Por triplicado. La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que a partir de septiembre próximo regirá un aumento del 16,9 por ciento para todas las jubilaciones, y uno del 22,22 por ciento tanto para el salario familiar por hijo como para la Asignación Universal por Hijo, que pasará así de 180 a 220 pesos. En rigor, el primero de los puntos no tiene otro carácter que el cumplimiento de la ley de movilidad de los haberes previsionales promulgada en octubre de 2008. Pero el hecho de haberlo informado en forma conjunta con los otros dos, y por cadena nacional, lo revistió de un significado político que la jefa del Estado se encargó de resaltar en su discurso. Justo, además, cuando la oposición fogonea el proyecto de 82 por ciento móvil para actualizar automáticamente los bolsillos de los pasivos. “Estas medidas significan la institucionalización de las políticas de seguridad social, de inclusión, para que no queden sujetas a los humores de un gobernante de turno, a las presuntas vocaciones que se desatan en campañas electorales”, desgranó la mandataria para, tras haber abundado en cifras sobre inversión social durante las administraciones kirchneristas, adelantar también la próxima convocatoria al Consejo del Salario, que fija el piso de los sueldos mediante negociación tripartita de gremios, empresarios y el mismo Estado.
Con las actualizaciones anunciadas, el haber mínimo jubilatorio pasará en septiembre de los 895,20 pesos actuales a 1.060,50, que se transforman en 1091,50 con el complemento que otorga Pami.
El subsidio de la Asignación Universal por Hijo se elevará por su parte de 180 a 220 pesos.
La asignación por hijo, que cobran los trabajadores en blanco, se elevará a su vez a 220 pesos para la categoría más baja, aunque en este caso no se modificarán los topes salariales que escalonan esta retribución, que es parte del sueldo pero abona el Estado a través de la Ansés.
El mínimo de la ayuda por hijo con capacidades diferentes, que también está segmentado, pasa por último de los 720 pesos actuales a 880.
“Hay que fijar políticas de Estado y darles institucionalidad, certidumbre y sustentabilidad”, expresó la presidenta tras dar a conocer los incrementos. Y aclaró que éstos no deben contabilizarse como “gasto” para el erario público, sino considerarse “inversión de carácter social”. Después, abrió un abanico de cifras con las que apuntaló el contenido político de los anuncios y con las que, de paso, buscó desactivar las argumentaciones con las que la oposición promueve, por estos días en el Congreso, iniciativas de repercusión económica. Por caso, la eliminación de las retenciones a los granos o el 82 móvil previsional.
En ese sentido, Cristina recordó que gracias a la ley 26.417 de movilidad jubilatoria, con este segundo aumento del año –el primero rige desde marzo y el restante desde septiembre, de acuerdo a lo que ordena la norma– se suma el incremento del 8,21 por ciento anterior al 16,9 informado ayer para totalizar, al cabo de 2010, una mejora del 26,49 por ciento.
“Si nos remontamos a 2003, la (jubilación) mínima subió un 597,8 por ciento luego de los años de hielo, de los descuentos y, tampoco olvidemos, los congelamientos”, ejemplificó Cristina su contrapunto entre la anterior y actual gestión kirchnerista y las del menemismo y la Alianza.
La jefa del Estado dejó en claro, a la vez, que estos aumentos se otorgan “sin aumentar la presión tributaria”. Y que son posibles por el crecimiento de la economía, sin el cual –enfatizó con la mira en quienes recomendaron “enfriarla”– “no hay sustentabilidad”.
La presidenta agregó que, además de los aumentos, lo que se expandió fue el universo de beneficiarios de la acción estatal. Así, aseguró que “en 2005 sólo el 55 por ciento de los argentinos en edad de jubilarse estaba con esa protección porque las AFJP tomaban la crema del sistema, sumado a años de desocupación, y hoy el 86,7 por ciento está dentro del sistema previsional”.
Cristina agregó que ya “son 2.400.000 personas las que se han incorporado a este beneficio” de la jubilación desde 2003, y remarcó que hay un millón trescientos mil hogares que “cuentan con dos jubilados, que son el 41 por ciento” del total de pasivos y para los cuales “se potencian” los incrementos.
Respecto de las asignaciones familiares, la presidenta resaltó que desde 1997 hasta 2003 estuvieron estancadas en 40 pesos, y que a partir de allí aumentaron un 550 por ciento abarcando a 3.778.822 menores.
Sobre el incremento de la Asignación Universal por Hijo –una de las críticas cursadas por la oposición se refiere a su licuación por efecto inflacionario–, Cristina señaló que se “equipara” a los hijos de los trabajadores con los de los desocupados, y que alcanza a 3.684.000 chicos con una inversión total de 1.768 millones de pesos.
Tras los anuncios, como era de esperar, el oficialismo sumó voces de elogio para el esquema social del gobierno, mientras que en la oposición, con mayor o menor dureza, criticaron por oportunistas las medidas –en rigor las subas jubilatorias, son las que manda cumplir la ley– y afirmaron que seguirán adelante con el proyecto de 82 por ciento móvil para haberes previsionales, una iniciativa que el ministro de Economía, Amado Boudou, calificó como “obscena” por no especificar “de dónde saldrán los recursos” para sostenerla.
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