputados y senadores nacionales respaldaron el proyecto del diputado Roberto Mirabella para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, crear fiscalías y jueces de garantías. El acompañamiento y la escucha implican más efectivos, más recursos en el poder judicial, más tecnología e inteligencia al servicio de la seguridad.
Asimismo, la instalación de una delegación de la UIF y el convenio con el Renaper para el sistema de identificación segura y la instalación de 600 cámaras con reconocimiento facial contribuyen a reforzar el control. Estas son las acciones que dan marco a la decisión tomada desde la Nación.
Nuestras Fuerzas Armadas tienen entre sus funciones el apoyo a la comunidad. La Operación General Belgrano durante la etapa más dramática de la pandemia fue la mayor movilización militar desde Malvinas. Es un antecedente fundamental para comprender el rol que los militares pueden jugar en la reconstrucción integral que nuestro pueblo demanda después de años de crisis.
La llegada de las fuerzas federales requiere de un lineamiento político guiado por una concepción clara en las decisiones, para que los efectos de esas intervenciones sean continuados de forma coherente con las medidas originales. Los integrantes del Ejército estarán en un ambiente conflictivo, y es necesario darles el acompañamiento suficiente para que desarrollen su tarea de apoyo a la comunidad de forma óptima y eficiente.
No debemos caer en los facilismos que llevan a asociar a los militares con las etapas más terribles de nuestra historia. Necesitamos pensar con matices, comprendiendo los contextos y entendiendo los hechos en su totalidad. Ese tipo de simplificaciones lo único que logran es generar un efecto de desaliento en nuestra sociedad que descree de sus instituciones y facilitan la propagación de propuestas políticas que solo buscan mayor indefensión y vulnerabilidad.
Nosotros apostamos a recuperar la jerarquía y el prestigio de la policía y asignar un papel relevante a las Fuerzas Armadas en los destinos de nuestra patria. No creemos que sean el problema, sino parte de la solución. No queremos hundirnos en ideas que, desde buenos valores o posturas progresistas, caen en un fatalismo que nos condena a la inacción y el sometimiento. Nuestra posición es clara: para las Fuerzas Armadas, apoyo a la comunidad sí, tareas de seguridad interna no.
La presencia de los ingenieros del Ejército no reemplaza la misión principal de la fuerza, que es el resguardo de la soberanía y la integridad territorial, la protección de los recursos estratégicos y la defensa nacional. Y tampoco ahorra al resto de las áreas estatales de los esfuerzos necesarios en materia de seguridad y en materia social y comunitaria. Hoy la comunidad rosarina necesita de todas las fuerzas de la ciudad, de la provincia y de la nación.
Por eso no es bueno que el Municipio y la Nación se pasen la pelota sin hacerse cargo de sus responsabilidades y pongan más energía en las declaraciones mediáticas que en las acciones que a cada uno les compete. Se pueden hacer cosas y hay que hacerlas desde todos los niveles y en todos los planos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar siempre.
La realidad nos exige la prudencia necesaria para evitar un desgaste institucional que pone en riesgo el funcionamiento democrático. No nos sirven los internismos ni las estigmatizaciones de la política, la policía, los militares o la justicia. Nos sirve trabajar para mejorar nuestras instituciones. Nada bueno puede salir del desaliento comunitario, el descreimiento y la desconfianza.
El juego político que se aprovecha del miedo, la bronca y la tristeza de las personas en nada ayudan a que Rosario tenga un mejor gobierno. La ciudad es un punto neurálgico, centro de rutas y uno de los puertos más importantes del continente. Las respuestas tienen que estar a la altura. Lo que vivimos tiene que ser un llamado a la sensatez. No se puede tirar más de la soga. Es hora de intervenir en serio y coordinar esfuerzos. Necesitamos acuerdos y tienen que ser ahora.
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