Juana Rams
“Cada vez que viene (el entonces secretario de Seguridad de la Nación) Berni a vender un operativo sabemos que al menos un policía va a caer”. Eran los tiempos en que el enfrentamiento político entre Nación y provincia había menguado, aunque no tanto. En abril de 2015, la Federal había detenido al subjefe de la comisaría 20ª, Jorge Ocampo, sospechado –se dijo en forma errónea entonces– de tener connivencia con Gustavo “Tuerto” Cárdenas, un narco de la zona noroeste detenido ese mismo día. Un año más tarde, cuando ya había cambiado el color de la gestión nacional, aunque en medio de los cruces que generó la detención en territorio santafesino de los fugados autores del triple crimen de la efedrina, la Federal volvió a golpear sobre efectivos locales: marcharon presos quien había sido jefe de la seccional mencionada en tiempos del operativo que puso tras las rejas a Ocampo, Roberto Quiroga, además de dos de sus subalternos, por brindar protección a otra banda, cuyo liderazgo se adjudica a Sixto Pérez y Silvia Di Morelle, alias Gorda Bolona.
Sixto y Bolona
Un puñado de civiles figura como quienes usufructuaban la protección de los uniformados de la 20ª. Sixto Daniel Pérez se encuentra detenido desde el 25 de octubre de 2017, cuando Gendarmería lo apresó en el Chaco. Acá en Rosario se lo supo vincular como socio del Negro Cali. El pasado 5 de abril, la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el pedido de excarcelación que presentó su abogado particular. Entre los argumentos de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemingnani y Gustavo Hornos, su defensa no pudo demostrar la existencia de un agravio federal por encima de los fundamentos de los jueces de Cámara que rechazaron su excarcelación. En ese sentido, el tribunal resaltó que Sixto se encuentra procesado por comercialización de estupefacientes agravado no solo por el número de intervinientes sino también porque varios de ellos son funcionarios policiales.
En esta pesquisa Pérez está acusado como regenteador de búnkers, igual que Silvia Blanca Di Morelle, apodada Gorda Bolona. Esta mujer, por su parte, también está encausada en otra pesquisa federal conocida como Operación Guaraní, de mayo de 2016, donde se acusó a Facundo Nicolás “Macaco” Muñoz (absuelto por el crimen del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero) de manejar desde la cárcel de Piñero una organización que vendía drogas.
Polinarcos
El 1° de abril de 2016, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de Rosario detuvo a Quiroga en su despacho de la jefatura de la sección Cuerpos del departamento Villa Constitución, donde había recalado tras su paso como titular de la seccional 20ª de Rosario. El mismo día fueron apresados dos de sus ex subalternos, Víctor Villalba y Cristian Geller, informó entonces una fuente federal, por orden del juez federal Marcelo Bailaque. Era la misma investigación que había puesto tras las rejas al subcomisario Jorge Ocampo del 25 de abril de 2015, luego de que se le hallara un sobre con cocaína en su vivienda.
La detención de Ocampo fue en el marco de un megaoperativo que terminó con un total de siete detenidos luego de que las fuerzas federales realizaran una veintena de allanamientos en el barrio de Fisherton y también en las localidades de Funes y Roldán. En esos procedimientos de 2015, los uniformados incautaron nueve armas de fuego, estupefacientes y documentación de interés para la causa y entre los apresados estaba, como cabeza de banda, Gustavo “Tuerto” Cárdenas, un pesado del noroeste, quien entonces contaba con prisión domiciliaria por el crimen de su tocayo, el Tuerto Boli, Ramón del Valle Padilla, en diciembre de 2012 en la zona oeste.
La investigación también incluyó, por disposición del mismo juzgado, allanamientos a la comisaría 20ª y la subcomisaría 24ª de barrio Toba, junto con las viviendas de al menos cinco policías de esas seccionales. Entre esos domicilios se encontraban el jefe de la seccional 20ª, Roberto Quiroga, quien ocho meses después, en diciembre de 2015, sería designado como jefe de Cuerpos en Villa Constitución, y el subjefe Ocampo, quien terminó encausado por tenencia simple y puesto en disponibilidad en la fuerza provincial. Aquel día de abril de 2015, en los operativos en las dependencias oficiales los federales incautaron los celulares de los jefes de la comisaría 20ª, los libros de guardia y allanaron sus viviendas. La pesquisa apuntaba a la búsqueda de material de interés para determinar conexiones entre organizaciones criminales y efectivos de la fuerza.
Un año más tarde Quiroga, Villalba y Geller marcharon presos –les volvieron a allanar las viviendas– y fueron indagados por el juez federal Marcelo Bailaque, junto con algunos civiles.
Los cuatro uniformados están procesados por comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes y por el hecho de haber sido cometido por funcionarios públicos. En septiembre de 2016 la Cámara Federal de Casación rechazó las excarcelaciones de los uniformados Quiroga, Villalba y Geller, quienes siguen presos junto con Ocampo a la espera del juicio, dijo una fuente del caso. “Ya fue hecha la requisitoria fiscal y sólo falta la etapa probatoria previa al debate oral”, añadió este vocero del expediente.
El caso de Mica
Micaela P. es una de las civiles encausadas con los cuatro policías. Tras ser detenida el 1° de abril de 2016 consiguió una domiciliaria que pronto violó, por lo cual volvió a ser detenida. En marzo pasado, Casación rechazó la excarcelación, ya que está imputada en la modalidad “transporte agravado de estupefacientes” y se hizo eco de “los numerosos y continuos incumplimientos en que había incurrido la imputada en el régimen del arresto domiciliario otorgado en una oportunidad anterior a la actual que incluso provocaron, en ese momento, su revocación”. Y destacó que está procesada en un caso donde se investiga la protección policial para la comercialización de drogas.
Macaco y la Operación Guaraní
A mediados de 2016, una causa federal determinó que Facundo Nicolás “Macaco” Muñoz, entonces con prisión preventiva por el crimen del líder de la banda de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, impartía órdenes desde la cárcel de Piñero para direccionar la compra de droga, fraccionarla y distribuirla en distintos puntos de Rosario. En la misma investigación otras diez personas (dos mujeres y ocho varones) fueron procesadas por integrar una red delictiva encargada de comercializar estupefacientes. Entre ellos Silvia Blanca Di Morelle, la Gorda Bolona, también vinculada con la causa donde cayeron los jefes de la seccional 20ª de Empalme Graneros.
Los allanamientos de esa operación tuvieron lugar 31 de marzo de 2016 donde se secuestraron 100 kilos de marihuana ocultos en un utilitario procedente de Corrientes e interceptada en la autopista Rosario-Santa Fe. Según el expediente, la banda tenía como base de operaciones un complejo de canchas de fútbol en Sorrento al 1400. La causa se basó principalmente en escuchas telefónicas entre personas que vivían en Corrientes y Rosario bajo la sospecha de que traficaban droga y se desbarató el grupo que ya por entonces tenía preso, por otro motivo, a uno de sus líderes.
El Negro Cali, otro referente
El Negro Cali se llamaba Carlos Alberto Paz. Allá por 2002 había sido detenido en el norte de la provincia cuando custodiaba armado un camión que venía a Rosario con 280 kilos de marihuana, delito que le valió una condena a siete años de prisión. Su acompañante era Walter Jure, alias Dani, quien entonces también fue sentenciado; este hombre acaba de ser condenado a cinco años de prisión como integrante de la asociación ilícita Los Monos. El Negro Cali reapareció en las crónicas policiales en 2015, cuando volvió a ser detenido tras un oscuro episodio en el que fue acusado de secuestrar y extorsionar a un hombre y a su hijo en Nuevo Alberdi: cerró el caso con un abreviado a 45 días de prisión. Al año siguiente, en julio de 2016, lo mataron a tiros en su chatarrería de Schweitzer al 6800, en barrio Larrea. Allí habían concurrido los detectives federales de la operación Guaraní, aunque sólo hallaron 17 envoltorios de marihuana y detuvieron a un empleado del Negro Cali. Aunque también estaba mencionado en el expediente, Paz nunca fue acusado. Tampoco lo acusaron, aunque su nombre apareció en la pesquisa, en el secuestro extorsivo ocurrido en Ludueña de un integrante del clan Villalba, originalmente asentado en barrio Tango, en 2014.
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