Entidades empresarias manifestaron ayer su “preocupación” por el proyecto de ley de participación laboral en las ganancias que envió al Congreso el diputado oficialista Héctor Recalde y enfatizaron que esa iniciativa no cuenta con el “consenso” del sector privado. Los dirigentes de las siete asociaciones patronales más importantes del país coincidieron en que la iniciativa “choca” contra “el derecho a la propiedad” y destacaron la legitimidad de los acuerdos colectivos de trabajo para debatir sueldos.
El pronunciamiento fue realizado por los presidentes de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), Jorge Brito; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.
Los titulares de las entidades empresarias mantuvieron ayer al mediodía un encuentro en la sede de Adeba, en el centro porteño, y luego emitieron un comunicado conjunto.
“El proyecto de ley de participación laboral en las ganancias y control sindical de los resultados fue la cuestión dominante del encuentro, por la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo”, coincidieron las entidades patronales.
Recordaron que para cuestiones de este tipo “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone la consulta tripartita previa (gobierno, trabajo, empleadores) y es un compromiso de rango constitucional asumido por Argentina, porque el acuerdo constituye un mecanismo indispensable para resolver toda cuestión como la planteada”.
Según el comunicado de prensa, las seis entidades empresarias “rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas”.
Los empresarios también tuvieron “unanimidad de opiniones” respecto a que “esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos”.
Las entidades empresarias remarcaron que “siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores” y que “mediante acuerdos colectivos, se posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal convencionado hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real”.
Estos incrementos, según el parte de prensa de las patronales, han posicionado “los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten nuestros productos”. Por último, tras manifestar su “confianza en el diálogo”, las entidades empresarias coincidieron en que “este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos”.
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