Desde el Concejo Municipal recibieron con cautela el estudio de costos del transporte urbano de pasajeros enviado por el Ejecutivo, que arrojó un resultado técnico de 9,45 pesos para el boleto. En el gobierno local habían aclarado que la idea no es aspirar a una tarifa que llegue a ese valor. Y sectores opositores se manifestaron ayer en la misma línea. Aunque en el inicio de la discusión no se avizoran mecanismos de financiación alternativos para que el costo no recaiga sobre los usuarios.
Tal como publicó ayer este medio, el gobierno municipal dio a conocer que el último estudio de costos del transporte urbano de pasajeros tuvo un resultado de 9,45 pesos para el boleto. Desde el Ejecutivo aclararon de movida que el pedido de aumento de tarifa no será ese. La cifra –agregaron– sólo es el disparador para abrir el debate con los ediles sobre probables mecanismos de financiamiento para que el incremento trasladado al usuario sea el menor posible.
La dificultad para tomar decisiones tiene como primer escollo la falta de precisiones sobre qué hará el gobierno nacional en materia de subsidios, hasta ahora un componente central en el financiamiento del sistema.
La única señal que hubo hasta el momento no es auspiciosa. La negociación salarial con los choferes del área metropolitana del Gran Buenos Aires cerró con 29 por ciento de aumento. Y en breve llegará el acuerdo con los conductores del interior. Sin embargo, por primera vez en años el Estado nacional no cubrirá ese incremento con subsidios, lo que en la práctica implica congelar lo que ya existía.
Además, el estudio de costos se realizó a comienzos de 2016 e incluye la actualización de los insumos e indicadores vigentes al 29 de febrero de este año. Es decir, sin tomar en consideración al momento de su cálculo ese futuro aumento de sueldo, por lo que el índice va a generar una nueva variación sobre los resultados obtenidos.
A la par, el alza de precios se acelera. El Ejecutivo detalló que en los últimos 12 meses los costos del sistema de transporte sufrieron aumentos notorios: más de 40 por ciento en salarios, 24 por ciento en combustibles, 70 por ciento el valor de las unidades, 50 por ciento costos asociados a la unidad y gastos específicos como patente (70 por ciento) y neumáticos (35 por ciento).
En ese marco, el concejal massista Osvaldo Miatello consideró “apresurado” enviar el estudio de costos al Concejo sin que esté incorporado “el tema salarial” y sin saber a ciencia cierta si el gobierno nacional eliminará los subsidios. “Esto es una espiral. Dentro de un mes vamos a tener los costos otra vez retrasados”, aventuró.
Tras eso, remarcó que si la tarifa llegara a los 9,45 pesos “más que subir gente al colectivo la vamos a bajar”. “No me parece bien pensar que se puede tirar de la cuerda en la idea de que los pasajeros pueden seguir aguantando. En algún momento la cuerda se corta”, agregó.
En tanto, en diálogo con este medio, la vicepresidenta de la comisión de Servicios Públicos del Concejo, Renata Ghilotti, del PRO, dijo que desde ese bloque existe el “compromiso” de gestionar una mesa de diálogo con el gobierno nacional para analizar la situación de los subsidios. “Igual, hay que ser cautos con ese asunto ya que es algo que aún no está resuelto. Y tampoco la paritaria. Así que aún hay que esperar”, señaló.
Con el recambio de autoridades a nivel nacional, los concejales del PRO quedaron en una situación más incomoda a la hora de dar la discusión, producto de dos cuestiones: la política de fuerte reducción de subsidios que está implementando la administración central para todos los servicios públicos y una marcada aceleración de precios en el resto de la economía, hecho que no deja afuera a todos los componentes con que sostiene el sistema de transporte.
Para Ghilotti, en línea con el discurso oficial, esos procesos forman parte “de un sinceramiento de la economía”. “La economía no era real, hubo muchos desmanejos y despilfarro de dinero. La idea del gobierno es resincerar (sic) la situación y que desde el segundo semestre del año se genere previsibilidad para que todo se vuelva a reacomodar”, manifestó.
En tanto, Eduardo Toniolli, del PJ, dijo que con la construcción de los estudios de costo el Ejecutivo busca “instalar la idea de que el precio del boleto es el resultado de un trabajo técnico”. “Eso te da el valor del mantenimiento del sistema. Pero el precio del pasaje es una decisión política. Trasladar todo el costo al usuario es la concepción que está destruyendo al transporte. Eso hizo que en los últimos 20 años bajaran los usuarios”, manifestó el edil.
Para el dirigente del Movimiento Evita hay que tener una mirada integral de sistema a partir de la “gestión pública”. “Hoy sucede al revés. La mirada está puesta desde el rol del privado”, agregó.
Finalmente, la edila Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, también detalló que el “componente político” a la hora de discutir el aumento es “muy importante”. “No podemos negar el contexto social que estamos viviendo, donde tenemos aumentos de tarifas y miles de despidos en el sector público y también en el privado”, sentenció.
Y señaló la preocupación por la “quita” de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. “Veníamos planteando la implementación de la (tarjeta) Sube, que era una de las cuotas pendientes del sistema, ya que con la misma dejábamos de subsidiar a las empresas para subsidiar a los usuarios, pero con el congelamiento momentáneo de los subsidios esa discusión ya no la podemos dar”, lamentó.
“Es producto de la transferencia de recursos”
“Esto es producto de la transferencia de recursos a los sectores concentrados”, sostuvo ayer la concejala Marina Magnani, quien salió a responsabilizar al gobierno nacional por un eventual aumento del boleto en Rosario, por la quita de subsidios al transporte, En ese marco, pidió que la provincia “utilice parte del 15 por ciento no coparticipable que le otorgó la Corte Suprema de Justicia para sostener el precio del pasaje”.
“El gobierno de Mauricio Macri está beneficiando a los poderosos y dejando de lado a la clase trabajadora”, disparó la concejala del Frente para la Victoria. “Con la retracción económica, la inflación, la quita de subsidios que conlleva un incremento en las tarifas de energía eléctrica y de gas, más el costo de la vida cotidiana, trasladarle este aumento a los usuarios, trabajadores y estudiantes va a llevar aparejado que la gente deje de usar el transporte público”, argumentó.
En este sentido, la concejala consideró que “al decaer el uso del transporte público afectará negativamente al sistema porque con menos usuarios habrá menos ingresos”, y agregó: “Estos aumentos terminan deteriorando el servicio en vez de mejorarlo. Y además se le sigue sacando plata al bolsillo de los trabajadores”.
En ese marco pidió que el gobierno provincial utilice el 15 por ciento de la coparticipación de impuestos que se retenía a Santa Fe –y a todas las provincias– para fondear la Ansés, en cuyo reclamo la Corte Suprema falló a favor, obligando a la Nación a dejar de retener y a devolver lo retenido desde el 1º de enero de 2006, más intereses. Así, se multiplican los reclamos para la reutilización: otros sectores reclaman que se ulilicen esos recursos para subsidiar la tarifa de electricidad y morigerar el tarifazo que generó también la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, que en cambio dejó de cobrar retenciones a las exportaciones mineras y de trigo, redujo las de la soja y menguó la carga impositiva a los automóviles de alta gama.
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