Manuel Parola
Especial para El Ciudadano
La tasa de sindicalización registrada en la Argentina es la más baja en los últimos treinta años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 41,5% de la población en condiciones de trabajar tiene empleo registrado, lo cual se traduce en casi 29 millones de personas. El último informe indica que menos del 27% de los trabajadores registrados está afiliado a un sindicato, es decir, mucho menos de un tercio de los trabajadores se encuentra representado por un gremio a la hora de negociar con la empresa. Los sindicatos se encuentran en una tendencia a la baja de trabajadores afiliados desde hace al menos 6 años, cuando los índices de empleo comenzaron a caer a la vez que aumentaban los registros de trabajo informal, cuyos orígenes se hallan en un contexto que ataca sobre todo a jóvenes y mujeres. Los especialistas insisten en que una tasa alta de empleo registrado explica un mercado estable de trabajo, cosa que en las últimas décadas no se ha dado en el país, que por estos días discute a instancias de la oposición la supuesta necesidad de eliminar una histórica conquista sindical: el derecho a la indemnización.
Adriana Marshall, investigadora del Conicet especializada en cuestiones inherentes a lo laboral y sindical, inicia su más reciente estudio sobre la evolución de la tasa de sindicalización situándose en el año 1990: uno de cada dos trabajadores, el 49%, estaba afiliado a un sindicato en aquel entonces. En 2005, la tasa pasó al 37% de los trabajadores, entrando un proceso de crecimiento que superó el 56% de empleados sindicalizados en el 2011. La tasa comienza a bajar cuatro años después, en el año 2015, cuando 4 de cada 10 laburantes estaban agremiados. El último ciclo neoliberal, durante el gobierno de Mauricio Macri, resultó en la pérdida de un tercio de la masa sindical existente: de representar al 39% de los trabajadores registrados por el Ministerio de Trabajo, sólo el 27,3% estaba integrando la población sindical en la segunda mitad del mandato de Juntos por el Cambio.
La reducción de la incidencia sindical, alegan los expertos consultados por El Ciudadano, se traduce en mayor permeabilidad de los derechos y la reducción de poder de tracción en la pelea por la distribución de los ingresos y el acceso a los derechos laborales.
Un informe de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) titulado “Radiografía de la Sindicalización” comienza resaltando la “profusa tradición de organización y activismo sindical” en la Argentina, aunque para los investigadores “uno de los principales desafíos para el sindicalismo tomó forma en las últimas décadas del siglo XX”, refiriéndose a la “desestructuración de la propia clase trabajadora tal y como se había plasmado durante la etapa en la que se consolidaron las organizaciones sindicales. El retroceso del proceso de industrialización, el aumento de la desocupación, la profusión de la informalidad, la expansión del trabajo por cuenta propia fueron algunas de las expresiones de una nueva fase del capitalismo que puso en jaque a la vieja sociedad salarial”.
El sector público explica la mayoría de la población sindical
La composición de la población sindicalizada ubica a la mayoría de ellos (el 42,5%) trabajando en el sector público, mientras que el 34,7% corresponde al sector privado, donde el poder del empleador por sobre el trabajador es mucho mayor. Por su lado, el 19% de la masa trabajadora agremiada es reconocida como profesionales, tanto de profesiones liberales como colegiadas. Esta diferencia en cuanto a la organización sindical por parte de los profesionalizados explica en parte los problemas para elaborar pautas mínimas generales de trabajo en sectores como los médicos, los enfermeros, los contadores públicos, abogados, entre otros, de poca tradición sindical. La restante población trabajadora en Argentina se divide entre los cuentapropistas y patrones, quienes hoy en día, según la Encuesta Permanente de Hogares del 2º trimestre de este año, significan el 9,6% y 1,5% de las personas empleadas, respectivamente.
Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, reconoce que “donde cayó la sindicalización es por desaparición de afiliados” y advierte que “el movimiento sindical se ha debilitado mucho”, debido al crecimiento “de la informalidad y el monotributo”.
El ex secretario General de la Ctera y actual legislador por la provincia de Buenos Aires señala a la “destrucción del empresariado pequeño y mediano, que es la porción más potente de la producción”, como una de las fuentes de esta merma en la sindicalización de los trabajadores.
Se ha contraído notablemente la cantidad de trabajadores registrados y por lo tanto, en términos brutos, ha decaído la cifra de sindicalizados, pero según Yasky “no ha sido por una baja de trabajadores registrados afiliados”. En el marco de la crisis generada por el macrismo y la pandemia, el dirigente identifica tres componentes como causales de esta reducción en la afiliación sindical: la informalidad, el monotributo y a las formas de cuentapropismo, donde puede ubicarse lo que se llama economía popular, “que en realidad son formas de subsistencia”.
“En el caso de Argentina hubo una destrucción del empresariado pequeño y mediano, que constituye la base más potente de la generación de empleos y a la vez de la producción nacional. Creo que hay un cementerio de pymes que creció durante el macrismo, el cual hoy sigue existiendo y eso significa destruir el principal factor de generación de empleo”, detalló.
La porción de trabajadores no asalariados se mantiene constante desde 2018 a la fecha, según las planillas del Indec, con variaciones mínimas, lo cual arroja, tal cual lo enuncia Marshall, que la retracción en los índices de sindicalización tienen que ver fundamentalmente con la pérdida de lugares de trabajo en el sector público durante la gestión Macri, y a la desaparición de decenas de miles de puestos en el sector privado por las políticas económicas neoliberales.
La ley 25.674: una norma en clave de género que no se cumple
Un dato causa alarma: en del sector privado, hay una diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre la participación y representación sindical entre los hombres (38%) y las mujeres (29%). Sumando el sector público, las mujeres representan el 37,3% de las personas agremiadas. La ley Nacional 25.674 de Cupo Femenino Sindical, promulgada en el año 2002, establece: “La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 30%”. Además, reglamenta que “cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad”.
Según fuentes del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, a nivel nacional las mujeres actualmente ocupan sólo 18% de las secretarías, subsecretarías y prosecretarías en los espacios sindicales, mientras que dentro de esa misma proporción 3 de cada 4 (74%) de esos cargos abordan temáticas consideradas “propias de la mujer”, tales como igualdad, género o servicios sociales, en clara desatención de la ley nacional de Cupo Femenino.
La población sindical actual está compuesta mayoritariamente por hombres que superan los 50 años de edad, lo cual coloca a las mujeres en particular y a las juventudes en general como poblaciones alejadas y no representadas en el ámbito sindical; estos últimos no llegan a representar 2 de cada 10 personas afiliadas.
Los desocupados y la informalidad: he ahí la cuestión
A los componentes que tensionan a la baja la participación sindical identificados por Yasky (la informalidad, el monotributo y a las formas de cuentapropismo), el investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo Juan Manuel Ottaviano le suma otros dos factores clave: la participación en el trabajo (los niveles de desocupación) y el nivel de incidencia de las negociaciones colectivas de trabajo.
“Existe una tendencia a la baja de la sindicalización sobre todo por la desocupación y el aumento de la informalidad” dice Ottaviano. El catedrático historiza este análisis y lo coloca en el marco de los procesos neoliberales “que ha padecido Argentina”. Por tramos históricos, los índices han mermado en tanto así lo permitió el contexto político-económico y laboral que atraviesa la población: una tasa alta de sindicalización indica la existencia de un mercado estable de trabajo. “Un caso paradigmático es Estados Unidos. En Estados Unidos no hay mecanismos de estabilización en períodos de restricción del trabajo” lo cual se traduce en una flexibilización laboral que derivó, según Ottaviano, en los índices más altos de desocupación del continente durante la pandemia.
Según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la cantidad de sindicatos que firmaron convenios y acuerdos colectivos de trabajo se ha mantenido constante en la última década. Ottaviano lee este dato como un indicador de que, si la incidencia de las negociaciones sindicales se mantuviera estable, aun durante el gobierno de Mauricio Macri, la razón de la no afiliación está, por un lado, en la destrucción de los puestos de trabajo ocurridas entre los años 2017 y 2019 y, por otro, en el crecimiento de la informalidad y el cuentrapropismo en cuanto a la proporción que significa en el universo de las personas que no están buscando trabajo.
Según el informe de la Unsam, “a pesar de los ciclos neoliberales, la Argentina sostiene indicadores que son mayores a las medias latinoamericanas”, manteniéndose sólo superado por Uruguay y seguida por Chile y Brasil. “Argentina tiene números de sindicalización incluso superiores a los países de Europa” sostiene Yasky, quien defiende el concepto del sindicato como una “herramienta de poder” ante una sociedad que “cada vez tiende más a la concentración de la economía y a la indefensión de los sectores de la clase trabajadora frente a leyes de libre mercado que arrasan con los derechos”.
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