Los datos personales de casi 27 millones de electores serán este año botín de los partidos políticos para enviar propaganda proselitista de cara a los comicios de octubre. Ya lo son de empresas que llaman a los particulares a sus casas para computarlos en sorteos y campañas, además de engañosas promociones. Sin embargo, más de media docena de proyectos de ley para regular el tráfico de datos personales espera tratamiento en el Congreso.
La campaña política debe comenzar, de acuerdo con la ley, 60 días antes del tercer domingo de octubre. Pero los partidos suelen obviar este punto, y los electores habilitados para votar comenzarán a padecer en breve propaganda política que reciben, sin pedirla, tanto en los teléfonos celulares, en los fijos, en sus casillas de e-mails o en el domicilio particular. Se trata del uso ilegal de bases de datos e información contenida en los padrones que, pese a estar protegida por la ley 25326 de Habeas Data, es cedida sin permiso de sus titulares a empresas que se encargan de implementar este “spam” de propaganda política.
La reforma constitucional de 1994 reconoció el derecho de cualquier ciudadano a interponer una acción rápida y expedita para controlar los datos personales que figuren en cualquier registro o banco de datos, de acceder a tal registro y de solicitar la corrección o la cancelación de esa información si le causara algún perjuicio. Esta garantía constitucional fue plasmada en octubre de 2000 a través de la ley 25326 que, pese al avance en la materia, dejó un vacío legal en cuanto a la cesión de bases de datos. Esa laguna jurídica es la que aprovechan los partidos políticos para explotar datos de los padrones o de bases de datos de entidades crediticias como bancos o tarjetas de crédito, que suelen ceder datos de sus clientes sin su consentimiento. “Los datos ingresados a un sistema o base no pueden ser utilizados para otro fin que para el que fueron solicitados”, explicó la abogada Inés Tornabene, jefa de la Oficina de Registro del Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Al acercarse la fecha de las elecciones, los partidos políticos acceden a los padrones actualizados de votantes donde figuran los datos personales de casi 27 millones de argentinos. De acuerdo con la ley, esa información contenida en los padrones, que constituye de por sí una base de datos, no puede ser utilizada para propaganda política, publicidad comercial ni cualquier otro fin que no sea el estrictamente referido al control del escrutinio. Sin embargo, los partidos políticos aprovechan la laguna jurídica de la Ley de Habeas Data para ceder esa información a empresas que se encargan de bombardear a los electores con publicidad referida a sus candidatos del mismo modo como lo hacen las empresas. Así es como en los teléfonos podrían comenzar a aparecer mensajes grabados con la voz de candidatos como Mauricio Macri, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió o Daniel Scioli, quienes, sin invitación, relatan las bondades de su campaña a ciudadanos desprevenidos. Una clara violación al artículo 3º de la Ley de Habeas Data: “Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.
“La cesión de datos no está contemplada y no hay legislación específica que penalice esta cesión de información. La ley no dice que sea un delito, pero tampoco es una actividad jurídica regulada”, advirtió Tornabene. Desde el Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada también confirmó que los consumidores se encuentran desprotegidos en este sentido. Entre los proyectos que aguardan tratamiento en la Cámara de Diputados aparece uno de Virginia Linares, del GEN, quien impulsa la creación de un Registro Individual de Datos Personales, donde cada ciudadano pueda controlar dónde y qué información personal circula entre las empresas y partidos políticos. Ese proyecto apunta a evitar que las personas se vean obligadas a realizar un trámite personal para controlar el tráfico de sus datos y habilitar así a regular por teléfono a través de internet las ofertas comerciales o de campaña política que reciben sin autorización. “Efectivamente existe un vacío legal en cuanto a la cesión de datos personales. La Ley de Habeas Data no se actualizó, y con el avance de la tecnología, las personas quedaron desprotegidas frente a publicidad invasiva de todo tipo”, explicó la diputada.
Tanto diputados oficialistas como opositores presentaron proyectos de ley para modificar la ley 25326, así como pedidos de informes a la Dirección Nacional de Protección Datos Personales del Ministerio de Justicia. Sin embargo, iniciado el año electoral, los votantes siguen expuestos a la publicidad invasiva de los candidatos de cualquier signo político y también a la invasión de su intimidad de las promociones comerciales.
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