La jefa del Comité Asesor de Narcotráfico del Ministerio del Interior, Mónica Cuñarro, afirmó ayer que existe “una gran deuda social y legislativa” en materia de control de las adicciones, instó a que el tema “deje de ser tabú” y consideró que cada cartera de salud del país “debería firmar un protocolo que priorice la desintoxicación y la atención de urgencia”.
Cuñarro recordó que la comisión que encabeza fue jerarquizada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante el decreto 1359. “Hace tres años con el doctor (Carlos) Rívolo habíamos hecho el primer mapa criminal de drogas que mostró zonas sensibles al narcotráfico, otras de distribución y otras de desvío y tráfico”, describió.
En ese sentido, puso de relieve que ahora “el Estado puede y debe mejorar las tareas de inteligencia y coordinación de las fuerzas, que es un punto débil desde los años 90”.
“También impulsamos las leyes de control del mercado de medicamentos, la de prevención en materia de educación, la del plan federal de asistencia, la de salud mental, y el decreto de alcohol cuya mayoría fueron sancionadas con abundante consenso de oficialismo y oposición y dos están paradas en el Senado”, sostuvo.
Cuñarro añadió que “existe una gran deuda social y legislativa en la que no pueden primar banderas políticas, porque cada aporte que cada uno haga es en beneficio de la calidad sanitaria de las personas que sufren, en la que el Estado, las obras sociales, las prepagas y las ONG están involucradas y por otra parte que los recursos de la persecución deben dirigirse, ahora sí y de una vez al tráfico, comercio y distribución”.
Por otra parte, señaló que la Corte Suprema, tras el fallo del caso Arriola, “concluyó su tarea, que es el control de constitucionalidad y además exhortó a los gobiernos a desarrollar políticas preventivas, modificar las legislaciones y a perseguir el tráfico, el desvío de precursores y mejorar la cooperación penal”.
“No nos olvidemos que además de tener nichos de corrupción en las fuerzas, en el Poder Judicial y en el Estado, cada vez que se toman decisiones afuera como las del presidente (de México, Felipe) Calderón impactan aquí. Buen ejemplo del traslado de esas guerras fueron el caso de la efedrina y las muertes violentas de lo que la prensa ilustra”, destacó.
Cuñarro recordó que la comisión elevó un cronograma identificando qué debe hacer el Estado en cada área, en materia legislativa, en materia de corrupción, lavado y narcotráfico como en materia sociosanitaria y administrativa.
Preguntada sobre cómo se relaciona la droga con la seguridad, respondió que “las políticas de drogas de los últimos 35 años son un fracaso: no lograron disminuir el consumo y las organizaciones criminales y la corrupción aumentó aquí y en la región creando verdaderos grupos poderosos que llegan a tener redes con la política”.
“El caso de (Pablo) Escobar Gaviria es un ejemplo de ello o el caso de la Policía de México, otro; o el caso de San Miguel, triple crimen”, detalló.
“Pero no se ha invertido ni en prevenir ni en asistir. Debemos dejar que este tema deje de ser tabú, no es un tema sólo para gendarmes y fiscales”, expresó.
“El alcohol es la droga legal que mayor inseguridad causa en el país, provoca accidentes de tránsito, amenazas, homicidios culposos, lesiones graves, culposas, pero claro: si tenemos lugares como la ciudad en la que no se decreta un control ni se evita el acceso indiscriminado al alcohol de nada sirve que las provincias sí lo hagan”, consideró Cuñarro.
Por otra parte, manifestó que el tabaco y el alcohol “provocan más de 300.000 causas de muerte e incapacidad, esto es pérdida de concurrencia al trabajo, accidentes de trabajo, violencia doméstica, licencias, enfermedades de riesgo que significan gastos y gastos en recursos públicos que pueden y deben ser evitados”.
Preguntada sobre si en los hospitales se les brinda atención a estos casos, respondió: “No, en muchos sí como en la red metropolitana, o es aislado pero en general se rechaza a los pobres, marginados, a los chicos adictos a los solventes y al paco”.
“Es la cara más cruda y frágil del dolor y todos damos vuelta la cara y nos hacemos los distraídos”, agregó.
“Debe exigirse que cada cartera de salud firme un protocolo que priorice la desintoxicación, la atención de la urgencia y la internación hasta treinta días, un control en las obras sociales y las prepagas que por ley están obligadas”, expresó.
Cuñarro dijo que la comisión entregó al ministro de Justicia 43 puntos sugeridos para mejorar las tareas contra el narcotráfico, el lavado, la corrupción y el crimen complejo.
“La causa de la mafia de los medicamentos es una muestra de lo que pasa cuando el Estado deja de controlar al mercado, el mercado hace lo que quiere y primero se agranda, luego se distorsiona y comete delitos de alta complejidad como éste que llega a tener relaciones con la política”, señaló.
“Por eso el Estado debe recuperar el rol político que le corresponde”, concluyó Cuñarro.
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