Rodolfo Pablo Treber (*)
Fundación Pueblos del Sur
Especial para El Ciudadano
En estos últimos días el gobierno y los sectores empresarios manifestaron su disgusto hacia los banqueros por no otorgar los préstamos esperados a la pymes en problemas por la crisis económica que vive el país. Pero esa situación, más que un enojo, refleja la necesidad histórica de llevar a cabo un cambio profundo en el sistema financiero, principalmente en lo que respecta al Banco Central.
La generación, atesoramiento y distribución del dinero constituyen una herramienta poderosa que puede ser utilizada para favorecer o detener la producción. Basta para ello que conceda (o no) créditos a la gran industria o pequeños y medianos empresarios, o que haga viable (o no) los pagos de intereses según la tasa que aplique. En consecuencia, un plan de producción está supeditado, en gran parte, a la banca. Si esta es manejada por capitalistas privados y/o extranjeros que aprovechan su poder para satisfacer sólo un interés económico, las posibilidades de atender al desarrollo nacional quedarán postergadas, o anuladas.
Esta definición política de la actividad bancaria motivó que el 25 de marzo de 1946, antes de que asumiera Juan Domingo Perón, se sancionara el decreto-ley 12.962, por el cual se nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. De esta forma quedó bajo el control de la entidad estatal la emisión de la moneda, la regulación del crédito y fijación de la política de cambios, con los objetivos de lograr un mayor desarrollo económico aumentando la ocupación industrial.
También se nacionalizaron los depósitos bancarios para proteger el salario y ahorros de los argentinos, y la banca privada actuó bajo autorización del BCRA para brindar servicios financieros. Con los fondos recuperados se realizaron inversiones de capital para dar impulso al proceso de industrialización. Se compraron locomotoras y vagones ferroviarios, camiones acoplados para el transporte de producción pesada, aviones y buques de carga, frigoríficos y diques flotantes, dragas, tractores, grúas y calderas.
Un año después, como consecuencia, se emitió el Acta de Independencia Económica, de 1947, donde se declaran rotos los vínculos dominantes con el capitalismo foráneo que generaban dependencia. Con la vuelta de Perón en 1973, se repite la misma acción política con la ley 20.520, esta vez a través de la modalidad de contrato de mandato.
Inevitablemente, para salir de la actual crisis de empleo-producción-deuda que se encuentra el país necesitamos recuperar la soberanía financiera. Debemos rescatar los recursos económicos del pueblo argentino que, hoy, están en manos de extranjeros que no persiguen el interés nacional ni tienen vocación de hacerlo.
Como los números ayudan a pensar, aquí algunos datos de relevancia: la base monetaria argentina (el dinero circulante más la tenencia en entidades financieras) es superior a 2,4 billones de pesos.
De la base monetaria los bancos tienen en su poder un 46% (más de 1,1 billón de pesos) con disponibilidad mayor a 24 horas, con la que hacen sus movimientos especulativos diarios con una tasa promedio del 40%. Sumando los dólares depositados tienen en su poder el equivalente a 27.000 millones de dólares, que están destinado a acrecentar sus ganancias con el uso del dinero de los argentinos y gracias a la regulación del BCRA.
Pero, por el contrario, son poco significativos y extremadamente caros los créditos que otorgan a individuos y empresas que requieren financiamiento para el desarrollo de una actividad profesional o productiva.
Los números parecen de otro planeta y cuesta asirlos; pero lo más importante es que con la administración del ahorro de los argentinos en manos del Estado argentino, atendiendo al interés nacional, esos fondos podrían invertirse en proyectos productivos que permitan enfrentar las nuevas necesidades sanitarias y la gran oportunidad de encauzar la economía en un sendero de reindustrialización, creación de empleo y desarrollo nacional, con justicia social.
El sistema financiero argentino no puede seguir dedicado a la especulación y fuga de capitales. Necesitamos un Banco Central fuerte, con autoridad, para regular el mercado desde adentro. El Mercado Abierto Electrónico SA y Caja de Valores SA, agrupados en Bolsas y Mercados Argentinos SA, cumplen la función que debería estar en manos de la casa madre del sistema financiero argentino.
La falsa independencia, autarquía promocionada por el capitalismo en cualquiera de sus vertientes teóricas, enmascara la realidad de que esa independencia es, únicamente, a las necesidades del pueblo, mientras sirven a los organismos internacionales de crédito, embajadas extranjeras y oligarquía cipaya. Hay que reformar la carta orgánica del BCRA para aumentar su poder regulador y vincularlo directamente con los objetivos de independencia económica y justicia social de la Nación.
Sólo cortando la dependencia al extranjero podremos instalar un orden económico que entienda la felicidad individual como producto de una realización colectiva. Que pondere el humanismo por sobre los materialismos. Porque mientras lo económico sea lo mandante la vida será consecuencia de nuestras tareas productivas; pero si revertimos la prioridad e imponemos la comunidad como objetivo, la economía será la consecuencia de nuestra organización social.
La libertad que sea humana, y no del capital.
(*) treberrodolfopablo@gmail.com / fundacion@pueblosdelsur.org
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