El presidente del Uruguay, José Mujica, ratificó que creará un impuesto a la posesión de más de 2.000 hectáreas de tierras agropecuarias, lo que es rechazado por las entidades rurales, una medida que quedará definida la semana entrante y es apoyada por el 56 por ciento de los uruguayos.
“Esa tierra hace 10 años podía valer, en promedio, 4.000 millones de dólares. Ahora, años después, esa misma tierra vale 16.000 millones de dólares”, afirmó el mandatario uruguayo para justificar su idea.
Mujica propuso aplicar un impuesto a los propietarios de grandes extensiones de tierras en proporción a la superficie que posean, con un mínimo de ocho dólares por hectárea y hasta 16.
Lo que se recaude –unos 60 millones de dólares anuales, según estimó el mandatario– se destinará a financiar mejoras en la infraestructura y los caminos rurales.
La idea generó inicialmente un fuerte choque con el vicepresidente uruguayo y ex ministro de Economía, Danilo Astori, contrario a la iniciativa, aunque luego hubo una negociación para introducir algunos ajustes al proyecto.
Tras ese acuerdo, Mujica anunció que presentará el proyecto definitivo al Consejo de Ministros en una reunión prevista para mañana.
Por su parte, la Asociación Rural del Uruguay –una de las entidades de productores agropecuarios más influyentes– cuestionó con dureza la intención de Mujica de establecer ese nuevo gravamen. “Si se concretaran los trascendidos de estas horas sería un cambio en las políticas que hasta ahora venían siendo estables y predecibles. Este es un cambio de reglas. Y nos afecta a todos. Puede ser un cambio de confianza y marcar un sesgo en materia de inversión”, advirtió el presidente de esa gremial, José Bonica.
En cambio, el 56 por ciento de los uruguayos respalda la iniciativa del presidente Mujica, mientras el 32 por ciento prefiere no tocar el sistema impositivo, según una encuesta de Equipos Mori difundida ayer.
Las tierras de uso agropecuario en Uruguay alcanzan aproximadamente las 16 millones de hectáreas. Según estimaciones del gobierno, los últimos años se dio un proceso de concentración de la propiedad de los campos y actualmente cerca de un tercio está en manos de 1.100 terratenientes, que explota cada uno más de 2.000 hectáreas.
“Nos hemos dado cuenta de que esto no es un tema de infraestructura sino que tiene otra óptica. Tiene una fuerza ideológica muy grande”, se quejó el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Agregó que es una decisión “muy fuerte; es volver a situaciones que vivió el país hace mucho tiempo cuando todo el sector estaba estancado. El país superó esta manera de tributar sobre la tierra”, dijo Bonica.
Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, declaró que “no se puede perder de vista que la inversión extranjera ha dado trabajo a muchos uruguayos. Hay que tener un equilibrio. Si frenamos la extranjerización podemos dejar a muchas personas sin trabajo”.
“Siempre rechazamos de plano cualquier impuesto a la tierra”, afirmó enfática y reiteradamente el hacendado.
La encuesta de Equipos Mori también señala que un 72 por ciento de los votantes del gobernante Frente Amplio, de centroizquierda, respaldan la iniciativa de Mujica, y 18 por ciento está en contra. En cambio entre los adherentes al conservador Partido Nacional 43 por ciento está a favor de la iniciativa de Mujica y 48 en contra.
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