El gobierno de Mauricio Macri espera contar mañana con amplio apoyo a la ley que habilita el pago de la deuda a los fondos buitre, en la sesión en que se tratará el proyecto aprobado hace dos semanas en la Cámara de Diputados.
Fuentes parlamentarias señalaron que la alianza Cambiemos, que reúne a la UCR, el PRO y la Coalición Cívica-ARI, espera reunir la adhesión de al menos 42 de los 72 senadores, es decir cinco más que los requeridos, al proyecto de ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público.
La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda por 12.500 millones de dólares para pagarles a los fondos buitre y holdouts y cuenta con el aval de gobernadores, empresarios y economistas y varios senadores del Frente para la Victoria-PJ.
La aprobación se dará cuando aún en algunos sectores del arco político opositor no fueron despejadas las dudas sobre los riesgos jurídicos y la posibilidad de que acreedores inicien nuevos litigios contra la Argentina.
Un cimbronazo sintieron el gobierno y el oficialismo en el Congreso cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York fijó para el 13 de abril una nueva audiencia, para el levantamiento del embargo contra la Argentina. Resulta que cuando ya parecía que la suerte se había alineado a favor del oficialismo, la Corte neoyorquina sumó una nueva parada dado que habrá una audiencia tan solo un día antes de la fecha prevista de pago.
A pesar del impacto, el gobierno minimizó los riesgos sobre la decisión de la justicia norteamericana y señaló que “no impedirá” un acuerdo definitivo con los fondos buitres.
En los hechos, la decisión de la Corte de Apelaciones obliga a postergar el vencimiento del 14 de abril, fecha que tenía como plazo la Argentina para pagar los acuerdos monetarios con los holdouts.
Tras ello, fondos buitre presentaron dos escritos ante la Justicia de Estados Unidos en los que demandan suspender la decisión del juez Thomas Griesa de levantar embargos a la Argentina, ya que consideran que el país no podrá cumplir el 14 de abril.
Lo que ahora busca el gobierno de Macri es “ajustar” la fecha de pago postergándola para más adelante, según lo anticipó el asesor legal del ministerio de Hacienda y Finanzas, Eugenio Bruno.
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