Unidad Ciudadana
Se cumplieron 10 años del regreso de un sistema privado a un sistema público de reparto, hecho único en la historia de la seguridad social. El 20 de noviembre de 2008, en medio de la crisis mundial más importante desde el crac de 1930, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de reestatizar los aportes de los trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias; recuperando los fondos previsionales a manos del Estado nacional, volviendo al sistema de reparto público y solidario.
Resulta paradigmático que en medio de una crisis de tal magnitud, el Estado nacional en vez de recurrir a políticas de ajuste optó por políticas expansivas que no sólo protegen a los más vulnerados, sino que son un incentivo a la cadena de consumo.
De este modo se logró revertir el proceso neoliberal de la década del 90’ cuando se dio origen a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), privatizando el sistema previsional argentino. Hasta ese entonces las AFJP se quedaban con un 2,5% de los aportes de los trabajadores y trabajadoras en concepto de comisiones. A partir de la estatización se dejaron de cobrar dichas comisiones, generándose un ahorro sólo entre 2008 y 2014 de 75.502 millones de pesos.
Con el paquete accionario de las ex AFJP se conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la Ansés, a través del cual se financiaban actividades productivas con finalidades sociales a la vez que impulsaban el mercado de trabajo. Fondo que hoy está en riesgo a partir de la ley de Reparación Histórica, que flexibiliza su uso, y de un decreto presidencial que permite la privatización de su administración a través de fideicomisos privados sin regulación alguna. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía 66 mil millones de dólares en diciembre de 2015 y hoy posee menos de 40 mil millones de dólares.
La ley 26.425 de Estatización de las AFJP fue la que permitió infinidad de logros en materia de seguridad social: el haber mínimo y la cobertura más alta de América latina, y el plan de inclusión previsional más importante de la historia de nuestro país, donde 3,7 millones de personas que habían quedado excluidas del mercado formal de trabajo podían por primera vez acceder al derecho de una jubilación.
Asimismo, la recuperación de los aportes y contribuciones de la seguridad social, permitió financiar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), estructurando un sistema de protección donde el Estado protege y cuida desde los 3 meses de gestación; al igual que el programa Procrear Bicentenario, el Progresar, el Conectar Igualdad, entre otros. Hoy todos derechos que están siendo avasallados.
Hasta 2015, al menos 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes recibían la AUH. Con este programa, 700 mil de ellos pudieron salir de la pobreza, y 581 mil, directamente de la indigencia. De estos, el 62% nunca había recibido un beneficio social nacional. Una política integral que, lejos de ser un plan asistencialista, contiene como contraprestación hacia las familias que los niños, niñas y adolescentes deben realizarse controles de salud, tener su calendario de vacunación al día y cumplir con la regularidad en la escolarización; permitiendo aumentar la matrícula educativa y mejorar los indicadores sanitarios. Desde diciembre de 2015, los titulares de AUH sufren una pérdida absoluta de su poder adquisitivo, a la par que la reforma previsional recortó drásticamente estos ingresos, que van perdiendo poder adquisitivo mes a mes por causa de la inflación.
La ley de Movilidad Jubilatoria, otorgaba a jubilados, pensionados y titulares de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo dos aumentos anuales en función de la evolución de la economía. El gobierno modificó esta fórmula generando que los jubilados y jubiladas pierdan un haber y medio en el año, ya que la nueva fórmula nunca alcanza a la inflación.
El Programa Conectar Igualdad entregó 5.000.000 netbooks. A partir del cambio de gobierno, se dejó de otorgar esta herramienta fundamental para la reducción de la brecha digital en los jóvenes.
Del mismo modo, el Progresar hasta el año 2015 otorgaba una ayuda económica a 1.200.000 jóvenes de entre 18 y 24 años sin trabajo, con uno informal o con un salario menor al mínimo, para que de este modo puedan completar la escolaridad obligatoria y/o acceder a la educación superior u otras experiencias de formación. Para 2019 se prevé otorgar este derecho a apenas 500 mil jóvenes, en lo que se vislumbra como una eliminación progresiva de este programa.
El Programa de Créditos Argentino (Procrear Bicentenario) se lanzó orientado a los sectores medios, ampliando la política nacional de vivienda. Desde su lanzamiento en 2012 hasta 2015 se entregaron 200 mil créditos. Hoy vemos cómo los emprendimientos urbanísticos y casas sin terminar son abandonados sin destino.
Recuperar los aportes de los trabajadores y trabajadoras devolviendo su carácter solidario fue una decisión estructural que posibilitó no sólo garantizar la seguridad social como un derecho humano, sino que permitió llevar a cabo una política de expansión del consumo, distribución del ingreso y ampliación de derechos, protegiendo fundamentalmente a los sectores más vulnerados, en lo que significó un avance en materia de soberanía, capacidad estatal y desarrollo económico sin antecedentes en la historia de nuestro país.
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