A fines de octubre, el Congreso aprobó suspender, por dos años, la ley de Responsabilidad Fiscal, medida que deja sin efecto los topes de gasto y endeudamiento de las provincias. ¿Por qué se tuvo que recurrir a esta modificación? ¿No había otra alternativa a
la hora de buscar sanear las cuentas?
La primera respuesta fácil que aparece es que no, que por el impacto en la Argentina de la crisis local los ingresos dejaron de crecer al alto ritmo que lo hicieron los años anteriores, hecho que dificultó el reparto de los impuestos entre provincias y Nación. También los tributos provinciales aminoraron su aumento.
Según estimaciones de consultoras privadas, se dio una fuerte desaceleración de los ingresos totales provinciales, cuando se pasó de un incremento de alrededor de 30 por ciento durante el 2008 a la mitad en este año, en torno a 15 por ciento. Además de esta reducción, en sentido exactamente opuesto evolucionó el gasto: mientras que el año pasado creció a un ritmo de 23 por ciento, en 2009 viene aumentando casi a un 30 por ciento.
Así, en el primer semestre de 2009 la Región Centro (de la que forma parte Santa Fe, junto a Entre Ríos y Córdoba) totalizó con un magro déficit primario (esto es, antes de contabilizar el pago de los intereses de la deuda) de 20 millones de pesos. Sin embargo, si se toman en cuenta los servicios de las obligaciones, el resultado deja de ser positivo y se transforma en un déficit financiero de 207 millones de pesos.
En este contexto, desde la consultora de Rogelio Frigerio, Economía y Regiones (E&R), proyectan para todo 2009 ingresos totales para las provincias por 160.896,8 millones de pesos, sólo un 13 por ciento por encima de los percibidos en 2008, insuficientes para hacer frente a la suba del gasto, básicamente por los aumentos salariales.
Desde el instituto Ieral de la Fundación Mediterránea advierten que “una clara señal del deterioro de las cuentas de las provincias está dada por el incremento del peso relativo del gasto en personal respecto de los ingresos corrientes”. Según calculan, en 2009 el cociente entre ambos conceptos sería del orden del 68 por ciento para la provincia de Buenos Aires,acercándose a los guarismos de los años 2001-2002. De esa manera fue desapareciendo ya por completo el efecto «licuación » que había producido la devaluación del peso sobre las cuentas públicas.
Frente a este escenario y antes de que se aprobara la modificación a la ley de Responsabilidad Fiscal, varias provincias amenazaron con recurrir al uso de las cuasimonedas que aparecieron en 2001. De hecho, el déficit financiero en el consolidado de todas provincias en ese año llegó a los 6.368 millones de pesos y, para 2009 desde E&R estiman alcanzará los 8.000 millones. Así, ocho años después de que se difundiera el uso de los Patacones, Lecop, y tantos otros bonos provinciales, el gobierno nacional evitó caer en la necesidad de utilizarlos, por el mal recuerdo que traen desde el punto de vista político.
Sin embargo, la emisión de estas monedas secundarias, al igual que la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, lo único que hacen es posponer la búsqueda de una solución de fondo del problema: la falta de votar una ley de coparticipación federal de impuestos en la que se incluyan varios de los tributos que hoy son cobrados a nivel nacional y que no se reparten de manera concreta y sin discrecionalidad con las provincias.
“Es una deuda que se tienen la Nación y las provincias, no sólo porque es unmandato constitucional desde 1994 sino porque el sistema esta distorsionado: en la actualidad la Nación percibe el 69 por ciento de los recursos y sólo tiene responsabilidad en el gasto público consolidado menor al 50 por ciento”, explicó la economista Verónica
Sosa, de E&R.
En promedio la mayor parte (un 47 por ciento) de los ingresos de las provincias proviene de los impuestos cobrados a nivel nacional y luego distribuidos, mientras que los tributos provinciales significan sólo un tercio del total del gasto en los estados subnacionales.
Los tributos que en la década pasada no existían, como el impuesto al cheque, las retenciones y el impuesto inflacionario no son coparticipables. En el caso de los derechos de exportaciones, sólo un 30 por ciento se reparte a través del Fondo Federal de la
Soja. Mientras tanto, en las provincias en estos últimos años no se incorporaron nuevos tributos.
“Aún con la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, queda por verse la factibilidad de obtener financiamiento a tasas de interés razonables, cuando la Nación aún no ha podido vencer las restricciones para ingresar al mercado voluntario de deuda internacional”, recuerda un informe de E&R.
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