Las empresas de telefonía celular están bajo la lupa del Congreso de la Nación, debido a las quejas de los usuarios por mal servicio y elevadas tarifas. Es por eso que el senador nacional santafesino Rubén Giustiniani (Partido Socialista) impulsa una ley para que la telefonía móvil sea declarada servicio público y el Estado pueda regular a las empresas, así como exigirles inversiones que mejoren el servicio.
Al respecto, el legislador del Frente Amplio Unen (FAU) brindó ayer una conferencia de prensa en el centro de estudios políticos Igualdad Argentina, junto al senador nacional Eugenio “Nito” Artaza (UCR-Corrientes) y Héctor Polino, representante de Consumidores Libres, quienes también impulsan el proyecto.
“Queremos terminar con los abusos de las empresas de telefonía móvil. Tenemos las tarifas más caras del mundo y un servicio pésimo” indicó Giustiniani. Y consideró:
“Necesitamos esta ley para que establezca reglas claras a las empresas y el Estado pueda exigirles que cumplan con sus obligaciones de inversión y al mismo tiempo puedan realizarse audiencias con los usuarios para regular las tarifas, porque hay derechos que les corresponden y hoy no los tienen”.
Por su parte, Artaza señaló que el alto costo del servicio “es un problema que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la sociedad” y coincidió con Giustiniani en que “es necesario tener una regulación razonable del Estado, que hoy está prácticamente ausente ante la desmesurada rentabilidad de estas empresas”.
“Las tres compañías –Movistar, Personal y Claro– hacen lo que quieren. Los usuarios no tenemos ni siquiera un marco para discutir”, expresó el senador radical.
En tanto, Polino destacó que en la Argentina las empresas de telefonía móvil rompieron dos récords. Uno de ellos a nivel nacional, ya que son las destinatarias de la gran mayoría de los reclamos que reciben los organismos que defienden los derechos del consumidor. Y el otro a nivel internacional, porque los usuarios argentinos pagan la tarifa más alta del mundo.
Entre los beneficios que traería esta ley a los usuarios, sus tres impulsores destacaron, además de lograr una tarifa justa, la creación de un fondo que sea destinado a las localidades más pequeñas para que puedan colocar antenas y construir infraestructura que mejore el servicio. Según Artaza, “este fondo no representaría ni el 10 por ciento de la ganancia que tienen las empresas”. También remarcó que “es urgente que se regule el sistema prepago, para que las empresas cumplan con la cantidad de minutos que prometen”.
También coincidieron en que la portabilidad numérica, establecida por el gobierno nacional, no benefició a los usuarios en la práctica, ya que al no haber demasiada oferta, pasarse de una empresa a otra termina siendo lo mismo. “Los usuarios que ejercen ese derecho son muy pocos, porque saben que no cambiarán nada pasándose de una empresa a otra, porque todas están en una pésima situación”, explicó Polino, quien no se guardó críticas para los legisladores oficialistas: “Estos abusos suceden por los lobbies que llevan a cabo las empresas, ya que el oficialismo, en ambas cámaras del Congreso nacional, responden a esos lobbies”. Y explicó: “El mercado de la telefonía móvil hoy se encuentra dominado por dos grandes grupos. Por un lado está Claro y por el otro Telefónica, de España, que tiene Personal y Movistar, que intentan instalar una ficción de que son dos compañías distintas”.
La lucha contra las corporaciones, mediáticas y económicas, ha sido uno de los problemas ostentados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, Giustiniani, Polino y Artaza consideraron “contradictoria” la actitud del Ejecutivo de no avanzar sobre los abusos de las empresas de telefonía celular.
“Esperamos que el gobierno vaya a fondo con esta cuestión. Que combata a estas corporaciones como hizo con otras”, señaló Artaza. “Tenemos que ver si vamos a seguir tolerando el abuso de estas empresas o si vamos a ponernos al servicio de las grandes mayorías, del pueblo”, agregó el legislador correntino.
En sintonía, Giustiniani expresó que “la telefonía móvil funciona como un gran monopolio”. Y finalizó: “Esperamos que el oficialismo no siga trabando esta ley que proponemos”.
Dictamen para el “No Llame”
El proyecto que permite al usuario no recibir más publicidad en el teléfono celular recibió ayer dictamen unánime en tres comisiones de Diputados, con lo que quedo a un paso de ser convertido en ley en la próxima sesión ordinaria de la Cámara baja, ya que cuenta con sanción del Senado nacional.
El dictamen de la comisión establece la creación del Registro Nacional “No Llame”, que permite al usuario no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular.
La iniciativa “protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.
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