Después de un debate caldeado, donde oficialismo y oposición repartieron culpas acerca de la inseguridad, la Cámara de Diputados sancionó la ley que declara la emergencia en seguridad por un lapso de 18 meses. Para el PJ y el PRO se trata de una herramienta que ayudará al gobierno a intervenir con mayor eficacia tanto en la depuración de la Policía como en el combate al delito; para el Frente Progresista –que votó en contra– no aporta nuevos elementos a la normativa vigente y sólo se trata de un episodio más del proceso de desprestigio de la oposición contra la gestión de Antonio Bonfatti, con el doble objetivo de dañar la imagen del ex gobernador Hermes Binner.
El punto más polémico de la ley establece que el Ejecutivo deberá “ordenar en forma inmediata el apartamiento de todos aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones de conducción y al momento de la puesta en vigencia de esta ley se les haya ordenado una investigación ya sea en el ámbito administrativo o judicial”. Para el socialismo, se pone a toda la Policía bajo sospecha.
Si bien no hubo declaraciones oficiales, se especulaba en los pasillos legislativos que el gobernador vetaría ese artículo antes de promulgar la ley.
El proyecto fue elaborado por el senador justicialista Alberto Crosetti y había recibido media sanción de la Cámara alta el 30 de agosto –antes del caso Tognoli–, pese a los intentos que hizo el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para convencer a los legisladores de que no lo votaran. Y ya tenía preferencia para ser tratado en la Cámara de Diputados cuando estalló el caso Tognoli, lo que motivó al Frente Progresista a acusar a la oposición de “oportunista”.
En la sesión de ayer, la Cámara lo convirtió en ley con 30 votos a favor –todos los sub bloques del PJ y del PRO– y 12 en contra, de los diputados del Frente Progresista. Antes, hubo un extenso debate –casi tres horas– en el cual la oposición y el oficialismo cruzaron reproches y chicanas.
La diputada justicialista Silvia De Césaris, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que se trata de una ley “indispensable” que ayudará a “atravesar la delicada situación que está viviendo la provincia” y enumeró: jefes investigados por enriquecimiento ilícito o por protección al narcotráfico, cajas negras, autogobierno de la Policía. Dijo que la norma equivale a un “programa de seguridad”, pero desde el oficialismo rechazaron esa definición y tildaron la medida de “declamativa”.
De Césaris fundamentó el artículo que ordena una depuración de la Policía: “La emergencia pretende, con las acciones que implemente su autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, la depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones”.
¿Un semestre o dos años?
Otro artículo que generó polémica es el que “facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición”.
Para el socialismo es “un retroceso”, según palabras del diputado Joaquín Blanco, quien defendió el nuevo sistema de formación implementado por el Instituto de Seguridad Pública (Isep), que tiene dos años de duración.
El legislador opinó que un agente con seis meses de preparación no está capacitado para portar un arma y puso como ejemplo las cinco promociones que ya lleva el Isep. Para el socialismo, la mejor estrategia es profundizar esa vía y no achicar los tiempos de formación policial.
La ley de emergencia también ordena hacer las reparaciones edilicias necesarias en dependencias policiales y autoriza al Ejecutivo a “ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales”; asimismo, establece la redistribución de móviles policiales e insta a los magistrados a “la agilización en el dictado de resoluciones a fin de asignar los móviles para incorporarlos al uso de la fuerza”.
La ley incluye la adquisición de equipamiento para la Policía Científica, la compra de tecnología GPS y scanner móviles para detección de drogas, insumos y maquinarias.
Cárceles para todos
La norma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías. En el recinto, el oficialismo rechazó ese punto. “No queda claro cómo se va a implementar”, razonó el radical Julián Galdeano. Por último, amplía la disponibilidad de fondos para eficientizar las compras para la Policía: eleva el tope de la compra directa de 15 mil a 50 mil pesos y del concurso de precios hasta 150 mil pesos, cuando en la actualidad el tope es de 50 mil.
Para la opositora De Césaris, se trata de “una norma que ayuda al gobierno en estos momentos tan difíciles”, en alusión a la crisis desatada por el caso Tognoli. “No es momento de echarnos culpas; la ciudadanía está exigiendo, de los legisladores y el Poder Ejecutivo, respuestas. Sobre todo del gobierno, que los ciudadanos lo eligieron para que conduzca sus destinos y para vivir en paz. Esta es una herramienta de trabajo que va a depender de la capacidad de quienes la manejen”, cerró De Césaris.
La socialista Inés Bertero cuestionó que la ley “avanza sobre cuestiones que son exclusivas del Poder Ejecutivo” y señaló que “pretende ser un plan de gobierno pero propone la creación de programas cuyo impacto económico nadie conoce porque no pasó por la comisión de Presupuesto de esta cámara”.
Comentarios