Después de varias semanas en las que se sucedieron fuertes cruces mediáticos entre el gobierno provincial y la Justicia, las partes le bajaron el tono al conflicto, aunque el ministro Héctor Superti volvió a criticar a los jueces por su resistencia a los cambios que se están implementando. El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos dijo ayer en conferencia de prensa que en realidad se trató de un “entuerto con el Colegio de Magistrados y no con el Poder Judicial”, aludiendo al comunicado crítico que la institución había emitido a principios de la semana.
“No hay conflicto de poderes”, dijo Superti. “Quedó claro que lo que decíamos nosotros era lo correcto. Yo dije que el conflicto de poderes se da entre el Ejecutivo y el Judicial; la cabeza del Poder Judicial es la Corte (Suprema de la provincia); nosotros dijimos que no tuvimos conflictos con la Corte y el presidente de la Corte (Roberto Falistocco) dijo que no tuvo conflictos con nosotros. Sí hubo un entredicho con el Colegio de Magistrados; como ente gremial sacaron un comunicado donde las cosas que afirman no son ciertas”.
Superti respondió punto por punto las críticas del Colegio de Magistrados: “Dicen que les negamos participación, cuando hace
tres meses les habíamos mandado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y nunca nos mandaron las observaciones.
Yo las recibí luego del comunicado, donde se quejaban de que no tenían participación. Se quejan de que no había presupuesto, cuando el ministro de Economía (Ángel Sciara) y yo fuimos hasta la Corte a explicar cuáles eran las posibilidades presupuestarias para la implementación del Código (Procesal Penal) en 2010”.
Y luego agregó: “Se quejan de que se puso en marcha parte del Código Penal y eso genera anarquía y otra serie de consideraciones,
cuando en el cuasi piquete que hicieron los magistrados en mayo en Tribunales una de las cosas que pidieron fue que los fiscales tengan criterio de oportunidad, que justamente es la parte del código que se puso en vigencia. Por eso cuando desglosamos el comunicado advertimos que dicen cosas que no son ciertas”.
El ministro de Justicia confirmó además que se estudian cambios para el Consejo de la Magistratura: “Yo dije al comienzo de la
gestión que, después de un año más o menos de funcionamiento, íbamos a evaluar y a hacer los ajustes necesarios. Pero para profundizar el modelo, no para cambiarlo”. En pocos días va a salir el decreto, confía Superti, que admitió también que siguen esperando poder introducir esos cambios antes de fin de año, aunque se quejó de las demoras del Colegio de Magistrados, que tiene
que hacer llegar sus observaciones.
Consultado luego por la transición hacia la vigencia plena del nuevo Código Penal, que deberá implementarse en forma integral a partir de febrero de 2010, explicó: “Nosotros hemos hecho una suerte de cronograma. Si lo podemos cumplir, diría que sí. Pero depende de que haya plata y además de los tiempos de los concursos. La Legislatura introdujo una modificación al proyecto inicial, para que todos los cargos se concursen. Y los concursos demandan tiempo. Estamos tratando, antes de fin de año, de llamar a concurso para cubrir los doce cargos más importantes: seis de la Fiscalía –el fiscal general y los regionales– y seis del Servicio Público de Defensa –el defensor provincial y los cinco regionales–, que son los que luego van a tener que armar sus estructuras. Para que se entienda: se trata de crear un modelo de Justicia nuevo, con tribunales, fiscalías y defensas distintas”.
El ministro cargó duro contra los “sectores” de la Justicia santafesina que se “resisten” a los cambios. “Estoy absolutamente convencido de que hay sectores que no quieren el cambio por todo lo que significa un cambio de esta magnitud. Hay dos tipos
de resistencia: la que tiene que ver con los cambios de paradigmas en la forma de trabajar, que son resistencias más que comprensibles; eso se soluciona con capacitación. Pero después están las otras resistencias, que tienen que ver con los intereses
que se afectan con el cambio. Y a estas resistencias sólo se las quiebra con decisión política, que es lo que tiene esta gestión”.
—¿Y por qué cree que hay todas estas resistencias al cambio?
—Es fácil: el sistema de transparencia modifica las cuotas de poder. No es que los jueces o los fiscales no vayan a tener poder;
van a tener poder, pero para hacer sus funciones, no para otras cosas. Va a haber un desplazamiento de poder. Y hay intereses
que se van a ver muy afectados. Por ejemplo: hoy la fuerza que tienen las actas policiales es tremenda; por las actas de un testimonio, de una pericia o de un croquis se puede condenar a una persona. Con el nuevo sistema, si en la audiencia los policías no
explican a viva voz qué es lo que vieron o lo que pasó, la prueba no sirve. Son intereses que se van tocando.
Por la mañana, el presidente de la Corte había negado que hubiera un conflicto de poderes, en referencia al documento difundido
por los magistrados en el que criticaron al gobierno por “no satisfacer el servicio de Justicia que la sociedad demanda”. “Sin la suficiente asignación de recursos presupuestarios para cubrir designaciones, personal, capacitación, edificios, entre otras
necesidades, la reforma lejos estará de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad”, habían dicho los jueces.
La primera respuesta del gobierno fue confirmar que esos fondos estarán disponibles; la segunda fue la rueda de prensa
convocada por Superti, en la capital provincial, para responder algunas las críticas que consideró viciadas de falsedad.
Para Bassó también hubo severas críticas
El ministro Héctor Superti se manifestó disgustado con la tarea de los fiscales y, en particular, con la del procurador Agustín
Bassó en el caso del juez santafesino Rubén Saurín, quien estuvo involucrado en un hecho de hurto de energía a mediados
de año, causa archivada por su colega Jorge Patrizi a principios de agosto.
Superti dijo, en medio de una conferencia de prensa en la que explicaba los nuevos mecanismos que se aplicarán en la Justicia provincial con el objetivo de volver los procesos más transparentes: “En un caso en el que está involucrado un juez (Saurín) por hurto o estafa, nosotros tenemos conocimiento de que la Fiscalía quería llevar adelante pruebas, y luego, cuando la Fiscalía apela el archivo (decidido por Patrizi), el fiscal de Cámara desiste de esa apelación”.
El argumento de Superti contra Bassó es el siguiente: “El Ministerio Público es uno solo, pero ambos (la Fiscalía y la Cámara
de Apelaciones) dependen de Bassó. Entonces, o Bassó no sabe lo que pasa en el Ministerio Público o está convencido de que estaba bien desistir. Sería bueno que se lo explique a la comunidad, porque es un caso muy sensible”.
Luego, el ministro explicó que, una vez que se pongan en marcha los nuevos mecanismos en el ámbito de la Justicia santafesina,
se irá explicando permanentemente a la sociedad cada paso que den jueces y fiscales. “Habrá un consejo regional que controlará el funcionamiento de las fiscalías; eso les dará la fuerza y la confianza que hoy, más allá de lo que haya ocurrido, la gente ha perdido”.
Superti resumió el caso: “Se archiva la causa; la fiscal (Graciela Parma) apela el archivo y el fiscal de cámara, que es el jefe de la fiscal Parma, desiste de la apelación. Entonces, si el jefe de esos fiscales, que es el doctor Bassó, no sabía, algo anda mal porque es un caso muy sensible; y si sabía que se desistía de la apelación, sería bueno que explique por qué”.
—¿Hay una defensa corporativa?
—Yo estoy explicando un hecho objetivo: una apelación de una fiscal, desistida por su jefe ante la mirada del jefe de los dos.
—Pero el implicado es un juez…
—Claro. Al estar implicado un juez, en un tema sensible como el hurto de energía, eso aumenta la expectativa de la gente por saber qué está pasando en la Justicia.
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