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Opinión: Educación Sexual Integral y derechos

Trabajo social y educación: las singularidades del ejercicio profesional

En la emergencia sanitaria por covid-19, gran parte de las infancias continúa sin poder asistir a su escuela. Sin embargo, las comunidades educativas siguen abriendo sus puertas para asistir a la población con comidas diarias, y también para acompañar a las familias. Así funcionó un caso real


Carla Ricotta (*)

Soy trabajadora social y trabajo en escuelas. Es difícil encontrar colegas que trabajen en el ámbito educativo, actualmente somos muy pocas. El ejercicio profesional en este campo tiene sus particularidades, y en el marco institucional de una comunidad educativa emplazada en un territorio y población acotada, tiene características aún más específicas.

Las escuelas en las que estoy trabajando están ubicadas en las zonas más vulnerables de la ciudad, donde impactan las desigualdades profundas de las determinaciones estructurales y coyunturales. En estos barrios suceden de manera frecuente situaciones de violencias y necesidades de todo tipo que vulneran los derechos de las infancias: padecimientos de salud mental que han originado la pobreza y la desidia de la sociedad y el Estado. Familias quebradas por el consumo problemático. Mujeres, madres de nuestrxs alumnxs, que han sido asesinadas por femicidas, o viven un infierno cotidiano en sus hogares, signado por la violencia, el abuso y la precariedad económica. En esa trama particular y diversa la comunidad educativa se ve interpelada día a día por la realidad, cuando emergen las tensiones que implican accionar por la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en un contexto adverso, y en esa complejidad se despliega el hacer, los armados artesanales, las apuestas colectivas.

En este sentido, la escuela cumple una función social indelegable en la incorporación de las infancias a la cultura, es lugar de aprendizajes, de socialización, de construcción personal, de ejercicio político y democrático, pero también es un lugar de cuidado, al menos ésta es la responsabilidad que tiene como institución del Estado. No solo porque enseñar también es cuidar, sino porque la escuela forma parte del Sistema de Protección Integral de las Infancias (ley nacional 26.067) y tiene el deber de comunicar las situaciones de vulneración de derechos de las que toma conocimiento, y de intervenir frente a las mismas en articulación con otras instituciones y niveles del Estado. La escuela es un espacio de transito cotidiano para niños, niñas y adolescentes, y para la gran mayoría de las infancias de sectores populares es el único espacio de socialización fuera del ámbito familiar.

En este marco, la garantía del derecho a la educación es una puerta de entrada a la garantía de otros derechos, porque sabemos que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles: ¿Por qué dejó de venir a la escuela? ¿Por qué falta tanto últimamente? ¿Por qué no está participando en clase? ¿Por qué se angustia cuando habla de su familia? ¿Por qué actúa de forma violenta con sus pares? ¿Por qué se duerme en clases? La docencia cumple un rol fundamental en la detección de situaciones de vulneración de derechos. La mirada atenta, la pregunta a tiempo, la escucha adecuada, comunicar al equipo directivo, al gabinete, a la trabajadora social, actuar en equipo, son los pasos necesarios para posibilitar la intervención sobre estas situaciones.

No desarrollo mi trabajo en soledad, integro un Equipo Interdisciplinario (gabinete) junto a mis compañeras psicóloga y fonoaudióloga. Apostamos a un trabajo en red con las instituciones que están dentro y fuera del territorio. Estamos convencidas de que la comunidad educativa tiene a su vez el desafío de pensarse a sí misma como un gran equipo de trabajo. Es difícil contar en qué consiste el trabajo social desde la escuela sin caer en reduccionismos o simplificaciones de la tarea, sin estereotipar roles. Por eso a continuación intentaré tomar un fragmento de lo trabajado cotidianamente para poder esbozar una idea que introduzca la posibilidad de imaginar la complejidad y las múltiples dimensiones y aristas que se juegan en el abordaje profesional escolar. Aclaro que los nombres de las personas implicadas en la situación que relataré son ficticios.

Un día, como tantos otros, se acerca al gabinete una de las docentes de 1º grado, nos comenta que trabajó con el grupo contenidos de la ESI (Educación Sexual Integral), específicamente contenidos vinculados al concepto de intimidad y el cuidado de la intimidad propia y de lxs otrxs, el derecho a decir “No” frente a interacciones inadecuadas con otras personas y a no guardar secretos que lxs hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Estos contenidos forman parte de los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación (resolución Nº340/18). La docente los había desarrollado mediante un recurso audiovisual con una canción infantil. Nos contó que al terminar la clase y salir al recreo Camila se acercó a ella y le dijo que tenía “un secreto muy pesado que contarle”. La docente habilitó la escucha y la niña le relató una situación de abuso sexual que había vivido días atrás. El agresor, según los relatos de la niña, había sido un vecino que era muy cercano a la familia y pasaba mucho tiempo en su casa.

A partir de ese momento comenzamos a pensar algunas estrategias de trabajo en equipo, con la docente y el equipo de gestión. La niña convivía con su mamá y su papá, quienes no estaban enterados de la situación de vulneración de derechos por la que estaba pasando Camila. Este vecino continuaba concurriendo a la casa de la familia, con el agravante de que otros hermanos de Camila, menores de edad, convivían en el hogar.

Desde el Equipo Interdisciplinario convocamos a Sabrina, su mamá. Conversamos un poco sobre el proceso escolar de su hija y recuperamos lo trabajado en la reunión con familias que habíamos tenido a principios de año en la escuela, y de la que ella había participado. Los primeros días del año, el equipo profesional acompañó a las docentes de todos los niveles en la reunión con las familias para brindar información sobre la ESI. El artículo 9 de la ley nacional de Educación Sexual Integral (Nº 26.150) establece el derecho de las familias a estar informadas sobre los contenidos de la ESI y la concepción integral de la sexualidad desde la que se abordan dichos contenidos. Justamente en esa primera reunión con las familias les habíamos compartido algunos de los recursos audiovisuales que utilizamos para el abordaje de contenidos vinculados al reconocimiento de derechos y el desarrollo de comportamientos de autoprotección.

Sabrina recordaba lo que habíamos trabajado aquel día en la reunión, lo cual dio pie a contarle lo que había ocurrido en la clase con Camila después de haber abordado contenidos de ESI. Sabrina, se sorprendió y se angustió mucho e inmediatamente nos dijo que intervendría hablando con el padre de la niña para cortar relación con este vecino. Le explicamos que lo ocurrido constituía un delito y correspondía realizar una denuncia. La asesoramos con algunas cuestiones legales y conversamos que lo más importante era resguardar a Camila que creer en su relato, y actuar era lo más importante para ella, ya que tendría un efecto reparador imprescindible. En ese momento, Sabrina se angustia y nos cuenta que ella fue víctima de abuso sexual en su infancia, y que en aquel momento nadie en su familia actuó. Nos expresó lo traumático que fue para ella atravesar esa situación en soledad y que por ese mismo motivo estaba dispuesta a hacer algo diferente con su hija.

Pocos días después, Sabrina nos cuenta que habló con la niña, quien le relató detalles sobre lo vivido. Camila le pidió disculpas a su mamá por haberlo contado en la escuela, sin embargo Sabrina le dijo que había hecho bien en hablar de lo que le pasaba porque así la habíamos podido ayudar. También habló con su pareja, el padre de la niña, quien dijo que no quería hacer una denuncia por lo ocurrido, que habría sido “sin querer”, que “quizás el vecino estaba borracho”, minimizando la situación de abuso sexual. Sabrina realizó la denuncia y al mes siguiente tomó la decisión de separarse de su pareja y se fue a vivir a la casa de su madre. Tras lo ocurrido con su hija pudo visibilizar situaciones de violencia psicológica y verbal que había vivido con su ex pareja, y que ella, sin darse cuenta, había naturalizado.

Trabajamos con Sabrina y su familia durante todo el año. Camila relataba cotidianamente lo vivido a su mamá y su abuela; necesitaba hablar de lo que le había pasado. Gestionamos un turno en el centro de salud para que pudiera tener un espacio terapéutico, que sostiene hasta el día de hoy. La relación con su padre nunca volvió a ser la misma: “Él no me defendió”, le dijo Camila a su mamá. Gestionamos también un espacio de psicología para Sabrina, quien pudo trabajar ahí cuestiones vinculadas a su propia historia a través de lo sucedido con su hija. El proceso judicial avanzó. Un año después, el abusador fallece.

Lamentablemente este no es un relato excepcional. Sólo el año pasado atendimos más de 10 situaciones de abuso sexual infantil (ASI). El trabajo social no sólo aborda esta clase de vulneración de derechos. Para nuestro colectivo profesional la promoción y la garantía de los Derechos Humanos es el horizonte ético-político a la hora de intervenir. Son muchas las situaciones de vulneración de derechos de las infancias que se detectan en cotidianeidad escolar.

Una institución comprometida con la garantía de los derechos de las infancias debe, necesariamente, construir estrategias de trabajo colectivo. Es por esto que, desde el equipo profesional llevamos adelante la elaboración de un Protocolo Institucional para que todxs lxs actores de la comunidad educativa tengamos claro cómo actuar ante estas situaciones, y cuáles son las acciones necesarias para garantizar los derechos de las infancias dentro del marco legal vigente. Porque saber qué hacer también es cuidarnos. Este trabajo que duró más de un año, requirió del aporte de todos los actores institucionales, de espacios de reflexión colectiva, discusión, lectura, construcción de acuerdos, que se fueron desarrollando en los espacios de plenaria.

La implementación de la Educación Sexual Integral como proyecto institucional es una herramienta clave para la promoción de los derechos de las infancias, porque es la que muchas veces, como en la vida de Camila, posibilita que un niño o niña pudiera identificar derechos vulnerados. En este sentido resulta imposible pensar la práctica profesional sin perspectiva de género. Es por esto que desde el equipo profesional organizamos talleres con la comunidad educativa para habilitar espacios de reflexión sobre nuestras propias prácticas escolares, y cómo trabajar los contenidos de la ESI de manera transversal; pero para eso tuvimos que hacer un trabajo de reflexión sobre la dimensión personal: ¿Cómo nos afecta esto como mujeres? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué podemos hacer desde la escuela? ¿Cómo podemos promover y garantizar derechos desde la perspectiva de la ESI?

La docencia es una profesión fuertemente feminizada y las tareas de cuidado también, es por eso que el vínculo familias-escuela se da en su mayoría a través de las mujeres: madres, tías, abuelas, cuidadoras, docentes, directoras, trabajadoras sociales, psicólogas. De la escucha cotidiana y reiterada de situaciones de violencia de género que sufren mujeres, niños y niñas en sus hogares, trabajamos desde el equipo interdisciplinario en la realización de un ciclo de talleres en donde podíamos encontrarnos un rato en el espacio de la escuela para pensar en un “nosotras”. Un espacio de reflexión para mujeres sobre las violencias naturalizadas, solapadas, difíciles de ver en la vida cotidiana. Un lugar para acompañarnos desde nuestras diversidades, potencias y tejer nuestros lazos de sororidad.

En la emergencia sanitaria debido a la enfermedad por covid-19, gran parte de las infancias del país continúa sin poder asistir a su escuela. Sin embargo, las comunidades educativas siguen abriendo sus puertas para asistir a la población con comidas diarias y módulos alimentarios, pero también para acompañar a las familias brindando asistencia, asesoramiento y articulación con otras áreas del Estado. Durante la pandemia las violencias en los hogares hacia mujeres, niños y niñas se multiplicaron. El rol de la escuela como lugar de cuidados se hace más necesario que nunca y el trabajo social se encuentra frente al desafío de pensar nuevos modos de acompañar la promoción y la garantía de los derechos de las infancias en este contexto sin precedentes.

(*) Licenciada en trabajo social. Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2ª Circunscripción

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