La líder del GEN, Margarita Stolbizer, amplió hoy su denuncia contra el empresario Lázaro Báez, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de lavado de dinero y utilización de “facturas truchas”, y pidió a la Justicia que ponga la mira en la Afip por supuesta “complicidad” durante la gestión de Ricardo Echegaray.
La diputada acusa a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, de haber “pagado miles de pesos a diferentes empresas sin empleados, con inscripción en Afip inactiva”.
En su presentación detalló que “la mayoría de las empresas contratadas no posee antecedentes en el rubro de la construcción, no tenía empleados y lo más grave: la Afip había dado de baja de oficio a los impuestos de estas empresas por no registrar movimientos al momento de la contratación y facturación por los supuestos servicios prestados”.
No obstante, el escrito advirtió que estas empresas “facturaron millones a Lázaro Baez” y acotó que “estas facturas truchas permitieron a Austral Construcciones evadir millones de pesos en impuestos o camuflar sobornos”.
Stolbizer apuntó que Báez “reúne la condición de prestanombre y responsable de la creación de sociedades pantalla para encubrir los negocios de aquellos, en perjuicio del Estado”.
A raíz de las irregularidades detectadas, Stolbizer, que ha sido admitida como “amicus curiae” en la causa, recomendó a la Justicia que lleve adelante una serie de medidas probatorias de los posibles delitos de evasión impositiva, sobreprecios en los contratos con el Estado, retornos por obra pública y facturación apócrifa.
Además, cargó contra el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, al entender que “encubrió las maniobras delictivas de las empresas del grupo Báez”.
“Toda la operación ilícita, que es compleja, no podría haberse llevado a cabo sin la complicidad y el encubrimiento de la Afip y la participación activa en ese rol de su titular por tratarse del organismo natural destinado al contralor de las actividades impositivas”, concluyó Stolbizer.
En su condición de amicus curiae, a la que accedió a fines de octubre mediante una resolución judicial, la ex candidata presidencial de Progresistas está habilitada para colaborar con el proceso de investigación sin ser parte del pleito, con la posibilidad de presentar escritos proponiendo testimonios y medidas de prueba.
Comentarios