Por: Ezequiel Nieva
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, acudió ayer al encuentro pedido por los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a quienes explicó en detalle el espíritu de dos leyes que forman parte del proceso de reforma judicial –la de Justicia Comunitaria y la de Mediación Obligatoria– y que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Superti se manifestó optimista respecto de un tratamiento positivo en la Cámara alta, aunque en la reunión los referentes del PJ –que tiene mayoría en el Senado– le plantearon algunas dudas, entre ellas las quejas que hicieron públicas los colegios de abogados de la provincia sobre aspectos puntuales del proyecto de reforma de la Justicia Comunal, también llamada “ley de pequeñas causas”.
Ricardo Kaufmann (departamento Garay), Alcides Calvo (Castellanos), Cristina Berra (San Martín) y Juan Carlos Mercier (La Capital) estuvieron por la oposición; el radical Rodrigo Borla (San Justo) y el socialista Juan Carlos Zabalza (Rosario), por el oficialismo. Ante ellos desplegó Superti sus argumentos. Tras el encuentro, el ministro recordó qué se intenta instaurar a partir de la ley de Mediación: “Apunta a que vayamos sustituyendo la cultura de la pelea y del litigio por la cultura del acuerdo. Esto hace que, cuando una mediación tiene un resultado positivo, ese resultado sea más pacificador que una sentencia”. Para el funcionario, el acuerdo es más satisfactorio “porque a veces la sentencia no deja conforme a ninguna de las partes”. Y además “es más económico en dinero, en trámites y en tiempo”, completó.
“La mediación obligatoria, en los lugares que funciona, incide en la carga de trabajo en un 30 o 40 por ciento. Lo que implica que queda capacidad operativa libre, por toda esa cantidad de causas que se arreglan antes, para atender los conflictos que no se pudieron arreglar de la misma manera”, agregó Superti. Sobre este proyecto, las dudas expuestas por los senadores del PJ no fueron tan profundas si se lo compara con el otro: la nueva ley de Justicia Comunitaria, que persigue el objetivo de reformular el sistema que rige la actividad de los jueces de paz y que, entre otros puntos, plantea la obligatoriedad de que los postulantes tengan título universitario para acceder al cargo y que esa decisión se tomará por concurso.
Según Superti, la intención es favorecer el acceso de la población al servicio de justicia. “Se llama de pequeñas causas, pero para el interesado es su gran causa”, agregó el ministro. “Cuando la causa no tiene una cuantía importante que justifique ir al sistema de justicia tradicional, al que la gente no tiene manera de acceder, lo que proponemos es que en lugar de que el justiciable vaya a la Justicia, el sistema judicial vaya al justiciable. De esta manera, con tribunales instalados cerca de los vecinos, se podrá intervenir en conflictos de bajo monto pero importantes en otros aspectos”. El funcionario se manifestó optimista y dijo que hay “voluntad” de los senadores del PJ de sancionar los dos proyectos: “A mí me dio la impresión de que hay voluntad, más allá de algunos aspectos puntuales, todos opinables desde el punto de vista técnico o político”.
Luego, Superti opinó sobre las quejas de los colegios de abogados: “Los colegios profesionales cuestionan que la ley dice que las partes deben estar representadas por abogados o procuradores. Ésa es la regla y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que nosotros hacemos es prever una excepción: se puede prescindir del patrocinio letrado cuando se dan tres requisitos. Primero, que ninguna de las partes tenga abogado. Segundo, que sean dos personas físicas, no personas jurídicas. Y tercero, que el juez entienda que por la naturaleza del conflicto no haga falta que tengan abogados. Y ellos sostienen que siempre tiene que haber abogados”.
“La provincia es grande”, siguió el titular de la cartera de Justicia. “No es fácil proveer de abogados a todo el mundo, salvo cuando la situación lo exija. Por eso confiamos en los requisitos de las excepciones. Pero sigue siendo una excepción lo que planteamos, basada en el sentido común. La visión nuestra es que la gente acceda a la Justicia y a los colegios de abogados lo que les interesa es conseguir la mayor cantidad posible de trabajo para los propios abogados”.
El gobierno no está dispuesto a cambiar el fondo de la cuestión –esto es: se insistirá con las excepciones en las que no habrá abogados de ningún lado– pero sí a revisar el monto a partir del cual no correría la excepción. “Las pequeñas causas se manejan por el valor jus, que fija la Corte. Tiene distintos equivalentes en los distintos lugares de la provincia. La justicia de pequeñas causas es hasta valores de 10 jus; lo que le planteamos al Senado es la posibilidad, para acotar más las excepciones, de que se limite a 5 jus. Es decir: para que no haya abogados, además de los otros requisitos, que la demanda no supere los 5 jus”, concluyó Superti.
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