Ciudad, Gremiales

Persecución

Sindicalista gastronómica se encadenó tras licencia forzada que la dejó sin salario ni obra social

Norma Mores tiene 4 hijos, uno de ellos con discapacidad, y es cabeza de familia. En marzo denunció a otro dirigente gremial por violencia de género y fue imputado por la Justicia. Desde hace tres meses, no percibe el sueldo y le cortaron los beneficios sindicales. Espera que la Justicia la ampare


A fines de febrero pasado circuló un audio de Whastapp donde se escucha al secretario gremial de los gastronómicos insultar a una delegada sindical: “Zurda de mierda, hija de puta, ¿estás grabando con esto? Te voy a matar. Andá a denunciarme”, alcanzó a grabar Norma Mores, después de un golpiza recibida por el dirigente en la sede de Uthgra. Un día antes, Mores se había presentado con una lista alternativa para disputar las próximas elecciones. Pero no era la primera vez que la mujer sufría agresiones de parte del hombre. Según contó, el hostigamiento comenzó dos años antes, cuando visibilizó hechos de violencia sufridos por personas agremiadas al sindicato y cuestionó algunas decisiones de la actual comisión directiva. Mores denunció los hechos y, en abril, el dirigente fue imputado por la Justicia. Hace un mes, otro hecho volvió a violentarla. Desde la actual dirigencia se excusaron en una ausencia por enfermedad y la forzaron a tomar una licencia por 90 días que la dejó sin salario desde julio y sin obra social. Mores tiene 4 hijos, uno de ellos con discapacidad, y es cabeza de familia. Golpeó las puertas de la Justicia y de los ministerios de Trabajo provincial y nacional, pero aún no tuvo respuestas. Este jueves se encadenó frente a la sede local del gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, para pedir que le permitan volver a trabajar y le reintegren el salario y la obra social.

“Hace 3 meses que no cobro. Tengo 4 hijos a cargo y uno de ellos tiene una discapacidad. No puedo quedarme sin obra social. Me da mucha impotencia que quienes me violentan son mis verdugos y mis jueces”, dijo Mores a El Ciudadano.

Violencia laboral

Mores trabaja en gastronomía desde hace 26 años. En 2015 fue elegida como delegada de la firma Catering Gourmet, que emplea a más de 500 personas. Desde entonces, consiguió numerosas reivindicaciones para las y los trabajadores de la empresa. Gracias a esos logros, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) la convocó para integrar la seccional local y, desde 2017, se desempeña como secretaria de Actas de la Comisión Directiva. En el gremio, hay sólo dos mujeres en un plantel de ocho varones.

Desde la comisión, Mores intervino en situaciones de violencia sufridas por algunas compañeras en sus espacios de trabajo. Buscó implementar la ley Micaela para prevenir el acoso y la violencia en el ámbito laboral. “Había muchas compañeras violentadas en los establecimientos o embarazadas a quienes no les reconocían sus derechos. Intentamos hacer un protocolo de género pero no nos dejaron. La visibilidad les molestaba. No tenían ganas de mejorar las condiciones de trabajo. Tampoco tenían proyectos, sólo cumplían el horario de su jornada laboral que era de 3 horas por día. Desde el gremio, me empezaron a llamar feminazi y lesbiana. En 2020 llamaron a mi casa amenazando que si no me iba del gremio, iban a matar a mis hijos”, contó Mores, y aseguró que los hostigamientos continuaron.

En febrero de este año, junto a un grupo de compañeras y compañeros, decidió presentar una lista alternativa para las elecciones sindicales previstas para el 2 de diciembre. Un día después, recibió golpes y amenazas por parte del secretario gremial que quedaron registrados en un audio de Whastapp.

Mores lo denunció públicamente con el acompañamiento de un puñado de dirigentas sindicales y también en el Ministerio Público de la Acusación. El 22 de abril, la fiscal Luciana Vallarella, de la Unidad de Violencia de Género, acusó a Sergio Ricupero por lesiones leves dolosas agravadas por el contexto de violencia de género y amenazas simples.

El secretario general, Mario Di Renzo, respondió con una licencia para Mores y, en paralelo, apeló la medida judicial que establecía una prohibición de acercamiento para tres integrantes de la comisión. Antes, la conducción del gremio a nivel nacional, a cargo de Luis Barrionuevo, se había pronunciado: “Si no se vislumbra una solución que contemple los intereses de la organización y de las personas involucradas, el Consejo Directivo adoptará las decisiones que sean necesarias conforme al estatuto social de Uthgra”.

Violencia laboral y de género: sindicalista gastronómica denunció a compañeros de comisión directiva

Al término de la licencia, Mores se presentó a su lugar de trabajo con una escribana pero las situaciones de acoso y hostigamiento continuaron. “Me sacaron las claves de acceso al sistema, los libro de actas y las credenciales. Me retenían tareas y no me dejaban trabajar”, contó, al tiempo que cuestionó que los compañeros acusados no respetaron la perimetral.

“Trabajo en la entrada, donde los tengo que ver todos los días ingresando como matones. Me asustaba encontrármelos acá sin saber qué iban a hacer. El secretario general me tiene que proteger y, sin embargo, tuve que llamar dos veces a la Policía porque me amedrentaban”, señaló Mores y dijo que la causa está actualmente en la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

Norma Mores retomó con orden judicial su lugar de trabajo en Gastronómicos, pero sigue hostigada

En junio, la mujer contrajo covid y no asistió a su trabajo. Presentó los certificados médicos correspondientes pero ese mes no percibió el salario. Amparados en una publicación que la mujer hizo en la red social Facebook, miembros de la comisión directiva del gremio resolvieron echarla del espacio y obligarla a tomar una licencia por 90 días sin goce de sueldo.

Mores perdió su salario, la obra social y no puede siquiera pisar el gremio. Tampoco podrá presentarse a la convocatoria a elecciones de este 21 de septiembre. La mujer golpeó las puertas del Ministerio Público de la Acusación y de los ministerios de Trabajo provincial y nacional, con un expediente de más de 700 páginas donde acusa a los dirigentes gremiales de hechos de discriminación, violencia y prácticas desleales. Aún no tuvo respuestas. Por eso, este jueves se encadenó en la puerta del sindicato de Presidente Roca al 1000 y aseguró que continuará haciéndolo hasta que las obtenga.

“Me dijeron que se iban a comunicar conmigo y aún no lo hicieron. Tuvimos reuniones pero no acciones. Pido que dejen sin efecto la última sanción y que me reintegren el sueldo y la obra social”, dijo y adelantó que este viernes presentará una medida cautelar.

“Me voy a quedar hasta que cierre el gremio y voy a volver todos los días hasta que me den una respuesta porque no me parece justo. Siento mucha impotencia. La Justicia es lenta. Tengo el apoyo de mis compañeros pero no quiero involucrarlos porque ellos también corren riesgo de perder sus puestos de trabajo”, concluyó.

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