Especialistas rosarinos del área de las telecomunicaciones consideraron que la apertura del proceso licitatorio, anunciada días atrás por el gobierno nacional, para la llegada de la tecnología de Cuarta Generación (4G) no tendrá fuerte impacto si no es acompañada por la instalación de más antenas, principal foco de críticas hacia las cuatro empresas que operan en el país que, por otro lado, ya llevan vendidas 59 millones de líneas. En este sentido, resaltaron que si bien la migración de usuarios hacia la nueva modalidad representará un descongestionamiento del actual sistema (3G), las inversiones efectuadas no guardan relación con las ventas y ganancias de los últimos siete años, es decir, desde el último cambio. De este modo, se mostraron abiertos a evaluar la instalación de una proveedora estatal que aporte mayor competitividad y hasta analizaron la posibilidad de declarar a la telefonía celular como un servicio público (ver recuadros).
“Es una demanda de hace tiempo. La Argentina había quedado atrasada en relación a esto, lo que la posiciona en un lugar totalmente distinto: actualmente estamos undécimos, mientras que con la implementación de este sistema (4G) quedaríamos terceros, detrás de Brasil y Colombia”, evaluó el delegado local de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Iván Durigón, quien brindó un pantallazo desde el punto de vista administrativo sobre el impacto de la medida en la región.
En consonancia con esta postura, el ingeniero rosarino Fernando Villares, fundador de la empresa de telecomunicaciones Intelix, fue un tanto más crítico y se paró desde el área técnica: “Es una evolución de una tecnología que ya tiene diez años. Es un paso en el que se tendría que haber avanzado, cuanto menos, dos años atrás. Estamos tan atrasados que varios celulares que en otras partes se venden con tecnología 4G tuvieron que ser adaptados al 3G para ser comercializados en la región”.
Según explicó el especialista recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la cuarta generación, que habilitará una navegación por internet hasta diez veces más rápida que la actual, está basada en una arquitectura denominada Long Term Evolution (Evolución de Largo Término) que permite “la incorporación de subversiones” para mejorar el sistema y brindar mayor velocidad a los usuarios. Ello representará un gasto multimillonario para las prestadoras del servicio que deseen inscribirse en el proceso licitatorio, teniendo que invertir “principalmente en nuevos equipos de transmisión”, sin descuidar el actual servicio que, hasta que se complete la migración, seguirá vigente “unos diez años más”. Ante ello, reclamó la instalación de más antenas, obligando a todos los actores de la sociedad a ser más contemplativos respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y su impacto en el medio ambiente. “La señal es aire que se divide entre todos los usuarios que están en una misma zona. Por más que se implemente cualquier tecnología hay que poner más antenas. Lo que sucede es que cada vez que se intenta avanzar en esto se hacen estudios ambientales que demoran tanto tiempo que cuando se resuelven la tecnología en cuestión ya fue reemplazada por otra mejor”, sentenció.
Estas observaciones vienen a cuento luego de que las empresas que operan en el país –Claro, Movistar, Personal y Nextel– se comprometieran seis meses atrás a instalar más de cincuenta antenas en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, desde aquel entonces sólo una de ellas solicitó viabilidad para instalarlas. De este modo, Durigón resaltó que reuniones como la del pasado 14 de mayo, a la que asistieron representantes de las prestadoras, concejales, varias ONG y representantes de la provincia y la Nación, “resultan favorables para destrabar algunas cuestiones reglamentarias” respecto a la instalación de nuevos equipos de transmisión.
“Debemos concientizar a la gente que si quiere seguir utilizando el servicio va a tener que empezar a amigarse con las antenas porque el servicio 4G necesita de una infraestructura acorde a una demanda que cada vez es mayor”, consideró.
Pero esta falta de inversión no es la única falencia remarcada por el funcionario local, para quien “la percepción es que la telefonía celular está saturada”.
En tanto, Villares argumentó que no toda la culpa recae sobre las prestadoras. “¿Qué inversión pueden hacer si las importaciones están paradas?”, abundó el ingeniero, quien a modo de ejemplo citó una experiencia personal: “Me eligieron entre veinte empresas del mundo para probar unos equipos que van a salir en dos años. Además de ser mandados siguiendo todos los requerimientos de la Afip, no tenían valor alguno por ser prototipos. Sin embargo, no me los dejaron pasar por la aduana. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se quieran traer 50 millones de dólares en equipamiento?”.
“Hace dos años, una empresa compró unas antenas y recién en estos meses fueron liberadas para su instalación”, ejemplificó.
Sigue faltando la empresa estatal de referencia que fomente la competencia
Los especialistas locales se refirieron al proyecto Libre.ar, gestionado conjuntamente entre el gobierno nacional y la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), para el nacimiento de una proveedora estatal que auspicie la sana competencia. La idea fue proyectada para marzo del año pasado. Sin embargo, distintas razones llevaron a que el impulso perdiera fuerza, los tiempos se dilataran cada vez más y finalmente el anuncio haya quedado en la nada.
Para Iván Durigón, “el Estado tiene un poder muy grande al abrir la licitación de estas bandas (de frecuencia) porque es lo que le permite meterse en el negocio”. No obstante, el funcionario de la CNC dejó en claro que el plan queda sujeto a “una decisión política” de invertir fuertemente. Es que las actuales prestadoras del servicio “corren con ventaja” por contar con la infraestructura, “que es lo más caro”.
“¿Y la famosa empresa Libre.ar?”, se preguntó ofuscado el ingeniero Fernando Villarés, quien explicó que “hace unos años se gastó una fortuna en equipamiento” para un proyecto que finalmente quedó varado.
Asimismo, mostró distancia con las expectativas de recaudación para la apertura de sobres que, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Economía Axel Kicillof, ascienden a los mil millones de dólares.
“En otros países la licitación de radiofrecuencias es sumamente importante para el Estado, representa muchísimo dinero. Debería ser un número mucho más alto, siendo que Argentina es el país con mayor penetración celular de la región. No hay otro país en Latinoamérica, ni siquiera México, que supere la cantidad de celulares por persona que tenemos, que es superior a uno”, analizó Villares.
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