El juez federal de Entre Ríos Leandro Ríos, que instruye en la causa de lesa humanidad Área Paraná, en la que se investigan los secuestros de 52 personas y la desaparición de otras cinco, les tomará declaraciones a los testigos en audiencias orales y públicas, tal como lo requerían los acusadores y querellantes.
Ríos notificó a las partes de esta decisión el pasado lunes, y de esta forma, a partir de los primeros días de octubre, 54 testigos deberán presentarse a declarar en una causa que desde hace diez años intenta esclarecer crímenes que se cometieron hace 38 años en la jurisdicción represiva que el Ejército coordinaba desde la capital entrerriana.
“Es una decisión que buscábamos desde hace algún tiempo, principalmente para que esta causa se active de una buena vez y el expediente avance después de tantas dilaciones”, explicó en diálogo con Télam Lucía Tejera, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que oficia como querellante en este caso.
En este juicio de lesa humanidad los imputados son los ex militares José Anselmo Appelhans; Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas, el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el ex policía entrerriano Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano.
Appiani, quien es abogado y ejerce en este caso su propia defensa, es promotor de numerosas medidas dilatorias que van desde la recusación de jueces hasta la elevación de recursos de queja al Consejo de la Magistratura.
Para evitar que el ex militar interrogue a los testigos, en lo que para los querellantes significaría “una doble victimización”, será el juez el encargado de formularles las preguntas a los declarantes.
“Lo que nos preocupa es la aplicación en las audiencias de un principio procesal denominado ‘Absolución de Posiciones’, que consiste en que los testigos contesten de manera afirmativa o negativa las preguntas que les planteen alguna de las partes. No nos gusta que Appiani haga abuso de esta figura”, explicó Tejera.
Appiani fue socio en un estudio de abogados de Jorge Antonio Olivera, que se encuentra prófugo de la justicia luego de haber recibido una condena por un caso de lesa humanidad cometido en San Juan durante la última dictadura cívico militar.
Ambos, se encargaron de defender a varios represores y tramitaron desde su estudio numerosos expedientes por actualización de haberes que reclamaban militares retirados.
La posibilidad de que en la causa Paraná se realicen audiencias públicas es una medida valorada por los querellantes, puesto que el expediente se rige por el código procesal de 1888, que establecía que todos los procedimientos debían ser por escrito.
“El proceso se tramita de forma escrita porque este era el código vigente al momento que se cometieron los crímenes que se investigan. Esperemos que ahora, en las audiencias no haya un exceso de formalidad”, remarcó la abogada.
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