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Urnas caldeadas

Tucumán: es “imposible” que se anulen los comicios

La Justicia Electoral de esa provincia aseguró que no hay elementos para determinar si hubo fraude, como insiste la oposición.


El presidente de la Junta Electoral de Tucumán, Antonio Gandur, rechazó la posibilidad de anular las elecciones provinciales, tal como solicitó la alianza opositora Acuerdo para el Bicentenario, y expresó que “no hay ningún elemento que permita determinar que hubo fraude”. En medio de la polémica, el escrutinio definitivo de los comicios tucumanos realizados el domingo pasado comenzó ayer en la sede local del Correo Argentino.

En tanto, al cierre de esta edición, una importante cantidad de personas se manifestaba anoche en la plaza de la Independencia de San Miguel de Tucumán, frente a la Casa de Gobierno y ante una fuerte presencia policial, para repudiar la represión sucedida en ese mismo lugar el lunes, así como las supuestas irregularidades cometidas en los comicios.

“Es imposible pensar en la nulidad de los comicios. Hasta el momento, no hay ningún elemento que permita decir que se alteró el resultado de los comicios”, señaló Gandur en una conferencia ofrecida en la capital tucumana.

El titular de la Junta Electoral afirmó que “lo único que vale legalmente es el escrutinio definitivo” y precisó que durante el desarrollo de ese proceso “se determinará qué urnas se tienen que abrir”.

Piden “nuevas elecciones”

Las palabras de Gandur dieron por cerrado el reclamo del candidato a gobernador por Acuerdo por el Bicentenario, el radical José Cano, quien ayer pidió que se convoque a “nuevas elecciones” en la provincia. “Es un proceso viciado de nulidad, hay actas adulteradas”, insistió Cano, quien indicó que “si de verdad el oficialismo ganó por quince puntos, se hará una elección cara a cara”.

Con todo, el radical admitió como “probable” que tras el escrutinio definitivo se verifique un triunfo del aspirante a gobernador por el FpV Juan Manzur. En declaraciones radiales, Cano insistió en que “se abran todas las urnas” por considerar que si bien no tiene “elementos” para denunciar fraude, existieron “irregularidades” durante el escrutinio.

Por su parte, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, insistió en que el domingo “se votó con total transparencia en la provincia”. Y remarcó: “Queremos que las personas elegidas para gobernador y cada una de las intendencias sean aceptadas” tanto por el oficialismo como por la oposición. “Si es necesario, que se abran todas las urnas”, dijo.

Represión en la plaza

En otro orden, el mandatario rechazó los “excesos policiales” que se registraron en la plaza Independencia durante una marcha de protesta opositora en rechazo a las supuestas irregularidades y a la quema de urnas. La represión fue repudiada por la mayoría de los candidatos presidenciales.

En declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno de Tucumán, Alperovich, acompañado por Manzur, señaló que la Justicia “está trabajando en determinar si hubo excesos policiales”. El gobernador observó: “Soy partidario de que la gente se exprese libremente. Por eso quiero que la Justicia investigue a fondo los excesos policiales”.

Imputado

El jefe de la Policía tucumana, Dante Bustamante, fue imputado ayer por “abuso de autoridad”. En este sentido, el juez de instrucción Víctor Manuel Pérez rechazó ayer el pedido de la fiscal María de las Mercedes Carrizo para que ordene la detención del jefe policial, a quien responsabiliza del accionar represivo que se verificó anteanoche en plaza de la Independencia.

Carrizo, quien lleva adelante la investigación por los incidentes registrados, se reunió con el jefe de la Policía, quien le dijo que “no estaba en el ánimo de ellos reprimir”, pero no supo explicar por qué se avanzó contra los manifestantes. “Durante una hora y media solamente estuvieron mirando cómo se sucedían los hechos, sin ningún tipo de violencia. Pero apareció un grupo de personas que trató de ingresar a la Casa de Gobierno, de avanzar, y el personal policial intentó frenarlos”, fue la respuesta de Bustamente, según lo comentado por Carrizo a la prensa.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) responsabilizó al gobernador de Tucumán por la represión, al afirmar que “él es quien está a cargo de la Policía provincial que llevó adelante un operativo violento y descontrolado”.

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