Una de las mayores expectativas está puesta en qué hará el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por el espionaje ilegal, y si resuelve convocar como imputado al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
La investigación se inició por las escuchas telefónicas detectadas al teléfono del empresario Carlos Ávila y al de Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA, entre otros.
Otra de las causas que tiene a su cargo Oyarbide, es aquella donde se investiga la comercialización de medicamentos adulterados, en donde el titular del gremio Bancario, Juan José Zanola, está procesado y detenido como presunto “jefe” de una asociación ilícita presuntamente dedicada a dicha maniobra.
Si bien el juez ya procesó a Zanola, al ex subsecretario de Control Sanitario Bonaerense, Alberto Costa; a la viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Solange Bellone, y al titular de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre muchos otros, se prevé que en los primeros días de febrero, la Cámara Federal se defina sobre los varios pedidos de excarcelación presentados por los imputados.
También se prevé que cobre un fuerte impulso la investigación por el atentado a la mutual judía AMIA, en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994, ya que el fiscal de la causa, Alberto Nisman, podría ordenar la captura del ex reducidor de autos Carlos Telleldin.
En los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 se reanudará la investigación contra funcionarios y ex, por su presunta implicación en hechos de corrupción.
Por lo pronto, se prevé que finalmente la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti se presente a prestar declaración indagatoria por presunta malversación de fondos públicos, luego que la jueza federal María Servini de Cubría postergara una convocatoria fijada en diciembre pasado ya que la ex funcionaria había viajado a la Cumbre Climática de Copenhague.
También se retomará la investigación sobre ex funcionarios kirchneristas que se alejaron de la función pública durante el 2009: el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, y quien estaba al frente de la secretaría de Medios, Enrique Albistur, ambos acusados por presunto enriquecimiento ilícito.
En cuanto a los juicios, retomará sus audiencias, aunque algunas se realizaron en verano, del juicio que se sigue contra Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, entre muchos otros, por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar.
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