El capítulo sobre los impuestos al tabaco que fue incluido a último momento en la ley Bases aparece como una buena noticia para los más de 200 trabajadoras y trabajadores de la empresa rosarina Bronway, quienes desde hace más de dos meses están suspendidos. Es que si bien el gobierno aumenta en el proyecto el impuesto del 70 al 73 por ciento, lo hace con base en el precio del atado de cigarrillos en el mercado y no fija un precio mínimo, por lo que todas las empresas pagarían el mismo porcentaje de ser sancionada la iniciativa. La Cámara de Diputados terminó dando la media sanción por 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones, en lo que fue un momento polémico de la sesión. Una vez concluida, varios legisladores dijeron que sus votos no habían sido contabilizados. Sin embargo, este domingo, el presidente de la Cámara, Martín Menen aclaró cómo había sido la votación.
En declaraciones al programa El fin de la Metáfora (Radio con Vos), Menem explicó que cuando se va a tratar un capítulo de cada ley los legisladores se loguean en el sistema. En ese momento había 28 ausentes. Después de que la ley fue votada, manifestaron que querían sufragar, pero ya no era posible.
La manera en que se sacó y se puso a último momento el capítulo en la ley ómnibus generó polémica. Incluso se acusó a dos legisladores bonaerenses del PRO de ser los artífices de que el capítulo no se incluyera. En las negociaciones previas, fue el opositor dialoguista Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, quien hizo que el capítulo del tabaco volviera a la ley. Una medida que contaba con el beneplácito de las cámaras del sector, incluso de las siete provincias del norte donde se produce el tabaco.
El martes pasado, la incorporación del capítulo generó cruces y acusaciones entre los distintos bloques, lo que demoró la votación. Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó el proyecto, que no estaba incluido en el dictamen general y precisaba mayoría especial, y los oradores posteriores -Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, y Karina Banfi, de la UCR- acordaron su tratamiento.
Sin embargo, tanto los legisladores de La Libertad Avanza como los de Unión por la Patria sugirieron el tratamiento en comisiones. El proyecto fue rechazado por el PRO y La Libertad Avanza. La posición peronista se dividió entre aprobaciones y abstenciones, aunque esta última fue la posición predominante y la que explica los 69 votos neutrales. El radicalismo y Hacemos votaron a favor y alcanzaron la media sanción.
Todo el tratamiento de la ley estuvo marcado por la sombra del llamado “señor del Tabaco”, el nombre con el que el propio Javier Milei identificó a Pablo Otero, el propietario de Tabacalera Sarandí quien al gozar de una sentencia de la Cámara Federal que declara inconstitucional el impuesto mínimo no desea la modificación ya que pasaría a pagar el 73% en lugar del 70% y se igualará con otras empresas que llamativamente no logran el mismo status judicial de la empresa de Otero . En Santa Fe cerró la empresa For Men y en Rosario la firma Bronway está a la espera de una definición legislativa sobre el impuesto, mantiene su planta parada y sus trabajadores suspendidos ya que si bien la jueza federal había otorgado la medida cautelar fue la cámara federal de Rosario la que la revocó y se encuentra a fallo el fondo de la cuestión.
El tema central es que si bien esta nueva ley permitiría a Otero vender sus cigarrillos sin necesidad de medidas judiciales, dejaría de acaparar el mercado de los “cigarrillos baratos” como lo hace ahora, y las pymes estarían en igualdad de condiciones para competir.
“Ante el incesante, vergonzoso y falto de veracidad ataque mediático hacia nuestra empresa y mi persona, nos vemos en la necesidad de aclarar que Tabacalera Sarandí festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, y la derogación de parte de la maldita ley 27.430 de 2017, conocida por todos los actores como Ley Massalin, diseñada y promulgada por esa firma para quedarse con el 100% del mercado de tabacos. Nuestra empresa ha estado en litigio con dicha ley desde 2018, en procura de su propia subsistencia. Amén que un día ya no exista”, aseguró Otero en una carta a los medios tras la media sanción, apuntando a la multinacional de estar detrás de la iniciativa.
Paralelamente la Cámara Nacional de empresas tabacaleras (CANET) en la persona de su presidente Luis Guingle presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal a cargo del juez Rafecas donde se denuncian una serie de pagos que habrían sido recibidos por distintos diputados para no incluir el capítulo del tabaco y favorecer a Otero.
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