La Cámara de Diputados de la Nación dio el puntapié al debate en base a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para reconocer el valor de la tierra y poner un límite a la venta a extranjeros. Pero lo oposición, más allá de haber mostrado su acuerdo en el anuncio del envío al Congreso, venderá caro su apoyo en un año electoral. Es que a la reunión plenaria de las tres comisiones a las que fue enviada la iniciativa, sólo fueron los miembros de Legislación General. Ni siquiera los presidentes de la comisión de Agricultura y la de Asuntos Constitucionales fueron a la exposición informativa del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Incluso la mayor parte de la oposición de la comisión de Legislación General faltó a la cita, aunque finalmente se llegó al quórum en ese cuerpo que preside la legisladora de Nuevo Encuentro Vilma Ibarra. Pero el titular de la comisión de Agricultura, Juan Casañas, y la de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, no se dieron por notificados y así argumentaron su ausencia y la no convocatoria a los demás legisladores que componen las comisiones. Más allá de que la situación en la primera reunión para avanzar en la sanción del proyecto oficial no sorprendió a Domínguez, el funcionario confía en que este año se pueda sancionar la ley, ya que se basa en el acuerdo expresado en abril pasado cuando el proyecto fue remitido al Congreso con el anuncio de la propia presidenta de la Nación.
La intención de poner un freno a la compra por parte de extranjeros de tierras aptas para la producción agrícola había generado coincidencias en todo el arco político. Incluso hay proyectos que buscar sumar ideas al oficial, de espacios políticos como el radicalismo, el socialismo y el propio PRO. La posibilidad de garantizar la soberanía, sobre todo alimentaria, del país era lo que aunaba opiniones.
De todas maneras no fue así en el caso de la dirigencia rural. Sólo la Federación Agraria del santafesino Eduardo Buzzi presentó un pleno apoyo a la iniciativa del gobierno, mientras que el resto de las entidades de la Mesa de Enlace se mostraron reticentes al avance de la regulación de las ventas, ya que temen que baje el precio de la tierra y les condicione sus opciones de asociación con inversores extranjeros.
“Hay que dejar atrás la idea de que la tierra es una inversión. Este es el sentido político de la protección de este recurso no renovable que será esencial para el desarrollo de los próximos años”, dijo el ministro de Agricultura al explicar el proyecto la semana pasada en el Congreso. Asimismo señaló que en realidad la tierra hoy significa garantizar la seguridad alimentaria de mañana, en un mundo con población creciente, distribución desigual y utilización de commodities agrícolas para biocombustibles. Domínguez también advirtió que el planteo hace referencia “a una realidad concreta”, e inmediatamente relató los intentos por adquirir terrenos en la provincia de Río Negro por parte de una empresa estatal china: Heilongjiang State Farms. Mediante un acuerdo entre las autoridades locales, que aún no está del todo claro para los legisladores rionegrinos de la oposición y para la población local (según relatan los propios rionegrinos que llegaron hasta el Congreso nacional) se establece una cooperación para riego de más de 300.000 hectáreas con una inversión de 1.500 millones de dólares.
En los valles inferior y medio del río Negro, la empresa, que abastece al 11% de la población china, sembrará soja, colza y otros cultivos industriales.
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